Unos padres de Cádiz valoran en 214.000 euros la vida de su hijo sano al que ellos decidieron abortar pensando que estaba enfermo.

La "victima del aborto" que por dos veces insistió en matar a su hijo enfermo, y que valora la vida del sano, asesinado por "error" en 214.000 euros

La siguiente historia es un compendio de horrores propiciados por la actual cultura de la muerte imperante en nuestra civilización:
Los servicios jurídicos de la asociación ‘El Defensor del Paciente’ han presentado una reclamación patrimonial por valor de 214.000 euros ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por la presunta negligencia llevada a cabo por un negocio de abortos de Sevilla concertada con el SAS, que practicó un aborto selectivo en una joven gaditana al mellizo que tenía sano en lugar del que presentaba una grave cardiopatía fetal incompatible con la vida.
En declaraciones a Europa Press Televisión, la madre que decidió cuál de sus hijos debía vivir y cuál no, natural de Cádiz, ha relatado que los hechos se remontan a 2008, cuando decidió que quería ser madre. Sus posibilidades de quedarse embarazada entonces eran escasas, motivo por el que inició una tratamiento para someterse a un proceso FIV (Fecundación In Vitro), llegando a soportar hasta ‘siete intentos de embarazo frustrado’.
Finalmente, en 2011, y al octavo intento, consiguió quedarse embarazada de gemelos, también por procedimiento FIV, si bien cuando estaba en la semana 20 de gestación el Hospital Puerta del Mar de Cádiz le diagnóstico que el segundo feto padecía una ‘cardiopatía fetal grave’, denominada ‘truncus arterioso’.
Esta patología es una malformación consistente en la existencia de una comunicación ventrículo-arterial única, que da origen a las arterias sistémicas, pulmonares y coronarias. El tronco arterial común se encuentra cabalgado entre ambos ventrículos y se asocia siempre a una comunicación intraventricular.
Este hecho, ha explicado la mujer entonces embarazada, provocaba que decidieran que no querían que viviese: ‘Por lo que mi marido y yo decidimos abortar al bebé enfermo por la mala calidad de vida que iba a tener y para que así el otro bebé sano cogiera más peso y creciera mejor’, ha precisado.
El aborto fue autorizado por el Comité de Interrupción Voluntaria del Embarazo del Hospital Puerta del Mar y la derivaron a una clínica privada de Sevilla concertada con el SAS. En diciembre de 2011, la gestante fue atendida por un ginecólogo, al que le aportaron toda la documentación que traían del Puerta del Mar sobre el feto que traía afecto de ‘truncus’.
‘Comentándole que el ginecólogo le había comunicado que era el segundo gemelo el que estaba enfermo, a lo que el médico le preguntó si era el de la izquierda o el de la derecha’, y a lo que la joven gaditana le contestó que ‘él era el médico’ y que lo desconocía pero que ‘estaría en la historia clínica que le entregaba’.
‘Entonces el doctor me hizo allí mismo una ecografía, y tras la misma, me dijo que ahora todo lo veía muy claro y que ya sabía cuál era el mellizo que estaba enfermo. Mi marido y yo le preguntamos hasta en cinco ocasiones que si lo tenía claro y el nos dijo que sí’, ha relatado Gema.
Acto seguido, realizó una fetolisis selectiva –pinchar con una aguja fina, larga, hueca, a través de la barriga– al supuesto gemelo enfermo para terminar con su vida.
Pese a ello, a su vuelta al Hospital Puerta del Mar de Cádiz, y tras una ecografía, ‘se percataron que habían pinchado al feto sano y que el feto con el problema del corazón seguía vivo en el interior. No me lo creía’.
La situación de la futura madre se tornó dramática. ‘Lloré muchísimo, me quería morir, después de tantos años intentándolo y de seis meses que estaba ya, no me podía creer que un médico cometiese este fallo tan gordo’, ha relatado angustiada Gema.
Al seguir portando en su interior un feto con una malformación congénita, y otro feto muerto en el interior del mismo, Gema, lejos de arrepentirse, solicitó de nuevo autorización al Comité Clínico de Interrupción Legal de la Gestación del Puerta del Mar para terminar con la vida de su otro hijo.
De esta manera, llegó a abortar a finales de enero de este año en otra clínica diferente de Sevilla, para finalmente, llegar a programarla el aborto de los dos fetos muertos.
A la vista de todos estos hechos, la que para algunos abortistas provida españoles sería una «victima del aborto» ha presentado una reclamación patrimonial por valor de 214.000 euros ante por una ‘grave negligencia médica’ por parte del primer negocio de abortos de Sevilla que mató ‘erróneamente’ al feto que no portaba la dolencia, y que tenía 20 semanas y un día de gestación en el momento de la intervención que ahora denuncian.
Con respecto a la cifra económica, Gema ha aclarado que nadie le puede pagar ‘el dolor tan grande’ por el que ha pasado. Mucho menos a ninguno de sus dos hijos a los que han matado. A su vez, ha precisado que con el dinero de la indemnización, en el caso de que el proceso le sea favorable, ‘todo será para pagar los costosos tratamientos a los que me quiero someter para volver a intentar ser madre’.
Además, los servicios jurídicos de Gema aluden a lo gravoso de este caso, por cuanto ‘era un bebé muy deseado después de ocho abortos frustrados’, a lo que agregan ‘la dificultad de quedarse embarazada en el futuro, no sólo porque en 2008 perdió una de las trompas de Falopio, sino porque en la actualidad cuenta con 36 años de edad y su edad fértil va decreciendo día a día’.

