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Los obispos y el rey, artículo de Francisco Torres.

marzo 5, 2010

Francsco Torres en un acto por la vida ante un negocio abortista.

Algunos pueden creer que por motivo de la caída del Antiguo Régimen, el desarrollo de las revoluciones liberales, con su componente laicista, y la transmutación del liberalismo en democracia dejó de existir la medieval alianza entre el “trono y el altar”. No es cierto. Aún pervive con otras formas en diversos países. Es más, en la mayor parte del mundo occidental, el trono, que hoy encarna el poder político, busca mantener una cierta alianza visual con el altar y éste actúa siendo consciente de esta realidad. Así pues la alianza entre el “trono y el altar” imponía servicios contractuales indeclinables que en su versión actual también se prestan.
Un episodio claro de esta pervivencia es lo que está aconteciendo con la modificación de la Ley del aborto. Desde hoy ya no existen, en la práctica, dos leyes del aborto: la que parecía que obtenía una cierta legitimidad por ausencia de oposición y escasa movilización de quienes están en contra de cualquier forma de aborto (aceptada en la práctica por muchísimos católicos) y la propuesta socialista. El debate, a partir de ahora, una vez que la ley ha superado el trámite parlamentario, vuelve a ser sobre la existencia de la ley del aborto y no sobre una ley concreta. El objetivo para quienes se denominan pro-vida ya no puede ser parar una ley. El objetivo tiene que ser abolir cualquier legislación abortista, frente a quienes van a argumentar que ahora lo que se debe hacer es modificar la ley. Modificación que siempre implica el mantenimiento de la ley.
Con buen criterio se planteó la posibilidad de bloquear la Ley y crear una situación inédita, presionando para que el rey, que tiene por título Majestad Católica, no la firmara. Presión que sólo tenía alguna viabilidad si se le excluía, como a los políticos católicos que dieran su voto afirmativo, de la Comunión. En la lógica común si un político católico no puede comulgar por firmar esta Ley en igual situación se encontraría quien, en última instancia, es responsable de su sanción. Sin darse cuenta los obispos colocaron al rey en una situación comprometida con sus declaraciones.
Dejando a un lado la incoherencia que supone afirmar que no pueden comulgar aquellos que den el Sí a esta ley sin aplicarlo a los que dieron su Sí a la ley anterior o no han hecho nada, cuando pudieron, por derogarla, que ni tan siquiera estimaron posible aplicarla en sentido restrictivo prefiriendo que se aplicara con laxitud, los obispos, con su declaración llevaron al debate la posición del rey ante la ley. Lo que quizás no entraba en el guión es que se pusiera en marcha una campaña para pedir al Jefe del Estado que no sancionara la ley.
En esta coyuntura, debido a la incoherencia, han tenido que ser los obispos, por boca de su portavoz, quienes tengan que sacar al Jefe del Estado del atolladero y desactivar una de las bases del “Majestad, no firme”. La versión moderna de la alianza entre el “trono y el altar” ha funcionado con un razonamiento típico y tópico de las distinciones de los hechos en las declaraciones políticas de los hombres de la Iglesia: no es el mismo hecho el voto afirmativo que la sanción. El rey, su Majestad Católica, podrá comulgar a pesar de firmar la ley.
Es lo lógico, y no podía ser de otra manera, porque el rey firmó también la anterior Ley sin que la Conferencia Episcopal se pronunciara. Si el Jefe del Estado firmó la anterior Ley del aborto y pudo comulgar no cabe ahora sostener lo contrario. Mantenerlo supondría considerar la anterior Ley como aceptable y la actual como inaceptable, cuando la Vida es para los católicos un absoluto. Éste es el precio que se paga por la incoherencia.
Salvando las distancias es el mismo razonamiento que aplicará el Tribunal Constitucional en el caso de que se presente el recurso que el Partido Popular anuncia (recordemos que hizo lo mismo con la propuesta de 1983 que acabó siendo la Ley del 85): la actual Ley tampoco es una despenalización absoluta por lo que se continúa protegiendo al nasciturus y, por tanto, tiene cabida dentro de la Constitución de 1978. Y a partir de ahí todos a aceptarla y, llegado el caso, a defenderla como hoy hace el Partido Popular con la de 1985.
Por todo ello el votante católico socialista y el político católico socialista, que son una realidad, no entiende por qué en un caso Sí y en otro No. Y por eso encontrarán todas las justificaciones necesarias.

