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Los datos de abortos del gobierno gallego no coinciden con los del Ministerio de Sanidad.

diciembre 16, 2010

El aborto es un tema que no importa en absoluto a nuestros políticos. Durante todo el año se olvidan de él, e ignoran la dramática situación que hace que en España sea la primera causa de muerte, sin tomar ninguna medida. Sólo a finales de año se acuerdan de él, para hacer públicas unas cifras de las que se olvidan, junto con la prensa y la mayoría de la sociedad, en unos pocos días. Pero parece que esas cifras (sólo las cifras, no las personas ni las vidas destruídas que hay detrás) les preocupan lo suficiente como para llegar a manipularlas. Esto queda claro en la falta de coincidencia de cifras de abortos declarada en Galicia por el gobierno de aquella región, y las declaradas por el ministerio de Sanidad.
Mientras que para unos hubo 3.208 mujeres residentes en Galicia que decidieron eliminar a sus hijos en gestación en el último año, cifra que dan los otros dice que éstas fueron 2.604. Poco les importan las 600 vidas humanas de diferencia, sólo dejar mal al contrincante político.
En cualquier caso Galicia es una de las regiones en que el aborto ha aumentado en España, demostrando la ineficacia de la píldora abortiva del día después a la hora de frenar el crecimiento de los abortos quirúrgicos, ya que esta región, gobernada en mayoría absoluta por el Partido Popular, regala si receta este compuesto mortal para los bebés desde 2006, ” pero no tuvo ningún tipo de impacto en el aborto, no descendió la cifra”, según reconocen los funcionarios de la consejería de Sanidad, avalados por la estadística que realizan cada año sobre estas intervenciones: si en 2005 hubo 2.525 abortos, al año siguiente bajó a 2.482 para volver a subir en 2007 (2.546) y mantenerse en 2008 (2.541).

Los abortistas alaban a la Sanidad Gallega por “agilidad” lograda para destruir seres humanos en los tres primeros meses de la ley del aborto

octubre 5, 2010

La sanidad gallega, tanto pública como privada, coincide en destacar la “agilidad” que se ha logrado en los procesos de aborto de bebés (IVE) desde la entrada en vigor de la nueva ley, hace hoy tres meses. Niegan asímismo que haya cambiado el perfil de las mujeres que deciden abortar y aseguran que los casos de menores –16 años– que acuden a abortar sin contar con el consentimiento paterno “son escasísimos”.
En Vigo y Orense se realizan las intervenciones en la sanidad pública. Javier Valdés, responsable de estos casos en el Centro de Planificación Familiar de Vigo y vocal de la Sociedad Gallega de Contracepción (Sogac), destaca que en estos tres meses han percibido “un ligero aumento de las solicitudes, menor del que esperábamos, aproximadamente de un 15 por ciento”. Sin embargo, recuerda que tan sólo un 10% de las IVE se practican en centros públicos frente al 90% resueltas en la red privada.
El doctor Valdés valora especialmente la agilidad conseguida, ya que la mujer que solicita acabar con la vida de su hijo ya no depende de un dictamen del psiquiatra, como sucedía antes, sino sólo de su propia decisión. De esta manera, el tiempo de espera “se ha reducido a la mitad” y en estos momentos es de unos diez días.
“Antes de la entrada en vigor de la ley, la mujer tenía que contar con el dictamen de un psiquiatra que, para atenderlas con premura, tenía que trabajar fuera de su horario. No tuvimos problema (ninguno dudó en falsificar el informe sobre los riesgos psicológicos del embarazo) con casi ningún psiquiatra y eso es algo que les agradecemos mucho”, apunta el doctor.
En las clínicas privadas tampoco han percibido un aumento de casos. “Para nada, por el momento la única diferencia que encontramos es que los trámites son mucho más rápidos”, aseguran desde la Clínica Gelme de Vigo, acreditada para esta práctica desde 1991. En estas clínicas privadas, tras los tres días de reflexión que impone la ley se llevan a cabo inmediatamente las intervenciones.
También en la Clínica Castrelos (miembro de la patronal de los negociantes de la muerte ACAI) coinciden en destacar esa situación de normalidad. “La agilidad de los trámites es lo único que hemos percibido en estos tres meses; en Galicia desde el primer momento ha habido una voluntad de llevar adelante la ley que no ha habido en otras comunidades”, añade el doctor Elías García Climent, de este centro privado.
El gobierno popular en Galicia acumula pues los elogios de los promuerte, que ven garantizados sus ingresos y mejorado su negocio gracias a la diligencia de la consejería de sanidad en garantizar el asesinato de los bebés.