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Los abortistas muestran su «compromiso con los derechos de las mujeres»: Sin dinero no matarán más niños

Uno de los negocios abortistas que se queja de no recibir financiación pública

Los siete negocios abortistas que provocan abortos mediante convenio con el servicio de salud de Castilla-La Mancha (Sescam) dejarán de aceptar a partir de hoy mismo a las mujeres que lleguen derivadas del sistema público castellanomanchego. Los centros denuncian «reiterados incumplimientos en los pagos» de los abortos realizados desde la entrada en vigor de la ley del aborto, en julio de 2010, que supone la cobertura de este asesinato con cargo a la sanidad pública.
Los negocios de aborto Dator, El Bosque, Cire, Ginemur, Deia Médica, Iris y el Instituto Ginecológico Murcia hicieron público ayer un comunicado para anunciar la ruptura del convenio con el servicio de salud de Castilla-La Mancha. En él aseguran que dejarán de intervenir a las mujeres que lleguen con las órdenes de pago del Sescam. La deuda que tiene Castilla-La Mancha con estos centros supera ligeramente el millón de euros, aseguró ayer Luisa Torres, portavoz de las abortorios. Esta comunidad ha estado derivando a los centros de abortos provocados a unas 300 mujeres al mes, según sus datos.
Cuando se aprobó la nueva ley del aborto, que permite abortar sin control y de forma gratuita a las mujeres con gestaciones de hasta 14 semanas, Castilla-La Mancha sacó a concurso la prestación. El convenio se formalizó en marzo de este año, pero el servicio se venía prestando desde junio de 2010, asegura Torres. Ganaron estos siete negocios, que matan a los hijos de las madres abortistas de manera gratuita cuando llegan derivadas del sistema público y luego pasan la factura al Sescam.
«Castilla-La Mancha no ha pagado nunca; el incumplimiento es de más de un año y la situación de las clínicas se ha vuelto insostenible. No llegamos a esta situación sin haber intentado todo antes», asegura la portavoz. El gerente del Sescam, Luis Carretero, mostró ayer su «sorpresa» por el plante y aseguró que la primera petición de reunión que le consta es de agosto pasado. Sin embargo, las clínicas afirman que llevan meses tratando de llegar a una solución. Una carta enviada el 18 de julio alerta de la falta de pago y pide una entrevista, y otra del 9 de agosto avisa de que a partir del 15 de septiembre dejarán de realizar abortos gratuitos a mujeres derivadas del sistema público.
El Sescam acumula una deuda de 1.100 millones de euros con sus proveedores, señaló ayer Carretero. «Tenemos dificultades para pagar a estas clínicas como las tenemos con el resto de proveedores», aseguró. «Nuestra prioridad es ser equitativos con todos ellos». De este modo el político del Partido Popular deja meridianamente claro el compromiso abortista de su partido, que en ningún momento ha pretendido dejar de financiar la muerte de bebés, simplemente que no tiene recursos suficientes para hacerlo.
Carretero aseguró que su intención es ponerse de nuevo en contacto hoy con las clínicas para tratar de desbloquear la situación. «Claro que nos preocupa. Primero tenemos que comprobar si la postura es unánime y después ver cuánto tiempo va a durar», explicó. «Si vemos riesgo de que se prolongue, buscaremos vías alternativas», añadió el político del partido abortista. Lo que sea con tal de que siga habiendo abortos.
El pulso de los negocios de abortos llega después del que mantuvieron las farmacias con la Junta de Castilla-La Mancha por el mismo motivo, la falta de pago. Esta comunidad tiene un déficit de 2.252 millones de euros, según un informe reciente de la Sindicatura de Cuentas. El Gobierno castellanomanchego también debe julio y agosto a los 40.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia. Es la lamentable gestión del gobierno anterior del PSOE, y no la voluntad de no pagar con dinero público el asesinato de niños, lo que ha producido esta situación.

