El criminal Morín se enfrenta a más de 300 años de cárcel

El criminal Morín, detenido

La Audiencia de Barcelona juzgará al cri,inal abortista Carlos Morín y a 11 de sus colaboradores, entre ellos su esposa, por practicar más de cien abortos ilegales en sus clínicas de la capital catalana. La Fiscalía solicita para él una pena de 309 años de prisión, y entre 50 y 200 años para los acusados de colaborar con el abortista peruano, entre ellos psiquiatras, anestesistas y ginecólogos que practicaron abortos a pacientes en avanzado estado de gestación, superadas las 14 semanas que marca la ley. La Fiscalía les acusa de los delitos de aborto ilegal, falsedad documental y asociación ilícita.
Según las conclusiones del Ministerio Fiscal, Morín y su esposa crearon una «estructura estable y permanente» a través de varias clínicas que gestionaban en Barcelona, dedicada de forma casi exclusiva a realizar abortos provocados «sin sujeción a ningún requisito legal ni ningún plazo temporal» y con un «único afán desmedido de lucro». El auto de la juez añade que este criminal obtuvo «ingentes ingresos en metálico con los que atendía las necesidades y gastos de material y personal de las expresadas clínicas y podía mantener así un elevado nivel de vida disponiendo como vivienda de una lujosa mansión en Sant Cugat del Vallès».
El caso se destapó en 2006 a raíz de un reportaje emitido por la televisión pública danesa, que acusaba al negociante del aborto peruano de practicar abortos ilegales a mujeres embarazadas de hasta más de siete meses a cambio de 4.000 euros. Según la Fiscalía, el negocio alcanzó una «gran difusión» no sólo en Barcelona, sino también en el resto de España y Europa, de donde acudían muchas pacientes que no habían podido matar a sus bebés en sus países de origen.
Los negocios de abortos de Morín y su esposa, María Luisa Durán, alteraban las ecografías de las pacientes y hacían constar una edad del feto menor a la real para ocultar los abortos ilegales. Según el escrito de la Fiscalía, entre los 101 abortos ilícitos que se imputan a Morín y su esposa constan algunos casos de gestaciones muy avanzadas, como una paciente embarazada de 33 semanas a la que se detectaron anomalías en el feto, así como otras en la semana 29, 28 o 27.
Los negocios Ginemedex y TBC efectuaban los abortos acogiéndose al primer supuesto legal de la anterior ley del aborto: que el embarazo implicara un riesgo grave para la salud física y psíquica de la gestante. Las pacientes, sin embargo, no recibían la visita de un psiquiatra, y era el personal del propio centro el que rellenaba los tests para evaluar el estado mental de las mujeres. En otros casos, los abortos se practicaban acogiéndose al supuesto legal de que el feto nacería con graves deficiencias, pero, según añade la fiscal, a los expedientes no se incorporaba ningún dictamen médico que lo acreditara.
En las entradas y registros practicados en las clínicas de Morín se intervinieron un total de 2.780 expedientes de abortos, así como unos dispositivos para la evacuación de restos biológicos, entre ellos un desagüe de grandes proporciones, en el que se encontró ADN nuclear humano. De entre los expedientes, finalmente se investigaron 167 abortos, pero el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que dirigía la investigación, acordó el pasado febrero archivar medio centenar de casos que serían legales de acuerdo con la nueva ley de interrupción del embarazo que entró en vigor en julio de 2010.
Tras la fase de instrucción, la juez ha acordado la apertura del juicio oral. En el proceso ejercen como acusación particular la asociación católica E-Cristians, el partido social-cristiano Alternativa Española, el Colegio de Médicos de Barcelona y el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro.

El criminal abortista Carlos Morín y su mujer, a la salida del juzgado, con militantes del partido Social Cristiano AES.

