Denuncian la connivencia del Gobierno balear con los empresarios del aborto

Denuncian la connivencia de Bauzá con los negociantes del aborto

El instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB) ha exigido al Gobierno de José Ramón Bauzá que dejen de financiarse con recursos públicos los abortos y se dediquen los recursos disponibles a políticas de apoyo a las mujeres embarazadas para ayudarlas a ejercer su derecho a ser madres.
En Baleares, según IPF, se destinarán a pagar a las clínicas privadas 540.000 euros para la realización de abortos, en información recada en documentación del Ibsalut.
Para IPF “no es comprensible que se recorten las pensiones, los gastos para educación y los presupuestos para sanidad y se mantenga la subvención pública a las empresas del negocio del aborto”.
La posible connivencia del Gobierno balear con los empresarios del aborto, si no rectifican, “parece estar por encima de la crisis económica y ser más fuerte que el compromiso del Estado con los pensionistas”, precisa el Instituto de Política Familiar en Baleares.
En un momento en que se recortan los gastos públicos y se circunscriben a lo esencial, mantener la financiación pública al aborto y las empresas que negocian con él “es doblemente escandaloso e injustificable”.
Para Agustin Buades, Delegado del IPF en Baleares “si nunca debieran financiarse abortos con dinero público, en un momento en el que no hay recursos económicos ni para atender la sanidad y la educación públicas, la financiación autonómica de las empresas del aborto resulta especialmente ofensiva, y en particular, para los ciudadanos que pagan impuestos”.
IPFB recuerda que el aborto acaba con una vida humana, es un drama inmenso para la mujer que aborta y hace a nuestra sociedad más inhumana: no puede ser financiado con dinero público, diga lo que diga la ley sobre su carácter delictivo o no. No todo lo que no es delito debe ser financiado por el Estado.
IPFB se pregunta ¿por qué no se emplean los recursos disponibles en apoyar a la mujer para que ejerza el derecho a ser madre en vez de pagar abortos?.

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Los abortistas muestran su «compromiso con los derechos de las mujeres»: Sin dinero no matarán más niños