Alerta Mavarra lleva más de 5.000 firmas contra el negocio de matar niños de Ansoáin

La primera clínica abortista navarra está a la vuelta de la esquina. El Gobierno de Navarra va a permitir su apertura a la sociedad Cannaregio SL, dirigida por el mercader de lq muerte José Miguel Gurrea Bilbao, en Ansoáin, una población a las afueras de Pamplona. Los jóvenes de Alerta Navarra están recogiendo firmas para impedirlo. De momento llevan más de 5000
Pinchar en el enlace para firmar.

Cartel de Aleta Navarra anunciando a los vecinos de Ansoáin el negocio e la muerte que va a instalarse en su pueblo.

«El Ayuntamiento de Barcelona me pagó el aborto con Morín»

Reproducimos por su interés el siguiente artículo del periódico La Razón:

El cheque escolar es una reivindicación de una importante parte de la sociedad, al entender que ello contribuiría de manera más eficaz a garantizar la libertad de elección de centros escolares por los padres. Sin embargo, esa petición no ha tenido la más mínima acogida por parte de los distintos gobiernos. En cambio, otro tipo de ayudas sí parece que gozan del favor de algunas administraciones públicas, aunque sus destinos no sean otros que subvencionar abortos en algunas de las clínicas privadas del tan controvertido doctor Carlos Morín.
Claro ejemplo de ello lo reflejan, al menos, dos de las mujeres que declararon ante la Guardia Civil después de destaparse el escándalo de las presuntas irregularidades cometidas en esos centros médicos de Barcelona; testimonios que han permanecido secretos durante todos estos años para garantizar la identidad y seguridad de las afectadas y a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.
«Extendido por el Consistorio»
Una de estas mujeres –de la que este periódico no facilitará ningún dato– no tuvo reparos en confesar que recibió un cheque del Ayuntamiento de Barcelona, extendido ya a nombre de TCB, una de las clínicas de Morín, para que abortara allí, cuando ya se encontraba embarazada de 21 semanas y 5 días.
Previamente había confirmado que esperaba un hijo y ella estaba dispuesta a interrumpir el embarazo, por lo que acudió al médico y a la asistenta social del centro de asistencia que correspondía a su distrito. Allí mismo le facilitaron información sobre donde podía abortar.
Sobre el modo de pago por esa «operación» fue clara y rotunda: «Los servicios del Ayuntamiento de Barcelona, debido a las condiciones personales, estando la hija que posee tutelada por la Dirección General de la Infancia de la Generalitat, le facilitaron un cheque» por una cantidad que no recordaba, pero sí hizo constar que «estaba a nombre de la clínica privada TCB» , propiedad de Morín, y que del pago con dicho cheque no obtuvo ninguna justificación. Además de la cantidad que figuraba en ese talón «extendido por el Ayuntamiento» tuvo que pagar otros 200 euros en efectivo. El pago con el talón lo realizó a las dos semanas de abortar.
El departamento del Ayuntamiento donde le facilitaron el talón fue la sede del distrito de Ciudad Vella y los trámites para conseguir «la financiación de la interrupción del embarazo se los hizo una funcionaria» del Equipo de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. Además, tenía muy claro que cuando le dieron el «cheque del Ayuntamiento, sabía que era para realizar el aborto».
En ningún momento, aseguró al respecto, nadie del Ayuntamiento, de la Generalitat ni del Centro de Atención Primaria «le dijeron que el aborto era ilegal, ni tampoco en la clínica donde lo hizo».
En Tarrasa, un bono descuento
Pero Barcelona no es un caso único a la hora de prestar esa «ayuda social». En Tarrasa también ocurrió algo parecido con otra joven que fue a «Planificación Familiar» cuando verificó que estaba embarazada. Allí «la tranquilizaron» y la informaron de las «posibilidades de llevar a cabo» el aborto, dándole los nombres de dos clínicas.
Para ello, y como quiera que se encontraba «dentro de la edad que Planificación Familiar tiene previsto, le facilitaron un bono que le suponía una rebaja en el precio en la intervención que sufriese».
Ese mismo departamento le facilitó el teléfono al que debía llamar y allí le dijeron que podía acudir también a la clínica TCB de Morín. En ese bono ya ponía el precio que también debería abonar: 255 euros, que pagó en efectivo el día de la interrupción del embarazo.