En un comunicado hecho público la semana pasada Alternativa Española dice no poder más que «felicitarse por la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona de abrir juicio oral contra el doctor Morín y varios de sus colaboradores, hasta sumar una docena de imputados, por los delitos de aborto ilegal, intrusismo, falsedad documental y asociación ilícita». Desde el partido social cristiano recuerdan que AES ha estado presente en el denominado “caso Morín” presentando denuncias contra el mismo en cuanto se conocieron los hechos y se ha personado en la causa como acusación y como tal figurará en el juicio.
AES quiere resaltar «que la elevada petición de pena presentada por la fiscalía, 309 años de prisión para el doctor Morín y entre 50 y 200 para sus colaboradores, viene a demostrar que teníamos razón al impulsar las acciones legales contra este individuo y su lucrativo negocio».
Sin embargo, desde la organización política católica se lamentan «de que sólo se le procese por algo más de un centenar de casos de abortos ilegales y que algunos de los casos se hayan desechado por que, pese a que no lo eran cuando se cometieron, se considera que con la nueva ley ya no cabe la ilegalidad».

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La defensa legal de la vida humana en España llega hasta los 6.000 euros de multa. Este es el compromiso con la vida de nuestra legislación y de nuestra constitución.
Así se demuestra en el hecho de que la Fiscalía de Guipúzcoa pida una multa de 6.000 euros para una ciudadana brasileña acusada de inducirse un aborto mediante la ingestión de pastillas cuando estaba embarazada de seis meses y expulsó el feto, aún con vida, en el inodoro del Hospital al que había acudido.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que hoy ha tenido acceso Efe, los hechos se remontan a los días 2 y 3 de septiembre de 2009, cuando la procesada, que entonces tenía 27 años, y había superado las 26 semanas de gestación, presuntamente tomó diez cápsulas de un fármaco para provocar la expulsión del feto, que no sufría «anomalías ni alteraciones incompatibles con la vida».
Tras ingerir este fármaco, la mujer acudió al Servicio de Urgencias de Ginecología del Hospital Donostia y, a consecuencia de la ingestión de este fármaco, sobre las 21:00 horas, presuntamente expulsó el feto en un inodoro al que había acudido.
Los profesionales de este servicio médico recuperaron al feto de este lugar «aún con vida», aunque falleció un cuarto de hora más tarde debido a una falta de aporte de oxígeno a los tejidos y a lo inmaduro del parto.
La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de aborto provocado por el que reclama para la procesada una multa de 6.000 euros.

 

Derecho a Morir Dignamente, una banda de asesinos en serie confesos e impunes

Según ha publicado la prensa recientemente a asociación española pro muerte “Derecho a Morir Dignamente” (DMD) habría intervenido durante 2010 en la muerte de 45 personas, de las cuales cinco serían suicidios en los que la asociación habría explicado al suicida qué cóctel mortal administrarse. También se ha hecho pública su presunta intervención en el asesoramiento sobre eutanasia a otras 112 personas.
Pese a que la ley española protege todavía la vida humana del anciano y el enfermo, y que se trata de homicidos confesados, esta asociación de criminales gazo de la más absoluta impunidad. Su presidente, Luis Montes, fue investigado, imputado, y finalmente declarado inocente en un juicio mediático y político, y por desgracia también legal, de ser responsable de varios homicidios en el hospital de Leganés, en dónde era coordinador de Urgencias, pese a que la investigación del Colegio de Médicos de Madrid dejó claro que había varios casos de dosificación injustificada o contraindicada de fármacos que causaron la muerte del paciente.