Uno de los negocios abortistas que se queja de no recibir financiación pública

Los siete negocios abortistas que provocan abortos mediante convenio con el servicio de salud de Castilla-La Mancha (Sescam) dejarán de aceptar a partir de hoy mismo a las mujeres que lleguen derivadas del sistema público castellanomanchego. Los centros denuncian «reiterados incumplimientos en los pagos» de los abortos realizados desde la entrada en vigor de la ley del aborto, en julio de 2010, que supone la cobertura de este asesinato con cargo a la sanidad pública.
Los negocios de aborto Dator, El Bosque, Cire, Ginemur, Deia Médica, Iris y el Instituto Ginecológico Murcia hicieron público ayer un comunicado para anunciar la ruptura del convenio con el servicio de salud de Castilla-La Mancha. En él aseguran que dejarán de intervenir a las mujeres que lleguen con las órdenes de pago del Sescam. La deuda que tiene Castilla-La Mancha con estos centros supera ligeramente el millón de euros, aseguró ayer Luisa Torres, portavoz de las abortorios. Esta comunidad ha estado derivando a los centros de abortos provocados a unas 300 mujeres al mes, según sus datos.
Cuando se aprobó la nueva ley del aborto, que permite abortar sin control y de forma gratuita a las mujeres con gestaciones de hasta 14 semanas, Castilla-La Mancha sacó a concurso la prestación. El convenio se formalizó en marzo de este año, pero el servicio se venía prestando desde junio de 2010, asegura Torres. Ganaron estos siete negocios, que matan a los hijos de las madres abortistas de manera gratuita cuando llegan derivadas del sistema público y luego pasan la factura al Sescam.
«Castilla-La Mancha no ha pagado nunca; el incumplimiento es de más de un año y la situación de las clínicas se ha vuelto insostenible. No llegamos a esta situación sin haber intentado todo antes», asegura la portavoz. El gerente del Sescam, Luis Carretero, mostró ayer su «sorpresa» por el plante y aseguró que la primera petición de reunión que le consta es de agosto pasado. Sin embargo, las clínicas afirman que llevan meses tratando de llegar a una solución. Una carta enviada el 18 de julio alerta de la falta de pago y pide una entrevista, y otra del 9 de agosto avisa de que a partir del 15 de septiembre dejarán de realizar abortos gratuitos a mujeres derivadas del sistema público.
El Sescam acumula una deuda de 1.100 millones de euros con sus proveedores, señaló ayer Carretero. «Tenemos dificultades para pagar a estas clínicas como las tenemos con el resto de proveedores», aseguró. «Nuestra prioridad es ser equitativos con todos ellos». De este modo el político del Partido Popular deja meridianamente claro el compromiso abortista de su partido, que en ningún momento ha pretendido dejar de financiar la muerte de bebés, simplemente que no tiene recursos suficientes para hacerlo.
Carretero aseguró que su intención es ponerse de nuevo en contacto hoy con las clínicas para tratar de desbloquear la situación. «Claro que nos preocupa. Primero tenemos que comprobar si la postura es unánime y después ver cuánto tiempo va a durar», explicó. «Si vemos riesgo de que se prolongue, buscaremos vías alternativas», añadió el político del partido abortista. Lo que sea con tal de que siga habiendo abortos.
El pulso de los negocios de abortos llega después del que mantuvieron las farmacias con la Junta de Castilla-La Mancha por el mismo motivo, la falta de pago. Esta comunidad tiene un déficit de 2.252 millones de euros, según un informe reciente de la Sindicatura de Cuentas. El Gobierno castellanomanchego también debe julio y agosto a los 40.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia. Es la lamentable gestión del gobierno anterior del PSOE, y no la voluntad de no pagar con dinero público el asesinato de niños, lo que ha producido esta situación.

El gobierno catalán garantiza el lucrativo negocio del aborto con dinero público

El aplaudido por los abortistas providas españoles como defensor de la familia, a cuyo presidente jalean como sólido cristiano gobierno regional de Cataluña, acaba de dar una muestra más de lo que los defensores de la vida pueden esperar de los partidos políticos liberales-conservadores con representación parlamentaria.
El gobierno «cristiano»-demócrata acaba de garantizar el lucrativo negocio de la muerte a dos antros dedicados al asesinatos de seres humanos.
El ejecutivo catalán, gobernado por CiU, invertirá en los próximos cuatro años un total de 14,2 millones de euros en la eliminación de personas no nacidas. Los abortos se llevarán a cabo en la Clínica d’Ara Agrupación Tutor Médica y el Centro Casanovas de Ginecología y Planificación Familiar. Estos dos centros son los únicos que se presentaron al concurso convocado por el Servicio Catalán de la Salud y que fue publicado el pasado 6 de abril en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC).
Según consta en el anuncio oficial, el precio del contrato supone un importe anual de 3.562.008,10 euros, lo que se traduce, en cuatro años, en 14.248.032,40. No obstante, la Generalitat se reserva el derecho a revisar este contrato de gestión. Esta partida presupuestaria es asignada en plena polémica por los recortes aplicados por el gobierno de Arturo Mas, cristiano de sólidos principios, en la sanidad pública, que han dado lugar a numerosas movilizaciones del sector.
A demás el gobierno catalán está promocionando la alternativa de «abortar en casa» mediante la dispensación de productos químicos que procuren la muerte de los hijos en gestación de las madres que quieran matarlos. Diez ambulatorios y hospitales están autorizados en Cataluña para la dispensación de la píldora RU-486, si bien Salud trabaja en la acreditación de otra decena de centros.