«Turismo abortivo» en las clínicas de Morín

El criminal Morín en el momento de su detención

Francesas, holandesas o alemanas que en sus países no podían abortar no tuvieron problemas para hacerlo en una de las clínicas del polémico doctor Morín. El cauce de que en esos centros podían interrumpir sus embarazos les llegó por distintas vías, algunas incluso por los propios hospitales donde intentaron por vez primera acabar con la gestación.
También desde centros hospitalarios españoles se facilitaron tarjetas con los teléfonos de las clínicas de Morín, donde los obstáculos eran menos que mínimos, hasta el punto de que una situación de parto prematuro de un «niño esperado» de 28 semanas acabó en aborto.
Los testimonios de que en las clínicas TCB o Ginemedex se propiciaban una especie de «turismo europeo para abortar» proceden de las propias mujeres que interrumpieron allí sus embarazos, testimonios y diligencias a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. Así se ha dado la paradoja de que en el caso de la holandesa, que también tenía nacionalidad marroquí, la Fiscalía de su país abrió un procedimiento penal al considerarla sospechosa de «haber matado a un bebé que todavía no había nacido, visto que llevaba más de 22 semanas de embarazo», en concreto 27. Sin embargo, en la documentación incautada en la clínica figuraba que se encontraba de 22 semanas.
En relación con este caso, la investigación se inició después de que, en noviembre de 2007, un hermano del novio de la joven comunicase a la Policía que éste había «desaparecido» una semana y que, cuando regresó, comprobó cómo el embarazo «había desaparecido». Los agentes holandeses se pusieron en contacto con el joven, que argumentó que su novia dio a luz a un niño sin vida en un hospital. Esta versión no fue creída por la Policía, que se trasladó al centro en cuestión, descubriendo que había mentido. Esto fue determinante para iniciar la investigación. Dos policías visitaron a la obstetra que la atendía, que confirmó que en la última revisión se encontraba de 25 semanas y que todo era un «embarazo normal».
Las investigaciones determinaron que la chica viajó en noviembre hasta Barcelona para abortar, lo que, presuntamente, llevó a cabo en Ginemedex. También determinaron que había llamado desde Holanda a un número de Barcelona. La respuesta de las autoridades españolas confirmó que se practicó ese aborto en la clínica de Morín. Guardias Civiles que llevaban a cabo las investigaciones aportaron a la Justicia holandesa fotografías de una mujer que podía ser, por su aspecto, la aludida por la Fiscalía. En esas imágenes se observa a una pareja extranjera saliendo de Ginemedex y regresando a la misma pocas horas después. Finalmente, volvieron a salir y cogieron un coche con matrícula holandesa. «De las gestiones practicadas y de los datos obrantes en los documentos clínicos que obran en esta unidad, se sabe que (…) tuvo una interrupción de embarazo en la clínica Ginemedex de Barcelona».
De Francia también llegaban «clientes» que no pudieron interrumpir legalmente sus embarazos. Una de las chicas declaró ante la Policía Judicial gala, en respuesta a una comisión rogatoria cursada por la magistrada Elisabet Castelló, que cuando abortó estaba de «22 o 23 semanas».
Narró que en un primer momento se trasladó a una clínica de Gerona que conoció a través de internet y que fue allí donde le dieron la dirección de Ginemedex, donde le confirmaron que estaba de 24 semanas. Allí, sus padres pagaron 2.500 euros, sin recibir factura, y ella firmó «un buen número de documentos», pero que en ningún caso rellenó cuestionario alguno. Sobre si se entrevistó con algún psiquiatra, como exige la ley, la joven fue sincera: «No fui a ver a ningún psiquiatra porque yo no tenía problemas de ese tipo».
Otra joven francesa también puso fin a su embarazo en otra clínica de Morín. El motivo era que superaba el «tope de gestación» de 22 semanas. Primero, intentó abortar en un hospital de Dijon, acompañada de sus padres. Allí les dieron «folletos de clínicas que practicaban la interrupción voluntaria del embarazo hasta 24 semanas en Holanda y en España». En un principio, no recordaba el nombre de la clínica, pero luego identificó que se trataba de TCB. El mismo día que llegó le practicaron la interrupción, sin que firmase ningún documento. También afirmó que no fue atendida en ningún momento por algún psiquiatra. Otra joven alemana se trasladó a Barcelona para poner fin a su gestación en una clínica de Morín, aunque se acogió a su derecho a no declarar.

