El gobierno filtra un supuesto descenso en el numero de abortos sin tener datos oficiales

El gobierno socialista por medio de su titular de sanidad, Trinidad Jiménez, a filtrado a su prensa afín que el numero de asesinatos de bebés durante 2009 fue ligeramente inferior al de 2008.
Pese a que las comunidades autónomas no transfieren los datos al Ministerio de Sanidad hasta octubre y este los hace públicos entre noviembre y diciembre, los datos de los negocios abortistas y de los provisionales de 3 regiones españolas han servido para que el gobierno proclame que gracias a poner en riesgo la vida y la salud de decenas de miles de adolescentes con el reparto irresponsable y sin control de 400.000 dosis de píldora abortiva, se ha reducido la cifra en 3.000 abortos.
Mención especial merecen las declaraciones del representante de los aborteros, el condenado por daños a una mujer a la que realizó un aborto, Santiago Barambio, el cual, sin el menor pudor reconoce que en 2009 se abortaba en España sin ningún tipo de límite y completamente fuera de los supuestos entonces legales al afirmar que los datos que se tienen hasta ahora no distinguen las causas de estos abortos «y es muy diferente un embarazo no deseado al aborto por enfermedad de la madre o malformación del feto».
En teoría, el aborto por embarazo no deseado no estaba permitido en España en las fechas a las que se refiere el dato. Una confirmación mas de la impunidad de los delincuentes del aborto en España.

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Un abortorio cerrado por irregularidades graves se inventa una comercialozadora para seguir matando bebés

El abortorio Mayrit continúa funcionando por causa del desinterés de la Comunidad de Madrid en aplicar las sanciones

El abortorio Mayrit fue sometida a una severa inspección de los servicios de Sanidad de la Comunidad de Madrid en diciembre 2007. En dicha inspección se detectaron varias deficiencias estructurales como “deficiencias de equipamiento y falta de instalación de vacío, así como superficie no adecuada en el área de reanimación”. Además, se detectaron deficiencias de funcionamiento. Los inspectores encontraron un paquete de historias clínicas de los dos meses anteriores marcadas para ser destruidas cuando la ley obliga a mantener las historias clínicas durante al menos cinco años. Los inspectores también encontraron un paquete de informe de psiquiatría firmado por la médico psiquiatra en blanco. El País en su momento informó que según Sanidad, Mayrit “suponía un riesgo inminente y grave para la salud de las personas”.
Como consecuencia de aquella inspección, el 13 de diciembre de 2007, la Dirección General suspendió las actividades abortistas quedando como un mero centro ginecológico y de planificación familiar. Además, la Comunidad de Madrid elevó los resultados de la inspección al juzgado de guardia que remitió las actuaciones al juzgado nº 8 de Madrid, quien a su vez se inhibió a favor del 35, cuya titular era Gema Gallego, posteriormente nombrada consejera del CGPJ.
Finalmente, el juzgado archivó la causa en septiembre de 2008 y el asunto terminó en vía muerta. Mal. Porque la Comunidad de Madrid había acordado “suspender las actuaciones administrativas hasta que el juzgado resolviera sobre los hechos”. El juzgado resolvió, pero la Comunidad de Madrid, no continuó. ¿Por qué?
No sólo eso, sino que en lugar de continuar las actuaciones, Mayrit se crea una carcasa comercial, Sergine,una sociedad constituida en abril de 2010 y que tiene como objeto social dar cobertura comercial al centro de abortos Mayrit, constituida hace 19 años, como nos recuerdan en la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Tanto la sede social como el teléfono de Sergine y Mayrit coinciden. ¿Casualidad? Todo parece apuntar a que se trata de una continuidad del negocio, pero con cambio de nombre para lograr pasar los filtros de la consejería y colarse en el sobre informativo que la Comunidad de Madrid entrega a las mujeres que quieren abortar según lo establecido en la nueva Ley Aído. Una prueba más, junto con el «olvido» de la Comunidad de aplicar las sanciones administrativas al abortorio Isadora de que como dice la presidente de la Comunidad»Madrid cumple todas las leyes», pero no aplica las que sancionan a los abortistas.