En tiempo de recortes, Sanidad gastará más dinero en financiar anticonceptivos y aborto

El Gobierno ha llevado a cabo una serie de reformas que han comportado en gran medida recortes sociales para algunos de los colectivos más necesitados de ayudas económicas, como aquella que afecta a los jubilados; la retirada de los 400 euros; la desaparición del cheque bebé, una medida antinatalista aplaudida por algunas feministas; las subidas de impuestos que, por ejemplo, lastran la inversión productiva, hasta el extremo de recaudar ahora más impuestos que nunca. Todo ello con la excusa de frenar el gasto público.
Sin embargo, cuando se trata de sus estandartes ideológicos, el Ejecutivo socialista, lejos de aplicar la tijera, se muestra más bien generoso. Un nuevo ejemplo lo tenemos en la decisión del Ministerio de Sanidad de ampliar la oferta de anticonceptivos de última generación que se financiarán con dinero público.
Amparándose en una disposición de la reforma de la Ley del Aborto, el Ministerio que dirige Leyre Pajín ha dado luz verde a los dos nuevos anticonceptivos, una combinación de etinilestradiol y drospirenona, y un implante subcutáneo que contiene etonorgestrel, a los que las mujeres tendrán acceso a partir de ahora.
La decisión se tomó el pasado 20 de abril en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. “Con esta decisión se cumple el mandato de la disposición adicional tercera” de la ley de salud sexual e interrupción del embarazo. La ley (que modificó las condiciones para abortar) establecía un plazo de un año —hasta el 4 de julio de 2011— “para incorporar nuevas presentaciones a la actual oferta de anticonceptivos financiados”, dice la nota de Sanidad.
De esta manera, la ministra Leire Pajín pone en marcha una medida que incluyó en un paquete en el que también se legislaba sobre el abaratamiento de los preservativos o se facilitaba sin receta la píldora del día siguiente, todo ello supuestamente destinado a mejorar la salud de las mujeres y a reducir el número de abortos, unos objetivos que distan de cumplirse.
Aún así, Pajín señaló en el comunicado que el Gobierno “tiene la responsabilidad de facilitar y poner al alcance de las mujeres todas las posibilidades para evitar embarazos no deseados”.

«El Ayuntamiento de Barcelona me pagó el aborto con Morín»

Reproducimos por su interés el siguiente artículo del periódico La Razón:

El cheque escolar es una reivindicación de una importante parte de la sociedad, al entender que ello contribuiría de manera más eficaz a garantizar la libertad de elección de centros escolares por los padres. Sin embargo, esa petición no ha tenido la más mínima acogida por parte de los distintos gobiernos. En cambio, otro tipo de ayudas sí parece que gozan del favor de algunas administraciones públicas, aunque sus destinos no sean otros que subvencionar abortos en algunas de las clínicas privadas del tan controvertido doctor Carlos Morín.
Claro ejemplo de ello lo reflejan, al menos, dos de las mujeres que declararon ante la Guardia Civil después de destaparse el escándalo de las presuntas irregularidades cometidas en esos centros médicos de Barcelona; testimonios que han permanecido secretos durante todos estos años para garantizar la identidad y seguridad de las afectadas y a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.
«Extendido por el Consistorio»
Una de estas mujeres –de la que este periódico no facilitará ningún dato– no tuvo reparos en confesar que recibió un cheque del Ayuntamiento de Barcelona, extendido ya a nombre de TCB, una de las clínicas de Morín, para que abortara allí, cuando ya se encontraba embarazada de 21 semanas y 5 días.
Previamente había confirmado que esperaba un hijo y ella estaba dispuesta a interrumpir el embarazo, por lo que acudió al médico y a la asistenta social del centro de asistencia que correspondía a su distrito. Allí mismo le facilitaron información sobre donde podía abortar.
Sobre el modo de pago por esa «operación» fue clara y rotunda: «Los servicios del Ayuntamiento de Barcelona, debido a las condiciones personales, estando la hija que posee tutelada por la Dirección General de la Infancia de la Generalitat, le facilitaron un cheque» por una cantidad que no recordaba, pero sí hizo constar que «estaba a nombre de la clínica privada TCB» , propiedad de Morín, y que del pago con dicho cheque no obtuvo ninguna justificación. Además de la cantidad que figuraba en ese talón «extendido por el Ayuntamiento» tuvo que pagar otros 200 euros en efectivo. El pago con el talón lo realizó a las dos semanas de abortar.
El departamento del Ayuntamiento donde le facilitaron el talón fue la sede del distrito de Ciudad Vella y los trámites para conseguir «la financiación de la interrupción del embarazo se los hizo una funcionaria» del Equipo de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. Además, tenía muy claro que cuando le dieron el «cheque del Ayuntamiento, sabía que era para realizar el aborto».
En ningún momento, aseguró al respecto, nadie del Ayuntamiento, de la Generalitat ni del Centro de Atención Primaria «le dijeron que el aborto era ilegal, ni tampoco en la clínica donde lo hizo».
En Tarrasa, un bono descuento
Pero Barcelona no es un caso único a la hora de prestar esa «ayuda social». En Tarrasa también ocurrió algo parecido con otra joven que fue a «Planificación Familiar» cuando verificó que estaba embarazada. Allí «la tranquilizaron» y la informaron de las «posibilidades de llevar a cabo» el aborto, dándole los nombres de dos clínicas.
Para ello, y como quiera que se encontraba «dentro de la edad que Planificación Familiar tiene previsto, le facilitaron un bono que le suponía una rebaja en el precio en la intervención que sufriese».
Ese mismo departamento le facilitó el teléfono al que debía llamar y allí le dijeron que podía acudir también a la clínica TCB de Morín. En ese bono ya ponía el precio que también debería abonar: 255 euros, que pagó en efectivo el día de la interrupción del embarazo.