La Cataluña de CyU comienza a dispensar la píldora abortiva en los ambulatorios con el rechazo masivo de las mujeres y hasta de los abortistas.

Cataluña aplica desde el año 2001 un protocolo sobre la píldora abortiva, que hasta ahora han utilizado negocios de abortos privados y hospitales públicos y que este mes han empezado a dispensar ambulatorios de la comunidad por primera vez en España antes de las siete semanas de gestación.
El protocolo, fue acordado con las clínicas y ginecólogos catalanes tras la aprobación de la píldora RU-486 por parte de las cortes españolas en el año 2000, durante el gobierno de José María Aznar.
Titulado ‘Aborto farmacológico con RU-486 (Mifepristona) en el primer trimestre del embarazo’, el texto advierte de que la dispensación debe hacerse por un médico o una enfermera autorizada por éste, tras la firma de un consentimiento informado por parte de la paciente, la comprobación del embarazo de máximo 49 días mediante una ecografía vaginal y una analítica de sangre que incluya pruebas de coagulación.
A pesar de la iniciativa promuerte del gobierno catalán, un 90 por ciento de las mujeres rechazan la píldora abortiva antes de las siete semanas cuando se les ofrecen todas las vías posibles a seguir ante un embarazo no deseado, según revela un estudio iniciado en noviembre por el abortista, condenado por negligencia en un aborto, Santiago Barambio en su clínica Tutor Médica de Barcelona
En declaraciones a Europa Press, el también presidente de la asoción de negociantes del aborto (ACAI) ha remarcado que sólo escogen la citada opción un 10 por ciento de las mujeres, debido a la «incertidumbre e impredecibilidad» del proceso de expulsión del embrión que se puede producir dos y hasta cuatro días después.
Entre la semana siete y la ocho –el plazo máximo autorizado en Catalunya– se decantan por matar a sus hijos en gestación un 6,6 por ciento de las mujeres, siendo la gran mayoría las que optan por hacerlo mediante aspiración con sedación.
Desde el 1 de febrero, la píldora abortiva –la RU-486, hasta ahora sólo autorizada en hospitales– se ha empezado a administrar, en fase piloto, en seis centros de atención primaria (CAP) y de salud reproductiva y sexual, convirtiéndose Cataluña en la primera comunidad española que dispensa el aborto farmacológico en ambulatorios.
Tras el anuncio, Barambio, que puede ver amenazado si negocio si las mujeres acuden a matar a sus hijos mediante aborto químico a la seguridad social, decidió iniciar un estudio de consumo de la píldora, rebajando su precio a la mitad de lo que cuesta matar a un hijo mediante un aborto quirúrgico –oscila entre los 400 euros– y «por debajo de la competencia para ver si ello constituía un incentivo», en palabras del despiadado personaje que pretende incetivasr a las madres abaratando el coste por destruír a sus hijos.
«Ni así», ha sentenciado Barambio, para quien este fármaco provoca en un 40 por ciento de las ocasiones «efectos indeseados» como fiebre, tiritonas, náuseas, vómitos y diarrea.
En todos los casos, ha reseñado, también provoca «dolores tipo parto –provocados por las contracciones que pueden durar horas– y un sangrado superior al de una menstruación», por lo que es insuficiente el uso de una compresa, y en un 1% de los casos existe el riesgo de que el exceso de hemorragia haga indispensable una transfusión.
En el 70 por ciento de los casos, el dolor es «significativo o muy significativo», según refieren las mujeres sometidas al tratamiento en la citada clínica.
Lo más difícil de asumir para la mujer es la incertidumbre que provoca el no saber en qué momento se producirá el proceso de expulsión que, según el ginecólogo, podría llegar en casos excepcionales a los 20 días.
En cualquier caso, esta incertidumbre provoca «disfunciones sociales y de tipo laboral» porque la mujer no puede acudir a su puesto de trabajo de forma normal, puesto que no sabe en qué momento puede iniciar el proceso, para el que necesita ausentarse de cualquier cargo o actividad.
La metalidad promuerte de Barambio ve, a demás, un problema añadido en que, especialmente en mujeres jóvenes, que viven con sus progenitores y que quieren ocultar a toda costa esta decisión a sus familiares, sienten que este método genera una «falta de confidencialidad».