El Rey ya ha firmado la ley del aborto, pese a los miles de peticiones en contra

marzo 5, 2010

Con la misma mano con la que tomó la de Juan Pablo II para besarla, el "católico" Juan Carlos de Borbón ha firmado la sentencia de muerte de centenares de miles de inocentes españoles.

El Rey ha desoído el clamor ciudadano que se ha manifestado de diversas formas y de manera multitudinaria contra el aborto y, en concreto, contra la nueva ley que ha impulsado el ministerio de Igualdad del Gobierno socialista.
Ni las manifestaciones ciudadanas, ni las recomendaciones de un buen número de teólogos, ni las más de 62.000 firmas recogidas a través de la web http://www.majestadnofirme.com han sido suficientes.
El Rey ha rubricado la nueva Ley del aborto, que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado.
De esta manera, el Rey desoye uno de los últimos llamamientos a reconsiderar dicho acto, proveniente de la mayor organización pro vida del mundo: Vida humana Internacional.
Su presidente, Thomas Euteneuer, alertaba en las últimas horas de que «el mundo está atento» para ver si el Rey Juan Carlos «abdicará del liderazgo moral de la nación y firmará la sentencia de muerte de millones de niños españoles que serán asesinados a través del aborto».
Euteneuer también ha señalado, según reporta Life Site News, que el Rey «ya ha sido cómplice, por su firma, en la muerte de millones de personas al firmar la ley del aborto de 1985 y otras legislaciones inmorales como la de las uniones homosexuales de 2005»

Los obispos y el «caso único»
Tras la última reunión de la Comisión Permanente de los prelados españoles, su portavoz, el obispo Juan Antonio Martínez Camino, señaló que la posición del Rey es un «caso único» al que no se le puede aplicar la norma general que ha recordado para aquellos católicos con responsabilidades públicas que colaborar o impulsan una ley contraria a la doctrina como es la del aborto.
Vida Humana Internacional, sin embargo, considera que esta posición es errónea. En el ejercicio de sus funciones, «el Rey no pierde los derechos y deberes inherentes a la persona humana, ni los inherentes a ser católico»asegura Euteneuer, que añade que el Monarca tiene «el derecho y el deber de actuar conforme a su conciencia como católico».
«Todos los reyes católicos de España, en especial Isabel y Fernando, estarían horrorizados ante la posibilidad de firmar semejante legislación asesina y sostendrían un juicio severo de un rey que abdicara de la responsabilidad moral hacia su pueblo con un acto de esta naturaleza», enfatiza Euteneuer.
Por ultimo, Vida humana Internacional ha realizado un llamamiento a la Conferencia Episcopal Española para que elabore una declaración en la que se exponga que Juan Carlos I incurriría en excomunión si firma la nueva ley del aborto.

La versión de La Zarzuela
Según ha publicado El Confidencial Digital, el equipo que asesora a don Juan Carlos maneja una «explicación» sobre lo que realmente ocurre cuando el monarca estampa su firma en cualquier ley, incluida la del aborto: «Cuando firma, el Rey ni aprueba ni rechaza nada. Lo que hace es certificar que se trata de una norma que ha sido aprobada de acuerdo con lo que marcan las leyes y la Constitución».
Según estas misma fuentes, «no hay resquicio legal para no firmar» y «hacer algo así rompería el esquema democrático actual en España».
Sin embargo, el texto de la ley dice: “A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. (…) Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 3 de marzo de 2010. JUAN CARLOS R.” Es decir, que pese a lo que dice Martinez Camino, y lo que dicen fuentes de Zarzuela, es el Reyquien, con su firma manda alos españoles cumplir la ley asesina.

Obispos españoles y aborto: la historia se repite

febrero 26, 2010

Reproducimos por su interés el siguiente artículo, publicado en Religión en Libertad por Ángel David Martín Rubio, sacerdote licenciado en Geografía e Historia y en Historia de la Iglesia en la diócesis de Coria-Cáceres. Ha impartido clases en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y ahora lo hace en el Instituto Teológico Virgen de Guadalupe y en el Seminario Diocesano de Cáceres:

El cardenal Tarancón y Adolfo Suarez, en la época en que se dió en España el pistoletazo de salida a la cultura de la muerte.