El BNG por que el derecho a matar figure en el estatuto

enero 12, 2009

El vicepresidente de la Xunta y candidato del BNG a la Xunta, Anxo Quintana, propone que el nuevo Estatuto de Galicia que se negociará en la próxima legislatura incorpore el derecho a una muerte digna o a interrumpir voluntariamente el embarazo. “Hay una serie de derechos como el del aborto que deben estar específicamente recogidos como derechos fundamentales de las personas”, señaló ayer el número dos del Gobierno autonómico durante la inauguración de un centro Quérote en A Coruña.

El vicepresidente gallego mostró, de este modo, su apoyo a una reforma de la actual ley del aborto -a la que calificó de “muy antigua”- tal y como propone el Ejecutivo estatal. “La Administración pública debe garantizar en términos jurídicos la posibilidad de elección de las mujeres”, indicó Quintana y matizó: “Pero la nueva normativa no sólo debe hacer referencia a la despenalización del aborto sino también a ampliar los derechos de las mujeres”, palabras con las que obvia no ya el derecho a la vida del nasciturus, sino también el derecho a la salud de las mujeres, por los graves riesgos y secuelas que deja de por vida el aborto, o el derecho de las mujeres a ser atendidas para no tener que verse abocadas a la tragedia que siempre supone el aborto.

No es la primera vez que desde el BNG se aboga por modificar la legislación española sobre al aborto. A mediados del pasado mes de abril, los nacionalistas llevaron una proposición de ley al Congreso -la primera que formularon en la actual legislatura- para que el Gobierno central regulase la interrupción del embarazo mediante una ley de plazos. Esta formación apuesta porque el aborto “no constituya un delito” siempre que se realice con el consentimiento libre y voluntario de la interesada y que se practique dentro de las 16 primeras semanas de gestación. No deja de parecer hipócrita la postura, cuando es sabido que las mujeres no reciben información sobre los riesgos que supone todo aborto para su propia salud o de las alternativas existentes, ávidos como están los empresarios del aborto por hacer negocio, hasta el punto de falsificar incluso los certificados médicos requeridos por la ley, como se está viendo ante los tribunales.

Siguiendo con la falacia de considerar el aborto como un “derecho”, cuando lo que es un derecho constitucional es la vida y cuando el aborto es todo lo contrario, un delito aunque despenalizado en determinados supuestos, los nacionalistas defendían en su propuesta que se garantice el “derecho al aborto” en todos los hospitales de la red pública gallega, así como que estos centros cuentan con los medios técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo estas intervenciones. Ni una palabra sobre el derecho a la objeción de conciencia, duele reconocer que son los propios profesionales sanitarios de la red pública quienes rechazan intervenir en la realización de abortos, conscientes de la aberración que supone esta practica.

En su momento, la diputada del BNG, Olaia Fernández, calificó esta reforma de “imprescindible” ya que “el aborto sigue siendo una carga penosa y su criminalización o despenalización hipócrita y restrictiva, un problema grave para las mujeres”. “La actual legislación es restrictiva y alejada de los Estados avanzados”, añadió la nacionalista.

Hacia el aborto libre

La actual legislación sobre el aborto, que entró en vigor en 1985, despenaliza el aborto en el caso de violación, taras graves del feto o cuando existe riesgo para la salud de la madre. Para flexibilizar esta normativa, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció a mediados de 2008 que en la presente legislatura redactaría una nueva ley del aborto. Para elaborar el nuevo documento, el Gobierno creó una subcomisión parlamentaria cerrada en falso, con ausencia de muchas voces defensoras de la vida y hurtando del debate a la sociedad al ser a puerta cerrada.

Las conclusiones de la Comisión serán evaluadas por un denominado Comité de expertos, nombrados todos ellos por el Gobierno, afines a la reforma cuando no parte directamente interesada, como ocurre con los empresarios del aborto designados. Este Comité elevará un informe final al Gobierno con las posibles líneas de reforma. Aunque por el momento no ha trascendido ninguna de las conclusiones de este grupo de expertos, no habrá sorpresas: el secretario general del grupo parlamentario socialista, Ramón Jáuregui, afirmó en una entrevista reciente que “una hipótesis más que probable” es que se apueste por una ley que permita el aborto “libre, sin supuestos y hasta la 14 semana”.