Nuevo caso de clínica de los horrores, ahora en EEUU.

El asesino Kermit Gosnell

Como ha ocurrido en España con los negocos abortistas que se han investigado (El Bosque, Isadora, EMECE, GINETEC, TCB, etc), cada vez que sale a la luz la realidad de las prácticas de los negocios abortistas, se descubre que se trata de auténticas salas de los horrores.
Así en Filadelfia, EEUU, Un informe masivo y repleto de fotografías, sometido a un gran jurado el pasado 14 de enero, detalla las escalofriantes prácticas de Kermit Gosnell, médico abortista Gosnell, que ganaba al menos 1,8 millón de dólares al año, gracias a los abortos que practicaba en Women’s Medical Society, en la ciudad de Filadelfia en el Estado de Pennsylvania en los Estados Unidos de América. Los empleados de su clínica han dado testimonio de que ellos han asistido en el parto a “cientos” de niños recién nacidos vivos que respiraban, antes de que sus médulas espinales o sus cuellos fueran cortados para completar el aborto.
Kermit Gosnell fue arrestado el miércoles por ocho cargos de asesinato. Uno de los cargos fue un aborto mal realizado que causó la muerte de Karnamaya Mongar, una refugiada de Nepal de 41 años de edad. Los otros siete cargos son por el asesinato fuera del útero de los niños. Después de que sus restos fueron descubiertos y analizados por la policía, se pudo determinar que habían nacido vivos y posteriormente matados.
El fiscal de distrito, el señor R. Seth Williams, diseminó el informe de 281 páginas, que sirvió de base para los cargos de asesinato en contra de Gosnell y nueve de sus asociados. Como parte del informe, se incluyeron las fotografías de algunas de las víctimas del señor Gosnell.
En el informe, el gran jurado comentó que varias agencias y grupos supieron de lo que ahora se conoce como “la tienda de horrores” de Gosnell, pero no hicieron nada al respecto. También proveyeron descripciones extremadamente detalladas de abortos mal realizados, abortos tardíos, e infanticidios, raramente vistos en documentos oficiales de un tribunal en el pasado.
“La ley del Estado de Pennsylvania requiere que los médicos provean el cuidado acostumbrado para los bebés vivientes fuera del vientre materno. En su lugar, Gosnell optó por cortarles sus cuellos y almacenar sus cuerpos en varios envases del hogar, como si fuesen basura,” se señala en el informe.
En el informe, se encuentran los testimonios detallados de personal de la clínica quienes dijeron que “la matanza de bebés grandes y en su etapa avanzada, quienes habían sido observados respirando y moviéndose era un evento común”, en la clínica sucia. Un trabajador de la clínica afirmó que tales situaciones ocurrían “cientos” de veces. Otra empleada, Tina Baldwin, le dijo a los miembros del jurado que el señor Gosnell una vez bromeó sobre un bebé que se estaba moviendo mientras le cortaba su cuello: “A esto se le llama un pollo con su cabeza cortada.”
Según lKareema Cross, también trabajadora de la clínica, Gosnell a menudo inyectaba digoxin a los bebés después de nacer, porque no era suficientemente diestro para matarlos dentro del útero. La inyección con digoxin es un método usado a menudo para los abortos tardíos.
En el informe se señaló que un empleado sin licencia, que trabajaba en la clínica, intentó justificar la práctica de Gosnell de cortarle las médulas espinales a los recién nacidos como si fuese un “aborto por nacimiento parcial.” El gran jurado concluyó que los dos procedimientos son distintos. El aborto por nacimiento parcial ocurre cuando se succiona el cerebro de la cabeza del bebé en el momento en que la cabeza del bebé todavía se encuentra dentro de la madre, lo que facilita la extracción de la cabeza. Sin embargo, las víctimas de Gosnell eran matadas “cuando era claro que no había una necesidad o una justificación médica para colapsar el cráneo.”
El día después de la muerte de Karnamaya Mongar, Gosnell había solicitado ser miembro de la Federación Nacional para el Aborto (National Abortion Federation/NAF), pero no cumplía con los requisitos. Aún cuando un empleado de la NAF pasó varios días en la clínica de abortos de Gosnell, enumerando varias violaciones, la NAF no lo denunció ante las autoridades, se señala en el documento.
“A pesar de los esfuerzos de engañarla, el evaluador de la NAF tomó nota de que los expedientes no se mantenían en orden, que los riesgos no eran explicados, que los pacientes no eran monitoreados, que el equipo monitor no estaba disponible, que la anestesia era mal administrada,” se lee en el informe. “Claro, rechazó la solicitud de Gosnell. Pero nunca le dijo a otros con autoridad sobre todas las cosas horribles y peligrosas que había visto.”
A la vez que se afirmo que “la inercia burocrática no es exactamente una novedad”, los miembros del jurado dijeron que, “Nosotros entendemos que la razón por la que nadie actuó de antemano es porque la mujeres en cuestión eran pobres y de color, porque las víctimas eran infantes sin identidad, y porque el tema era el balompié político del aborto.”
El grupo también reprendió de modo fuerte a las organizaciones reguladoras que miran a otro lado, dando así su aprobación a las prácticas criminales del señor Gosnell.
El grupo vkermit_gosnell_2.jpgigilante pro-vida, Operación Rescate (Operation Rescue), ha lanzado un llamado para una reformas masivas del modo que los abortistas y las clínicas de aborto sean tratadas por las agencias reguladoras a nivel nacional. Según ellos dicen, la tienda de horrores de Kermit Gosnell ciertamente no es la única clínica de aborto de su clase operando en los Estados Unidos de América.
“Operación Rescate hace un llamado para que se realicen inspecciones de emergencia de inmediato en cada clínica de aborto en la nación. Nosotros hemos dicho a menudo que si esto se hiciera, ninguna clínica de aborto permanecería abierta, porque todavía no hemos visto una sola de éstas que se adhiera a todas las leyes con las que tienen que cumplir”, asegura Troy Newman, Presidente de Operación Rescate.
“A la vez que se acerca el aniversario número 38 de Roe v. Wade (la decisión judicial estadounidense que despenalizó el aborto), es hora de que los americanos consideren lo que son los horrores del aborto y le exijan al gobierno que ponga fin a esta práctica barbárica para siempre.”