Centro Tomás Moro presentará recursos ante cierre de “caso Morín”

El Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM), «presentará los recursos pertinentes» ante el archivamiento del caso de las clínicas abortistas de Carlos Morín en Madrid, pues indicó que las prácticas denunciadas son ilegales tanto con la antigua legislación como con la nueva ley del aborto.
En un comunicado, indicó que los abortos realizados por las clínicas «Mayrit» y «CB Medical Ginedemex» son ilegales no solo según la anterior legislación, «sino que lo siguen siendo con la nueva legislación, más conocida como Ley Aído».
«Es más, cabe destacar que en la práctica de dichos abortos, ni se dio la información que según el Ministerio de Igualdad es la clave de la constitucionalidad de la nueva regulación de la muerte provocada del feto, ni se respetó el tiempo de reflexión necesario antes de la realización de los feticidios», señaló.
El CJTM hizo este anuncio ante la decisión del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, que archivó este caso arguyendo que de acuerdo a la nueva legislación –que entró en vigencia el 5 de julio-, no se ha encontrado delito alguno.
Ante ello, el centro jurídico cuestionó que si los abortos realizados en las clínicas de Morín no podían ser calificados como delitos por la anterior legislación, «¿cómo permanecieron abiertas las actuaciones penales desde el febrero de 2007, y se cierran curiosamente unos días después de la entrada en vigor de la nueva Ley Aído que da carta de naturaleza a las muertes eugenésicas, entre otras nefandas prácticas?».
«¿No confirma dicho archivo que la nueva Ley es una legislación de punto final redactada contra los intereses de los nasciturus, de las mujeres y del personal sanitario, y en defensa únicamente del gran negocio de la muerte?», preguntó.
Además de anunciar que asesorará a los profesionales de la salud en la objeción de conciencia, el CJTM informó que ha creado un sitio web para los españoles puedan «controlar el desarrollo legislativo del aborto, y las actuaciones jurídicas tendentes a minimizar sus nefastas consecuencias».
El sitio web es http://www.vida.tomas-moro.org

Las «garantías jurídicas» para las mujeres y profesionales del aborto: El caso de El Bosque

Reproducimos por su interés el artículo publicado por Hispanidad sobre las continuas irregularidades y delitos cometidos en el negocio abortista El Bosque con total impunidad:

El abortorio ‘El Bosque’ es tristemente famoso por la cámara oculta que se realizó en el año 2007 por Intereconomía, ante la cual, y con el testimonio de una mujer que sufrió un aborto en la misma, el sindicato Manos Limpias interpuso una querella a principios de 2008. En la cámara oculta se evidenciaron abortos sin ninguna indicación, fuera de todos los plazos habituales y con informes psiquiátricos presuntamente fraudulentos firmados por el psiquiatra socio del negocio abortero. Las Diligencias Previas 865/2008, abiertas tras esta querella, son responsabilidad del juzgado de instrucción número 27 de Madrid.

Además de las eventuales responsabilidades penales, ‘El Bosque’ cuenta con infracciones administrativas graves detectadas por la consejería de Sanidad en el 2006 y 2007. Los documentos de inspección de la consejería de Lasquetty a los que ha tenido acceso Hispanidad apuntaron en 2006 varias deficiencias estructurales. Entre ellas destaca que “desde finales del año 2004 está tramitando una modificación de la estructura del bloque quirúrgico pero presenta dificultades por las reducidas dimensiones de algunas dependencias”. Además, “presenta deficiencias en el bloque quirúrgico y no dispone de unidades estructuradas de Obstetricia y Ginecología, Anestesia y Reanimación, Hospitalización y Enfermería”. Y es que una simple inspección ocular del chalet de la calle Alonso Saavedra permite observar la imposibilidad de que en tan pocos metros cuadrados se encuentran todas las áreas exigidas. El hacinamiento de las mujeres que abortan en ‘El Bosque’ es algo evidenciable desde la misma calle.

En las deficiencias de funcionamiento en el 2006, se encontraron no sólo “deficiencias en el mantenimiento y limpieza de filtros de aire”, sino -lo más grave- “deficiencias en las historias clínicas: informe de alta sin firma del médico, falta el informe preanestésico, el registro del procedimiento anestésico, el informe de la intervención quirúrgica y las hojas de cuidados postoperatorios”. Una irresponsabilidad gravísima. ¿Qué pasa si algunas de sus pacientes tiene problemas con el preoperatorio o la anestesia? ¿Qué ocurre si los cuidados posteriores no son los adecuados? El 13 de enero de 2009 fallecía la asturiana Marta Abelleira en la fase preoperatoria del aborto en ‘El Bosque’. En cualquier centro sanitario un hecho fatal habría dado lugar a una inspección y a una más que presumible sanción. ¡Si ya sabían por la inspección en la consejería que no realizaban informes de preanestesia! Sin embargo, en el caso de ‘El Bosque’ se prefirió mirar para otro lado y se cerró el caso con una sorprendente “muerte natural”. ¿Cuántas embarazadas más tienen que morir para que se cierre ‘El Bosque’?