El PP paga el doble por matar niños que el PSOE

Manifestación contra el aborto ante el negocio abortista financiado por el PP

El partido político que a determinados sectores infiltrados en el movimiento provida interesa hacer aparecer como contrario al aborto acaba de dar una nueva muestra de su compromiso con esta práctica criminal legalizada.
Así, la Junta de Castilla y León, que gobierna cn mayoría absoluta el PP, ha licitado la ejecución de abortos en la provincia de León en 2011, destinando a este fin 208.086,30 euros. Para un total de 380 terminaciones de embarazo previstas, esto supone un precio unitario de 547,60 euros, que es justo el doble del precio al que los paga la Junta de Andalucía, gobernada por mayoría absoluta por el PSOE.
La licitación de esa cantidad fue publicada por la Gerencia de Salud de las Áreas de León mediante un pliego de cláusulas que lleva el número de expediente CA/22/2010 y que fue firmado el pasado 12 de noviembre por el jefe de división de Gestión Económica e Infraestructuras, Rafael Campano García.
Si en León la Junta presidida por Juan Vicente Herrera paga los abortos al doble de precio que en Andalucía, en la capital castellanoleonesa el precio se multiplica por 2,3.
El 14 de enero de 2010, la Consejería de Sanidad, cuyo titular es Francisco Javier Álvarez Guisasola, adjudicó a la clínica abortista Ginemédica la cantidad de 750.463 euros en concepto de “contratación de los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo para las pacientes beneficiarias de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid” entre 2010 y 2012.
Este contrato prevé la ejecución de 1.179 abortos en tres años, con un crecimiento del 24% desde los 352 previstos para 2010 a los 434 de 2012, y con un precio unitario medio de 636,50 euros.