El PP paga el doble por matar niños que el PSOE

Manifestación contra el aborto ante el negocio abortista financiado por el PP

El partido político que a determinados sectores infiltrados en el movimiento provida interesa hacer aparecer como contrario al aborto acaba de dar una nueva muestra de su compromiso con esta práctica criminal legalizada.
Así, la Junta de Castilla y León, que gobierna cn mayoría absoluta el PP, ha licitado la ejecución de abortos en la provincia de León en 2011, destinando a este fin 208.086,30 euros. Para un total de 380 terminaciones de embarazo previstas, esto supone un precio unitario de 547,60 euros, que es justo el doble del precio al que los paga la Junta de Andalucía, gobernada por mayoría absoluta por el PSOE.
La licitación de esa cantidad fue publicada por la Gerencia de Salud de las Áreas de León mediante un pliego de cláusulas que lleva el número de expediente CA/22/2010 y que fue firmado el pasado 12 de noviembre por el jefe de división de Gestión Económica e Infraestructuras, Rafael Campano García.
Si en León la Junta presidida por Juan Vicente Herrera paga los abortos al doble de precio que en Andalucía, en la capital castellanoleonesa el precio se multiplica por 2,3.
El 14 de enero de 2010, la Consejería de Sanidad, cuyo titular es Francisco Javier Álvarez Guisasola, adjudicó a la clínica abortista Ginemédica la cantidad de 750.463 euros en concepto de “contratación de los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo para las pacientes beneficiarias de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid” entre 2010 y 2012.
Este contrato prevé la ejecución de 1.179 abortos en tres años, con un crecimiento del 24% desde los 352 previstos para 2010 a los 434 de 2012, y con un precio unitario medio de 636,50 euros.

Ex directora de clínica de abortos narra su conversión al catolicismo y causa pro-vida

«UnPlanned» (No planificado) es el libro en el que la activista Abby Johnson detalla cómo dejó su trabajo de directora de una clínica de abortos de la cadena Planned Parenthood (PP) para convertirse en defensora de la vida y abrazar la fe católica.
Johnson se convirtió en figura pública en noviembre de 2009 cuando un juez desechó una demanda de Planned Parenthood que pretendía silenciarla. La prensa estadounidense divulgó su sorprendente cambio y hoy su testimonio le permite salvar vidas de no nacidos en todo el país.
A pesar de los problemas legales y ataques personales de sus ex empleadores, Johnson narra su historia completa en el libro publicado por Ignatius Press y de venta en librerías locales desde el 11 de enero.