Más detalles. Como puede verse en el oficio enviado al centro abortista en el 2006, se les exigen los títulos académicos del personal médico de la “clínica” (‘Dr’. Zeiter, ‘Dra’. Zeiter, ‘Dr’. Jerez y ‘Dr’. Valadés), así como las pólizas del seguro de responsabilidad civil, que tampoco aparecieron en la inspección, y los certificados de colegiación de los médicos y el resto de los profesionales. Menudo “antro”…

Por no hablar de la ‘Dra’. Claudia Vaz Tejeiro, uruguaya protagonista de la cámara oculta, médico sin especialidad convalidada en España. El vídeo de Intereconomía, la inspección y otros testimonios señalan que la ‘Dra’. Vaz actúa “como si fuera ginecóloga”, comportamiento tipificado en nuestro Código Penal como delito de intrusismo. En el oficio enviado se le pide al gerente del abortorio, Sergio Muñoz, que clarifique esta situación comprobada en la propia inspección de 2006, ya que según la normativa de 2003 el aborto ha de realizarse “bajo la responsabilidad de un Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia en todos los casos”. Por eso Claudia estaba al cargo de todo, pero, sin embargo, no firmaba las hojas de quirófano…

Además, las inspecciones de la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, evidenciaron ya en 2006 “deficiencias en los consentimientos informados, que están estandarizados, figurando los datos del médico exclusivamente en un sello estampillado”. Todo en serie, que es más barato. Total -pensarán- ¿para qué informar a la embarazada?, ¡no vaya a ser que se arrepienta!

Más fraude. Como puede verse en el oficio adjuntado, se señala que los tests del psiquiatra para el riesgo de salud psíquica contaban con graves deficiencias: no están baremados, validados y no se indica el modo de lectura e interpretación de los mismos. Vamos, que se trataba de un mero trámite. Un perfecto coladero que en lugar de perseguirse, se consolida con la nueva ley sujeta al criterio del Constitucional.

Tampoco queda probado que ‘El Bosque’ gestionara los restos de abortos con la empresa funeraria preceptiva para incinerarlos. La legislación de Policía Sanitaria Mortuoria obliga a que los residuos tipo IV (restos humanos de suficiente entidad generados tras los abortos) fueran incinerados. Pues bien, en otra inspección de 2007 tampoco queda probada su gestión y se les requería más documentación al respecto. Esto recuerda a lo ya publicado del abortorio Isadora por este confidencial. Con más detalles aquí.

Como resultado de las inspecciones practicadas en 2006 y 2007, se formuló una “Propuesta de incoación de expediente sancionador al abortorio ‘El Bosque’ por las deficiencias de funcionamiento detectadas”. Se añadía que las deficiencias estructurales serían “tenidas en cuenta a la hora de tramitar las correspondientes renovaciones de la autorización”. Hasta ahora.

Es verdad que la ley señala que las actuaciones administrativas se paralizan por las judiciales, iniciadas en el 2008. Pero ocurre que la Ley Aído -y sus desarrollos reglamentarios- obligan a los centros a validarse ante las autoridades administrativas con las nuevas exigencias. Y es éste el momento que Lasquetty debería de aprovechar para comprobar si ‘El Bosque’ ha hecho los deberes. Si la realidad es la misma que la que describió la inspección en 2006 y 2007 no debería de contar con el sello de la consejería de Sanidad. ¿Qué tipo de proteccionismo es éste?

