Hace unas semanas la presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, conversó con los internautas en el chat de ABC.es.
Uno de los participantes en el chat, Jorge García Salazar, le preguntó a Esperanza Aguirre:
qué medidas piensa tomar con el tema del aborto? Y por favor con claridad…
A lo que la presidente respondió:
«Todas las que la Ley me permite, puesto que yo estoy radicalmente en contra del aborto. Informamos a las mujeres que se plantean abortar de todas las posibilidades que tienen como alternativa, y apoyamos la objeción de conciencia de los médicos y enfermeras. Y a las que se deciden a tener el niño les damos todo el apoyo que necesitan, tanto para quedárselo como, si lo desean, para darlo en adopción.»
Esta conversación está tomada de la página personal del dirigente principal del abortismo provida español, el cual apostrofa la conversación con:
«Ojalá otros dirigentes políticos, del PP y de otros partidos, se pronunciaran con esa rotundidad a favor del derecho a vivir de los seres humanos que están por nacer.»
Ignacio Arsuaga silencia o calumnia a los dirigentes auténticamente provida, mientras alaba a Esperanza Aguirre
Ignacio Arsuaga sabe de sobra que hay dirigentes de partidos políticos, a los que desde su organización se silencia, censura y calumnia, que no sólo se pronunciaran con esa rotundidad a favor del derecho a vivir de los seres humanos que están por nacer, sino que se manifiestan continuamente contra la práctica del aborto y que hasta llevan a los tribunales a abortistas y consiguen cerrar negocios abortistas en que se cometen delitos. Algo que no hace precisamente Aguirre, quien, pese a existir expedientes administrativos que aconsejan el cierre por infracciones graves contra la salud pública en varios negocio de aborto de Madrid, Isadora y el Bosque entre ellos, los mantiene abiertos, impunes y financiados.
Para demostrar la desvergüenza e hipocresía de Aguirre, pero también de su amigo Arsuaga, la prensa ha venido a sacar a la luz la realidad del compromiso contra el aborto de la primera.
Hispanidad, en su edición del 11 de octubre desvela que Aguirre paga el 29% de los abortos perpetrados en Madrid
La mandataria del PP dice estar “radicalmente en contra del aborto”, pero lo financia. Ninguna ley le obliga a financiar interrupciones voluntarias del embarazo en clínicas privadas, pero la CAM estableció un concierto con 6 abortorios.
El Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid es contrario al aborto de palabra, pero no de hecho. Los populares han criticado a ZP como “el presidente del aborto”. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha realizado duras declaraciones en contra de la declaración del aborto como derecho y pidió a su partido que derogara la actual ley en caso de llegar al poder: “Estoy radicalmente en contra del aborto”, dijo Aguirre en un encuentro virtual con los lectores de ABC. La presidenta es consciente de lo que les gusta escuchar a sus electores, especialmente si leen el ABC.
Sin embargo, no es ningún movimiento provida, sino el boletín epidemiológico de la Comunidad de Madrid el que ofrece algunas estadísticas interesantes sobre el aborto en 2009. Por ejemplo que, aunque sólo se notificaron 2 abortos en hospitales públicos, “las clínicas privadas realizan algunas IVE concertadas con la Administración Sanitaria, en 2009, se financiaron públicamente el 28,7%”. La Comunidad de Madrid está obligada por ley a que se realicen abortos en clínicas públicas, pero muchos médicos objetan. La solución ha sido derivar los abortos a la privada a través de un concierto, es decir, voluntariamente: concretamente, 6 clínicas se benefician de este concierto.
Aguirre ha intentado conservar el voto católico con declaraciones y con algunas subvenciones a iniciativas provida, mientras Gallardón se ha destapado sin ninguna voluntad de ocultar que financia abortos químicos repartiendo píldoras del día después. La presidenta ha obtenido así una mejor imagen entre sus electores y, en el seno del partido, frente al alcalde. Pero la realidad se muestra bien distinta, puesto que ambos dirigentes se reparten el trono del aborto: químico uno, quirúrgico otra.
Sin embargo, otro periódico de mucho mayor tirada y nada partidario, en principio de Aguirre ni de su partido, corrige a Hispanidad. El País publica en su edición de hoy dice que «La sanidad pública madrileña paga el doble de abortos con la nueva ley»
Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto, en julio pasado, el número de mujeres que ha hecho uso de su derecho a una IVE gratuita se ha doblado. Si en 2009 solo el 28,9% de las intervenciones las pagaba la sanidad pública (según los últimos datos oficiales), ahora ya son el 60%, según una estimación de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), con una treintena de clínicas en España y cinco de las siete autorizadas en Madrid. La Consejería de Sanidad ni confirmó ni desmintió ese dato.
El porcentaje de abortos financiados se ha disparado con la entrada en vigor de la ley, pero ya venía de una subida progresiva en los últimos años. En 2004, el 80% de las intervenciones las pagaban las mujeres de su bolsillo.
Esperanza Aguirre, la autentica cara del abortismo provida: provida de palabra, abortista con los hechos.
Esta es la verdadera cara del abortismo provida español: Con la boca se dice defender la vida, con los hecho y el dinero se apoya a los negocios abortistas, se tienen conciertos económicos con ellos, se boicotea, silencia y ataca a quien es verdaderamente provida, y se intenta torpedear cualquier iniciativa política o social que busque sin concesiones terminar con el aborto y proteger la vida con la aplicación del código penal.
Con el argumento de que «la vía pública no es lugar para realizar ninguna actividad que no sea el tránsito de peatones» la Junta Municipal de Fuencarral ha prohibido a la Plataforma por la Vida y la Mujer realizar el Debate público sobre el aborto y la adopción que había solicitado para el viernes 31 de octubre. Se da la circunstancia peculiar de que tal acto sí cuenta con el visto bueno de la Delegación del Gobierno socialista, pero es un ayuntamiento del Partido Popular el que ha decidido prohibir el ejercicio del derecho constitucional de expresión.
Manifiesto por la Vida 
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