El Gobierno foral mostró ayer su rechazo a que el Parlamento tome en consideración dos proposiciones de ley que ha presentado su socio presupuestario, el PSN, una para modificar la ley foral de Salud y garantizar que en Navarra puedan practicarse abortos, y la otra para regular por ley el servicio de Salud Mental.
Además, según anunció el presidente del Gobierno, Miguel Sanz, el Ejecutivo estudiará si la reforma de la ley de Salud que proponen los socialistas vulnera el derecho de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, en cuyo caso intentarán recurrir dicha reforma ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno, recordó Sanz, ya ha anunciado su intención de recurrir la nueva ley estatal del aborto ante el citado tribunal, al considerar que se invaden las competencias que en materia de organización sanitaria tiene atribuidas Navarra. Si los servicios jurídicos del Gobierno entienden que también la reforma de la ley foral que propone el PSN puede vulnerar algún derecho recogido en la Constitución, el Gobierno emprenderá un nuevo recurso contra esta modificación legal, o bien lo añadirá al que ya prepara contra la ley estatal, explicó Sanz.
«La ley estatal es de obligado cumplimiento, pero lo que no pueden decirnos es cómo debemos cumplir la ley», señaló el presidente. «Nosotros hemos encontrado un mecanismo para cumplirla que, al mismo tiempo, respeta la objeción de conciencia de los profesionales», añadió. En cambio, criticó, la modificación legal que acaba de proponer el PSN «va en contra de la concertación de servicios» sanitarios que desarrolla el Gobierno. Sanz explicó que la proposición socialista «insta a la celebración de un concurso público» para la implantación de clínicas abortistas privadas en Navarra. Esto, censuró, «es una invasión» de las competencias del Gobierno foral.
Sanz quiso emplear un lenguaje claro y rechazó hablar de «interrupciones voluntarias del embarazo», término que consideró un «eufemismo»: «Lo que se interrumpe, se puede reanudar. Pero un aborto termina con una vida», señaló. Añadió que el Gobierno ha trabajado para que los navarros puedan contar con unos servicios sanitarios «que añaden vida a los enfermos y a las personas», pero que no permitirá la «implantación de servicios para ir en contra de la vida».
A pesar de las duras críticas del Partido Socialista en esta materia, Sanz rechazó considerarlas una «deslealtad» hacia el Gobierno. «El tema del aborto no ha sido nunca objeto de acuerdo» entre el Ejecutivo y los socialistas, «puesto que ambos sabemos que mantenemos en este asunto posturas opuestas», explicó el presidente. Por ello aprovechó para calificar de «frivolidad» la exigencia formulada recientemente por el PP para que el Gobierno reconsidere sus relaciones de consenso con el PSN por la postura que este último mantiene con respecto al aborto.
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