Maniobras dilatorias en los juzgados para dar inmunidad a la filial de Morín en Madrid

La juez Gema Gallego había realizado la primera instrucción. Había tomado testigos, tenía suficientes pruebas indiciarias para iniciar la instrucción contra la filial de Carlos Morín en Madrid, CB Medical. Al parecer, las pruebas psicológicas llegaban directamente desde Barcelona. Es decir, no había examen psicológico en Madrid.
Pues bien, Gema Gallego, antes de partir como consejera del CGPJ había dejado todo ordenado. Pero su sucesor ha decidido dormir el sueño de los justos y solicitar la acusación justo ahora que quedan escasos días para que entre en vigor la nueva ley. Suena a retraso malicioso y/o una dilación indebida. Si lo es, lo dirán los juzgados.

Actas de Inspección de la Consejería de Sanidad sobre el abortorio Isadora

Reproducimospor su interés e importancia la siguiente noticia publicada en el diario Hispanidad.com

Como ya comentamos en nuestra edición del viernes, el abortorio Isadora tiene un expediente de sanción por falta muy grave desde febrero de 2007, por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que está pendiente de ejecutarse.

Dentro de los documentos que exhortan a que se tomen medidas sancionadoras, se encuentran los que ya publicamos el pasado viernes y los que hoy desvelamos. Y es el que en las Actas de Inspección de la Consejería de Sanidad al abortorio Isadora en febrero de 2007, a instancia de parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid del SEPRONA, se verificó que había «Residuos biosanitarios clase IV mezclados con clase III en bolsa de plástico común (doméstica de basuras)». Esto quiere decir que había fetos identificables como tales -señalan que cinco- mezclados con otro tipo de desperdicios de uso médico (gasas, algodón, etc.), cuando los residuos de clase IV han de seguir las indicaciones de la legislación sobre Policía Sanitaria Mortuoria de ser enterrados o incinerados o bien empleados para fines científicos o de enseñanza, previo consentimiento de la madre. Es decir, que el abortorio Isadora, tiraba los fetos de sus abortos a la basura doméstica, gestionándolos como si fuera un residuo sanitario vulgar, con contrato con la empresa CONSENUR S. A.

El hecho de que hubiera fetos de tamaño considerable (identificables como restos humanos) lo certificó un tanatólogo, según consta en este documento adjunto, que actuó en el Tanatorio de la Paz, S. A. de Alcobendas (Madrid) junto con el SEPRONA y los inspectores de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Fue en ese lugar donde estuvieron clasificando de las bolsas de basura todos los residuos y separando los de clase IV (fetos identificables) para que fueran debidamente tratados y posteriormente incinerados, una vez hubiera un peritaje forense de data de la edad gestacional de dichos fetos.

¿Para cuándo ejecutar este expediente de sanción? Ya no existen causas penales abiertas que hagan abstenerse a la administración, pues Isadora no tiene causa abierta por estos hechos desde el 15 octubre de 2009. ¿Cuándo actuará Fernández-Lasquetty, Consejero de Sanidad, y Manuel Molina, director general de Ordenación e Inspección, para ejecutar la propuesta de sanción de cierre temporal?