Piden que los recortes sanitarios de Murcia se centren gastos que atentan contra la vida

Activistas provida de AES ante un abortorio en Lorca

Reproducimos por su interés la noticia publicada por Europa Press:

El Consejo de la Profesión Médica de Murcia, formado por el Colegio de Médicos, Sindicato, sociedades científicas, Facultad de Medicina y estudiantes ha declarado que los facultativos «entienden» que, en esta situación de crisis, «todos debemos hacer un sacrificio», sin embargo, consideran que «el especial acento que se ha puesto en los recortes hacia la profesión médica provocará una disminución de la calidad de la asistencia».
AES Murcia comparte la opinión del Consejo de que pese a que el compromiso de los médicos es mantenerse firmes en el desempeño de su trabajo asistencial, cumpliendo con la responsabilidad que la sociedad les ha concedido, «el gobierno regional está creando una situación en la que resulta difícil continuar proporcionando salud, alivio y consuelo con la calidad y dedicación con la que venían haciéndolo», según han informado fuentes de Alternativa Española en un comunicado.
Del mismo modo, apoyan al Consejo en su declaración y considera que se responsabiliza «injustamente a los facultativos de la crisis, ya que se les impone el 50 por ciento de las medidas económicas anunciadas, y se les modifican las condiciones tanto retributivas como laborales, volviendo a situaciones previas a las transferencias sanitarias a las autonomías».
Para AES, este dato «es una nueva muestra del fracaso que supone en Murcia y en toda España el modelo sanitario gestionado por las autonomías», por lo que proponen «la vuelta a un sistema sanitario centralizado, equitativo y sin diferencias en prestaciones y calidad asistencial en función de la región española de residencia».
Asimismo, apuntan que se debe «denunciar que las medidas emprendidas contra el colectivo médico son claramente demagógicas, pues atacan a un colectivo minoritario, al que se recrimina su remuneración, de la cual es responsable la consejería, generando así hostilidad contra los médicos desde una parte de la sociedad».
Por otro lado, han considerado «imprescindible» que se asuman responsabilidades políticas por parte del gobierno regional, que desde esta institución se asuma el fracaso en su gestión y que dimitan los altos cargos de la consejería de sanidad.
Y es que, AES ha exigido que, en lugar de tomar medidas que perjudiquen la atención sanitaria de los ciudadanos, los recortes se centren en aquellos gastos «que en nada benefician a la salud de los murcianos, como son la disminución, también a niveles previos a la transferencia sanitaria, de la multitud cargos directivos dependientes de la consejería de sanidad y sus gerencias que se han creado desde entonces; los conciertos con negocios dedicados a provocar la muerte a niños gestantes; la financiación de la carísima y controvertida vacuna frente al virus del papiloma humano, o los gastos en publicidad y propaganda institucional».
Finalmente, AES apoyará al colectivo médico y participara «activamente en aquellas movilizaciones que en defensa de la calidad asistencial y del colectivo médico se lleven a cabo».

La Comunidad de Madrid dedicó casi la misma cantidad a abortos que a formación para el empleo

Esperanza Aguirre, la abanderada de los abortistas provida, en un acto feminista de su partido

El pasado 11 de octubre Hispanidad les informaba de que la Comunidad de Madrid reconoce haber financiado el 29% de los abortos, la mayoría de ellos en clínicas privadas. Pues bien, la patronal del aborto, ACAI, reunida en su congreso anual en Sevilla el pasado 23 de octubre señalaba que la financiación media de los abortos en las comunidades autónomas se ha duplicado: pasa del 30% al 60%.
Según nos cuenta Infocatólica, ACAI señala que el apoyo de los gobiernos autonómicos se aproxima en algunas comunidades al 100%. Es el caso de Asturias, donde la subvención al aborto ha pasado del 8% al 97%. En la Comunidad de Madrid, la sanidad pública ha pasado de financiar el 26% de los abortos a más del 60%, según la misma fuente.
Así, si en 2009 se perpetraron 24.334 abortos en la comunidad madrileña, a 300 euros cada aborto, el resultado es de 7.300.200 euros. El 60% de esa cantidad supone 4.380.120 euros dedicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre a pagar abortos. Una algo superior (4,5 millones de euros) se dedicó a pagar cursos para desempleados en la región.
El incremento de estos gastos por parte de las CC.AA llama especialmente la atención en tiempos en los que la crisis parece la excusa perfecta para recortar otras partidas.