Todos los indicios hacen pensar que los obispos españoles van a repetir lo ocurrido en 1985 cuando, en los debates previos a la aprobación de la ley despenalizadora del aborto, se limitaron a recordar la doctrina de manera teórica pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos. Hasta ahora tampoco habíamos encontrado ninguna alusión a la posición en que quedan las autoridades y las instituciones de un Estado, todas ellas manchadas y cuestionadas en caso de salir adelante la ley, como ya lo están con la ahora vigente.
Ahora bien, en relación con la previsible aprobación de la ley que convierte el crimen del aborto en uno más de los derechos reconocidos por el democrático estado español, hay que reconocer que en esta ocasión, las alarmas se han disparado y ha sido el propio portavoz de la Conferencia Episcopal el que ha bajado a la arena para escenificar una defensa del Monarca responsable de la sanción de los textos legales de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución.
Y es que iniciativas como las promovidas desde Religión en Libertad, han demostrado con argumentos jurídicos y teológicos contundentes, que era posible esperar que el Jefe del Estado niegue la sanción de la ley. Como todo hace pensar que don Juan Carlos de Borbón, firmará, una vez más, la disposición que condena a muerte a cientos de miles de inocentes no nacidos, la Conferencia Episcopal ha decidido acudir en socorro del interpelado.
Tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal que tuvo lugar ayer, los periodistas preguntaron hasta siete veces a monseñor Martínez Camino por la situación del Jefe del Estado ante la ratificación de la ley del aborto. Teniendo en cuenta que la cuestión no pudo sorprenderle desprevenido se capta el verdadero alcance de las respuestas:
«La situación de Su Majestad el Rey es única, ningún otro ciudadano está en esa situación no existe un principio general para su caso y no hay una exhortación de la Conferencia Episcopal para ello, no es necesario. No es que haya temor a hacerla, es que no es necesario», afirmó.
Al insistir los periodistas, añadió: «El caso del Rey es único, distinto del político que da su voto, pudiendo no darlo. La Conferencia Episcopal no va a dar consejos ni declaraciones por el acto del Rey, que es distinto al del parlamentario».
Y al ser preguntado una vez más, afirmó: «La Conferencia Episcopal no quiere pronunciarse sobre la responsabilidad del acto único que hace el Rey. Y yo no voy a dar mi opinión particular como moralista. El tema daría para escribir cuatro libros. No voy a dar mi opinión porque la Conferencia no tiene un juicio ni lo va a emitir».
La doctrina de la Iglesia
Soy consciente de la agudeza crítica y del prestigio intelectual de Monseñor Martínez Camino y alguien con su perfil no puede estar convencido de las razones alegadas por él mismo, argumentos que se refutan desde los más elementales principios de la moral católica y que están en franca contradicción con los que fueron expuestos en 1985 por el entonces Obispo de Cuenca, don José Guerra Campos. Menos aún se entiende tan exquisita prudencia a la hora de emitir un juicio cuando están en juego millones de vidas humanas.
Recordemos, como ya hicimos en otros artículos, la doctrina expuesta por monseñor Guerra Campos en una serie de intervenciones que contienen la única expresión completa de la doctrina católica sobre la legislación abortiva hecha pública por un obispo español. A diferencia de Martínez Camino, Guerra Campos precisó la responsabilidad de las autoridades concretada en los autores de la ley entendiendo como tales el presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros; los parlamentarios que la voten y el jefe del Estado que la sancione. Terminaba recordando que ninguna autoridad de la Iglesia puede modificar la culpabilidad moral ni la malicia del escándalo:
«A veces, se pretende eludir las responsabilidades más altas como si la intervención de los Poderes públicos se redujese a hacer de testigos, registradores o notarios de la «voluntad popular». Ellos verán. A Dios no se le engaña. Lo cierto es que, por ejemplo, el Jefe del Estado, al promulgar la ley a los españoles, no dice: «doy fe». Dice expresamente: «MANDO a todos los españoles que la guarden».
Los que han implantado la ley del aborto son autores conscientes y contumaces de lo que el Papa califica de «gravísima violación del orden moral», con toda su carga de nocividad y de escándalo social. Vean los católicos implicados si les alcanza el canon 915, que excluye de la Comunión a los que persisten en «manifiesto pecado grave». ¿De veras pueden alegar alguna eximente que los libre de culpa en su decisiva cooperación al mal? ¿La hay? Si la hubiere, sería excepcionalísima y, en todo caso, transitoria. Y piensen que los representantes de la Iglesia no pueden degradar su ministerio elevando a comunicación in sacris la mera relación social o diplomática.
La regla general es clara. Los católicos que en cargo público, con leyes o actos de gobierno, promueven o facilitan —y, en todo caso, protegen jurídicamente— la comisión del crimen del aborto, no podrán escapar a la calificación moral de pecadores públicos. Como tales habrán de ser tratados —particularmente en el uso de los Sacramentos—, mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos».
Menos aún hemos oído a los prelados que se han ocupado de la cuestión del aborto en relación con la ampliación de la actual ley, denunciar las raíces de la legalización del crimen en una Constitución gravemente cuestionable desde el punto de vista moral. El entonces obispo de Cuenca hacía unas afirmaciones que adquieren ahora mayor actualidad:
«El gran problema es que, si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que, no sólo los gobernantes, sino la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes. (Y a propósito: ¿tienen algo que decirnos los gobernantes, más o menos respaldados por clérigos, que en su día engañaron al pueblo, solicitando su voto con la seguridad de que la Constitución no permitía el aborto? Y digan lo que digan, ¿va a impedir eso la matanza que se ha legalizado?)».
¿Qué se puede esperar ahora?
Ahora solo cabe esperar que algunos obispos a título particular y con toda la autoridad magisterial que les compete, se desmarquen de la posición expresada por Martínez Camino y vuelvan a exponer y actualizar la doctrina católica en relación con las leyes injustas y con los responsables de su aprobación y aplicación. Esta reacción —la de cada uno de los obispos sin el paraguas de la Conferencia Episcopal— será un auténtico test que nos permita comprobar si realmente se está produciendo un cambio a mejor del episcopado español (como sostienen algunos con mejores deseos que capacidad de análisis) o nos encontramos ante la enésima re-edición de la autodemolición en su más ibérica versión taranconiana.