Obligada a abortar aunque quería tener a su hijo

La Voz de Galicia informa de la dramática historia de una mujer que se quedó embarazada y a pesar de querer tener al bebé fue obligada, bajo amenazas de muerte, a abortar. Así lo asegura una empleada del club «Queens», en el polígono de O Ceao, que podría ser el punto de encuentro de quienes participaban en una trama de los burdeles que está intentando descabezar el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo -en la llamada «operación Carioca»-. A la mujer le gestionaron que el ginecólogo le llevase a cabo el aborto en su consultorio en Lugo, en donde, según declaró, ni siquiera se le llegó a poner anestesia.
Pero es que todavía hay más. La empleada del Queens contó en su momento, según expresaron ayer diversas fuentes, que pudo comprobar perfectamente como la máquina aspiradora estaba estropeada y como el ginecólogo supuestamente le iba dando pequeños golpes de vez en cuando para ponerla en activo. La propia Audiencia, en el auto, dice que la actuación del médico, según la versión de la mujer, «resultó un tanto anómala e incluso primitiva por carente de asepsia y garantías de buena praxis».
No solo no funcionaba la máquina aspiradora sino que, según la víctima, una mujer que estaba en la consulta se encargaba de sujetar una espátula para poder completar lo que parece una arriesgada intervención.
Cuando la jueza del caso tuvo conocimiento de estas circunstancias, especialmente de que la mujer podría haber sido obligada a abortar ordenó la inmediata detención del industrial Ricardo Lago al que le atribuye un presunto delito de inducción al aborto y al ginecólogo, Carlos Jesús Abuín Mosteiriz que, tras permanecer varias semanas en Bonxe, fue puesto en libertad por la Audiencia que entendió que no tiene nada que ver con el hecho de que la víctima no diera su consentimiento para realizar tal práctica, algo que es falso, puesto que según la ley de autonomía del paciente el médico sólo puede realizar actos invasivos con un consentimiento informado firmado por el paciente.
De acuerdo con algunas fuentes, el embarazo de la mujer era un problema para algunos de los supuestos integrantes del entramado. Por eso, cuando ella informó de que se encontraba encinta, lo primero que le comunicaron era que tenía que deshacerse, como fuera, del bebé. De nada valieron sus negativas porque, al parecer, la amenazaron de muerte. Uno de los encargados del Queens pudo haber sido el que informase de que conocía la forma de resolver lo que para la trama era un problema.
Esta es una nueva demostración de la realidad del aborto y los «nuevos derechos para las mujeres», de que tan orgullosos están feministras, progresistas, comunistas y demás enemigos de la vida.

Fotos de los cadáveres de los fetos asesinados en Isadora que el juez no considera como «el más mínimo indicio de delito»

El Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ha decretado el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias previas abiertas a la clínica Isadora de Madrid, acusada de haber cometido abortos ilegales con fetos de más de 22 semanas de vida, por considerar que no hay indicios de que esta actividad se haya llevado a cabo en sus instalaciones.
Tras más de dos años y medio de procedimientos judiciales, tras presentar el 16 de junio de 2006 la plataforma La Vida Importa una denuncia ante la UCO contra la Clínica Isadora con la prueba derestos de fetos que podrían tener más de las 22 semanas legales y que se encontraron en los contenedores de la clínica, el titular de este juzgado ha archivado el caso al considerar que los hechos investigados no son «constitutivos de delito» y que no ha aparecido «el más mínimo indicio» de que la clínica ni sus médicos profesionales hayan cometido delito alguno.
el juez habla de que la actuación de los agentes del Seprona que denunciaron los abortos ilegales se sustentó «sobre meras sospechas subjetivas, carentes de todo fundamento» y ello «cuando menos, combinada con una rechazable técnica inquisitorial tendente a tratar de buscar algún delito».

Además, señala que el modo de acusar a la clínica se convirtió en una especie de «causa general» sobre el centro privado, de una «investigación ilimitada sobre abortos imaginados» y que se «instrumentaliza al servicio de fines espúreos con perfiles publicitarios intimidatorios».
En la misma dirección, apunta que la investigación del Seprona está basada en «insinuaciones sesgadas y manipulación de la realidad» de un modo, según recoge el citado auto, «cuanto menos oblicuo o torticero» utilizando un lenguaje y una terminología «tendentes a dar apariencia delictiva a una actuación prospectiva e indeterminada» de la clínica.
En este punto, según el magistrado en su auto, dictado el pasado jueves 15 de octubre, se basa en que «algo tan íntimo como el ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo» ha sido desvelado y cualquiera que haya accedido a la causa ha podido conocer y tomar datos de las mujeres citadas como testigos. Está claro que el juez sabe poco de derecho y que ignora que la interrupción del embarazo no es nungún derecho, sino un delito despenalizado si se comete bajo unos supuestos determinados.
A continuación publicamos las fotos de los cadáveres de los bebés asesinados en la clínica Isadora tomadas por la Guardia Civil, y por cuya ejecución se lucran los «profesionales» de dicho abortorio. Las medidas de los fetos indican que se encontrarían en la 24ª semana de gestación.
La plataforma La Vida Importa ha hecho llegar a Rubalcaba y a Tomás Gómez (PSM) las fotografías tomadas por la UCO. Así mismo, recurrirá el auto del juez argumentando que ni siquiera se han practicado diligencias para comprobar si los restos corresponden a fetos de más de 22 semanas.