Ignacio Arsuaga alaba a Aguirre mientras ésta duplica la financiación pública de abortos.

Hace unas semanas la presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, conversó con los internautas en el chat de ABC.es.
Uno de los participantes en el chat, Jorge García Salazar, le preguntó a Esperanza Aguirre:
qué medidas piensa tomar con el tema del aborto? Y por favor con claridad…
A lo que la presidente respondió:
«Todas las que la Ley me permite, puesto que yo estoy radicalmente en contra del aborto. Informamos a las mujeres que se plantean abortar de todas las posibilidades que tienen como alternativa, y apoyamos la objeción de conciencia de los médicos y enfermeras. Y a las que se deciden a tener el niño les damos todo el apoyo que necesitan, tanto para quedárselo como, si lo desean, para darlo en adopción.»

Esta conversación está tomada de la página personal del dirigente principal del abortismo provida español, el cual apostrofa la conversación con:
«Ojalá otros dirigentes políticos, del PP y de otros partidos, se pronunciaran con esa rotundidad a favor del derecho a vivir de los seres humanos que están por nacer.»

Ignacio Arsuaga silencia o calumnia a los dirigentes auténticamente provida, mientras alaba a Esperanza Aguirre

Ignacio Arsuaga sabe de sobra que hay dirigentes de partidos políticos, a los que desde su organización se silencia, censura y calumnia, que no sólo se pronunciaran con esa rotundidad a favor del derecho a vivir de los seres humanos que están por nacer, sino que se manifiestan continuamente contra la práctica del aborto y que hasta llevan a los tribunales a abortistas y consiguen cerrar negocios abortistas en que se cometen delitos. Algo que no hace precisamente Aguirre, quien, pese a existir expedientes administrativos que aconsejan el cierre por infracciones graves contra la salud pública en varios negocio de aborto de Madrid, Isadora y el Bosque entre ellos, los mantiene abiertos, impunes y financiados.
Para demostrar la desvergüenza e hipocresía de Aguirre, pero también de su amigo Arsuaga, la prensa ha venido a sacar a la luz la realidad del compromiso contra el aborto de la primera.

 

Hispanidad, en su edición del 11 de octubre desvela que Aguirre paga el 29% de los abortos perpetrados en Madrid

La mandataria del PP dice estar “radicalmente en contra del aborto”, pero lo financia. Ninguna ley le obliga a financiar interrupciones voluntarias del embarazo en clínicas privadas, pero la CAM estableció un concierto con 6 abortorios.
El Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid es contrario al aborto de palabra, pero no de hecho. Los populares han criticado a ZP como “el presidente del aborto”. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha realizado duras declaraciones en contra de la declaración del aborto como derecho y pidió a su partido que derogara la actual ley en caso de llegar al poder: “Estoy radicalmente en contra del aborto”, dijo Aguirre en un encuentro virtual con los lectores de ABC. La presidenta es consciente de lo que les gusta escuchar a sus electores, especialmente si leen el ABC.
Sin embargo, no es ningún movimiento provida, sino el boletín epidemiológico de la Comunidad de Madrid el que ofrece algunas estadísticas interesantes sobre el aborto en 2009. Por ejemplo que, aunque sólo se notificaron 2 abortos en hospitales públicos, “las clínicas privadas realizan algunas IVE concertadas con la Administración Sanitaria, en 2009, se financiaron públicamente el 28,7%”. La Comunidad de Madrid está obligada por ley a que se realicen abortos en clínicas públicas, pero muchos médicos objetan. La solución ha sido derivar los abortos a la privada a través de un concierto, es decir, voluntariamente: concretamente, 6 clínicas se benefician de este concierto.
Aguirre ha intentado conservar el voto católico con declaraciones y con algunas subvenciones a iniciativas provida, mientras Gallardón se ha destapado sin ninguna voluntad de ocultar que financia abortos químicos repartiendo píldoras del día después. La presidenta ha obtenido así una mejor imagen entre sus electores y, en el seno del partido, frente al alcalde. Pero la realidad se muestra bien distinta, puesto que ambos dirigentes se reparten el trono del aborto: químico uno, quirúrgico otra.