Teniendo en cuenta la gravedad del asunto tratado, a nadie debería extrañar una intervención de la Sede Apostólica, tan activa en la defensa de los derechos humanos. Sería muy deseable que Benedicto XVI hiciera pública su posición para evitar que alguno de esos especialistas en detectar malas intenciones le reprochen —como ya hicieron con Juan Pablo II y el episcopado español— la aceptación tácita de la Ley de 1985.
Esa tolerancia de hecho ante ésta y tantas otras realidades legislativas que van transformando la esencia de nuestra sociedad es, probablemente, la responsabilidad más grave de los jerarcas y de los católicos españoles que, salvo honrosas y minoritarias excepciones, han renunciado a cualquier consecuencia cultural y social de su fe. Solamente así se explica que, millones de ellos, se identifiquen con posiciones como las enunciadas desde el Partido Popular, fiel a la más estricta defensa de los supuestos planteados por los socialistas en la Ley del aborto de 1985… O acudan a manifestaciones promovidas por sedicentes pro-vida que evitan cualquier referencia clara en contra de la legislación abortiva vigente porque se oponen a la ampliación de la actual regulación pero aceptan esta última.
En el fondo, toda la casta política y los millones de españoles que la respaldan con sus votos, actúa al servicio del modelo político implantado en España a partir de 1978 y sostenido sobre cuatro pilares: la destrucción de la nación (autonomías), la destrucción de la familia (divorcio), la degradación cultural (leyes educativas) y la destrucción de la vida (aborto). El árbol se plantó entonces, ahora basta recoger sus frutos y lo único que admite una mínima disputa es quién habrá de llevarse la cosecha.

Si hay alternativa, únicamente será posible en la medida que tenga lugar la recuperación de la hegemonía cultural en la sociedad. Algo que implica la lucha por la Verdad ―que no se impone por sí misma― y la capacidad de generar instrumentos coercitivos que, al amparo de la ley, actúen como freno de las tendencias disgregadoras.