En el volumen, explica por qué dejó la industria del aborto para formar parte del movimiento pro-vida, rechazar incluso la anticoncepción y abrazar la fe católica.
Johnson comenzó como voluntaria en PP y llegó a dirigir la clínica de abortos Bryan/College Station, Texas (Estados Unidos).
Ella misma se sometió a dos abortos y sufría en silencio mientras sus empleadores le exigían alcanzar cuotas de abortos en la clínica y aceptaba sin cuestionamientos la ideología de PP sobre el falso «derecho al aborto».
Lo que suscitó su conversión fue la experiencia de ver en un monitor de ultrasonido cómo abortaron a un no nacido de 13 semanas.
Le pidieron que asistiera un aborto debido a escasez de personal en septiembre de 2009. Esos minutos cambiaron su vida para siempre. Ella pensaba que el bebé era incapaz de sentir algo con tan pocas semanas de concebido pero vio cómo se retorcía y huía del tubo que lo aspiraba.
«Luego se desplomó y comenzó a desaparecer dentro de la cánula ante mis ojos», recuerda Johnson y agrega que lo último que vio fue «cómo su pequeña espina dorsal, perfectamente formada era succionada por el tubo, y luego ya no estaba ahí».
En una entrevista con ACI Prensa el 11 de enero, Johnson señaló que dejó su trabajo y se unió al movimiento pro-vida para ayudar a las mujeres a entender la verdad sobre el aborto y no para convertirse en una figura pública. Fue PP y no la Coalición por la Vida, movimiento que la acogió, la que la llevó a publicar su historia.
La trasnacional abortista abrió una batalla legal contra Johnson para que no hablara de su ex trabajo y fue la organización anti-vida la que llevó su caso a la prensa.
«Esto no es lo que planeé para mi vida. Pero Dios lo preparó para mí y sería incorrecto alejarse de algo que Él ha querido para mi vida», sostiene Johnson y asegura que junto a su esposo han crecido en su fe durante todo este año y se preparan para entrar en la Iglesia Católica.
Uno de los últimos obstáculos que encontró en el curso de su conversión al catolicismo, fue aceptar la enseñanza de la Iglesia sobre el control de la natalidad, pero estudiar con «mente abierta» la «Teología del Cuerpo» de Juan Pablo II y otras fuentes de enseñanza de la Iglesia, junto a una experiencia personal mientras rezaba en un iglesia, la hizo comprender la plenitud de la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad.

El negocio del aborto marcha viento en popa.

En plena crisis económica y con graves dificultades para acceder al crédito, la multinacional del aborto más poderosa del mundo, IPPF, que cuenta con el apoyo financiero del gobierno abortista de los EEUU ha adquirido un nuevo cuartel general para la Región del Hemisferio Occidental.
En este caso estamos hablando de unas oficinas que ocupan toda la novena planta de un edificio situado en el número 125 de Maiden Lane, propiedad de Empire State Development Corp., donde los trabajadores de las oficinas centrales de IPPF en los Estados Unidos pasarán a ocupar una oficina de 2.380 metros cuadrados por cuya adquisición la multinacional para la que trabajan ha pagado 8.967.700 dólares. (3.768 dólares por metro cuadrado).
El caso ha despertado el interés de los analistas financieros, pues en este caso se trataría de una de las mayores adquisiciones inmobiliarias realizadas por una “entidad sin ánimo de lucro” durante el pasado año y en la ciudad de Nueva York. Para Suzanne Sunshine, experta en transacciones inmobiliarias “resulta extraño que hoy en día una organización sin ánimo de lucro adquiera sus oficinas, pues ni los bancos ni el gobierno proporcionan la clase de financiación necesaria para ello”.
Para que los nuevos inquilinos se sientan como en casa, resultará -¡Oh, feliz casualidad!- que los pro aborto de IPPF/WHR van a tener como vecinos en el mismo edificio a los trabajadores del tambien pro-aborto Guttmacher Institute, así como al U.S. Fund for UNICEF. Y por si en algun momento les asalta la depresión, todo está contemplado: el edificio cuenta con una espléndida azotea cubierta y ajardinada donde podrán hacer deporte en un gimnasio totalmente equipado desde el que disfrutarán de unas magníficas vistas.
Por lo que se ve, es innegable que en los Estados Unidos los pro aborto cuentan con unas instalaciones que ya quisieran para sí las organizaciones Pro-Vida norteamericanas -¡no digamos las españolas!- y es que en este caso volvemos a comprobar lo de siempre: El aborto, esto es, la aniquilación de la vida humana inocente e indefensa, ha acabado convirtiendose en un negocio particularmente rentable, y a la vista queda.