Sin embargo, otro periódico de mucho mayor tirada y nada partidario, en principio de Aguirre ni de su partido, corrige a Hispanidad. El País publica en su edición de hoy dice que «La sanidad pública madrileña paga el doble de abortos con la nueva ley»

Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto, en julio pasado, el número de mujeres que ha hecho uso de su derecho a una IVE gratuita se ha doblado. Si en 2009 solo el 28,9% de las intervenciones las pagaba la sanidad pública (según los últimos datos oficiales), ahora ya son el 60%, según una estimación de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), con una treintena de clínicas en España y cinco de las siete autorizadas en Madrid. La Consejería de Sanidad ni confirmó ni desmintió ese dato.
El porcentaje de abortos financiados se ha disparado con la entrada en vigor de la ley, pero ya venía de una subida progresiva en los últimos años. En 2004, el 80% de las intervenciones las pagaban las mujeres de su bolsillo.

Esperanza Aguirre, la autentica cara del abortismo provida: provida de palabra, abortista con los hechos.

Esta es la verdadera cara del abortismo provida español: Con la boca se dice defender la vida, con los hecho y el dinero se apoya a los negocios abortistas, se tienen conciertos económicos con ellos, se boicotea, silencia y ataca a quien es verdaderamente provida, y se intenta torpedear cualquier iniciativa política o social que busque sin concesiones terminar con el aborto y proteger la vida con la aplicación del código penal.

 

Tras el paripé de Valcárcel, en Murcia se aborta «con normalidad»

Activistas provida ante uno de los negocios abortistas de la región, socio de ACAI, que se lucran con la aplicación de la nueva ley abortista por el gobierno Regional.

Tras un mes de la nueva ley asesina en vigor, los gobiernos autonómicos han destacado el cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo con «normalidad», aunque algunos gobiernos regionales informan de que también se están produciendo derivaciones de mujeres a otras regiones, así como objeciones de médicos a los nuevos supuestos.
En la región de Murcia, a pesar de las palabras del presidente autonómico Valcárcel, en que indicó que la nueva ley no se aplicaría en la región hasta tener sentencia del tribunal constitucional, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Murcia asegura que la aplicación de la Ley del Aborto va con «normalidad», aunque apunta que se sigue practicando el asesinato de bebés a las 14 semanas y que las mujeres que quieren abortar pasadas éstas se derivan a negocios abortistas, pagado con el dinero de todos los murcianos incluido el que se ahorra de otros servicios básicos para la salud.
Desde Alternativa Española en Murcia han criticado que «el gesto de Valcárcel no haya sido más que una muestra de la hipocresía habitual del Partido Popular en nuestra Región y en toda España, en que ante los medios de comunicación afines se declaran defensores de la vida, mientras aplican con entusiasmo las leyes que permiten el exterminio industrial de niños». También han lamentado que el gobierno regional no tenga dinero para financiar las redes de apoyo a las embarazadas con riesgo de aborto, ni para mantener los conciertos con las ambulancias de traslados de pacientes críticos, pero sí lo tiene para pagar con «normalidad» todos y cada uno de los abortos que se realicen en Murcia». Opinan desde el partido social cristiano que en lugar de recortar en gastos que sirven para garantizar la vida, se debería recortar los gastos que sólo producen la muerte.
Por su parte el portavoz de los negociantes de la muerte de niños, el condenado por negligencia al particar abortos Santiago Barambio, aplaudió a algunas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía y Asturias, por que «se han apresurado para conseguir que la mujer pueda acceder fácilmente al IVE a instancias de la administración y pagado por la administración», lo que sin duda es un negocio redondo para él y su siniestra organización. Sin embargo, la única región de España que ha merecido sus críticas ha sido Navarra, en la que siguen sin practicarse abortos.