Más impunidad para los abortos ilegales

Manifestación de AES ante el abortorio Isadora,.

La Audiencia Provincial de Madrid ha desautorizado las actuaciones del SEPRONA contra la Clínica Isadora tras el hallazgo de unos restos humanos en el centro en 2007, al considerar que se desobedeció al primer juez al que se solicitó la apertura de una investigación –que no autorizó el estudio de esos restos–, y se buscó a otro magistrado que sí abrió diligencias.
Por ello, la sección cuarta de la Audiencia ha obligado al juez de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, a devolver la causa penal sobre la clínica de abortos Isadora al Juzgado de Instrucción número 6 de la capital al ser el primero en conocer de los hechos objeto de esta instrucción penal. Esto significa que un juez que considera que no de deben estudiar la presencia de restos humanos en las cañerías de un negocio abortista, va a dejart impunes a quienes han cometido los delitos. Por otro lado, la Comunidad de Madrid, responsable de autorizar el funcionamiento de estos negocios de muerte, tampoco tomó en su momento, ni nunca, ninguna medida contra dicho centro de exterminio de bebés.
En un auto, la Sección Cuarta resuelve una cuestión de competencia promovida por la clínica y los médicos imputados en la que solicitaba la inhibición del juez Sierra a favor del Juzgado número 6. El magistrado que conoció en primer término la denuncia se negó el 16 de febrero de 2007 a autorizar el estudio de los restos humanos encontrados por el SEPRONA en la clínica durante una inspección al estimar que la petición carecía de fundamento.
Ante su negativa, según la Audiencia, la Guardia Civil ignoró su decisión, intentando cumplir con su misión de hacer cumplir la ley, «continuaron actuando por su propia iniciativa, interviniendo los restos cautelarmente y recabando la colaboración de las autoridades administrativas». Así, se cursó una nueva solicitud, consiguiendo que el examen de los restos recayese sobre otro juez, que sí autorizó el estudio.
«Se trata, en suma, de una actuación encaminada a menoscabar la competencia del Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid que, a tenor de lo expuesto, fue el primero en conocer de los hechos objeto de este proceso y cuya decisión no fue respetada ni acatada», recalca la Sala.
Por otro lado, en otra resolución, la Audiencia rechaza que el partido social cristiano Alternativa Española (AES), pueda personarse en esa causa y acceder así a los datos personales de mujeres que interrumpieron allí su embarazo, pese a que en otros casos en los que el partido a actuado por otros crímenes de aborto ilegal, jamás se han hecho públicas las identidades de las mujeres que fueron víctimas de los abortos ilegales.
No sorprende que en España un abortista que comete un delito quede impune, que un juez que cree que investigar un crimen de aborto careza de fundamento y lo impida no sólo sea sancionado, sino que sea aquél que quiere aclarar los hechos al que se critique, y que no sean los delincuentes, sino las fuerzas de seguridad, las que sean públicamente vilipendiadas por intentar conocer si existe o no tal crimen. Y desde luego no sorprende que la casta política endogámica se defienda entre sí, lo que explica que la clínica Isadora, propiedad de una exdiputada de Izquierda Unida, no sea objeto de investigaciones ni sanciones por la Comunidad de Madrid, pere a las graves irregularidades encontradas por la Guardia Civil.