Posts Tagged ‘negocios abortistas’

Los abortistas muestran su “compromiso con los derechos de las mujeres”: Sin dinero no matarán más niños

septiembre 22, 2011

Uno de los negocios abortistas que se queja de no recibir financiación pública

Los siete negocios abortistas que provocan abortos mediante convenio con el servicio de salud de Castilla-La Mancha (Sescam) dejarán de aceptar a partir de hoy mismo a las mujeres que lleguen derivadas del sistema público castellanomanchego. Los centros denuncian “reiterados incumplimientos en los pagos” de los abortos realizados desde la entrada en vigor de la ley del aborto, en julio de 2010, que supone la cobertura de este asesinato con cargo a la sanidad pública.
Los negocios de aborto Dator, El Bosque, Cire, Ginemur, Deia Médica, Iris y el Instituto Ginecológico Murcia hicieron público ayer un comunicado para anunciar la ruptura del convenio con el servicio de salud de Castilla-La Mancha. En él aseguran que dejarán de intervenir a las mujeres que lleguen con las órdenes de pago del Sescam. La deuda que tiene Castilla-La Mancha con estos centros supera ligeramente el millón de euros, aseguró ayer Luisa Torres, portavoz de las abortorios. Esta comunidad ha estado derivando a los centros de abortos provocados a unas 300 mujeres al mes, según sus datos.
Cuando se aprobó la nueva ley del aborto, que permite abortar sin control y de forma gratuita a las mujeres con gestaciones de hasta 14 semanas, Castilla-La Mancha sacó a concurso la prestación. El convenio se formalizó en marzo de este año, pero el servicio se venía prestando desde junio de 2010, asegura Torres. Ganaron estos siete negocios, que matan a los hijos de las madres abortistas de manera gratuita cuando llegan derivadas del sistema público y luego pasan la factura al Sescam.
“Castilla-La Mancha no ha pagado nunca; el incumplimiento es de más de un año y la situación de las clínicas se ha vuelto insostenible. No llegamos a esta situación sin haber intentado todo antes”, asegura la portavoz. El gerente del Sescam, Luis Carretero, mostró ayer su “sorpresa” por el plante y aseguró que la primera petición de reunión que le consta es de agosto pasado. Sin embargo, las clínicas afirman que llevan meses tratando de llegar a una solución. Una carta enviada el 18 de julio alerta de la falta de pago y pide una entrevista, y otra del 9 de agosto avisa de que a partir del 15 de septiembre dejarán de realizar abortos gratuitos a mujeres derivadas del sistema público.
El Sescam acumula una deuda de 1.100 millones de euros con sus proveedores, señaló ayer Carretero. “Tenemos dificultades para pagar a estas clínicas como las tenemos con el resto de proveedores”, aseguró. “Nuestra prioridad es ser equitativos con todos ellos”. De este modo el político del Partido Popular deja meridianamente claro el compromiso abortista de su partido, que en ningún momento ha pretendido dejar de financiar la muerte de bebés, simplemente que no tiene recursos suficientes para hacerlo.
Carretero aseguró que su intención es ponerse de nuevo en contacto hoy con las clínicas para tratar de desbloquear la situación. “Claro que nos preocupa. Primero tenemos que comprobar si la postura es unánime y después ver cuánto tiempo va a durar”, explicó. “Si vemos riesgo de que se prolongue, buscaremos vías alternativas”, añadió el político del partido abortista. Lo que sea con tal de que siga habiendo abortos.
El pulso de los negocios de abortos llega después del que mantuvieron las farmacias con la Junta de Castilla-La Mancha por el mismo motivo, la falta de pago. Esta comunidad tiene un déficit de 2.252 millones de euros, según un informe reciente de la Sindicatura de Cuentas. El Gobierno castellanomanchego también debe julio y agosto a los 40.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia. Es la lamentable gestión del gobierno anterior del PSOE, y no la voluntad de no pagar con dinero público el asesinato de niños, lo que ha producido esta situación.

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La Fiscalía ve indicios de delito en un negocio abortista

noviembre 29, 2010

La Fiscalía de Cádiz ha denunciado ante el Juzgado que un abortista vulnera la normativa vigente al firmar el dictamen previo un especialista que no ha intervenido en el examen y valoración de la paciente. El fiscal considera que hay indicios de que eso supone un delito de falsedad en documento público. La denuncia de la Fiscalía salpica a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía al señalar que ha detectado una “inactividad grave” por parte de ese organismo ante las irregularidades en la clínica halladas por un inspector médico. Salud estaría en este caso “rozando la prevaricación omisiva”, indica el fiscal.
El asunto ya está en manos de un Juzgado de la capital gaditana que en breve comenzará a tomar declaraciones para tratar de esclarecer si, tal como sospecha la Fiscalía, hay motivos para sentar a algún responsable en el banquillo. Eso es algo que decidirá el juez tras la investigación solicitada por el fiscal.
La denuncia de la Fiscalía se apoya fundamentalmente en un informe realizado por un inspector médico que detectó varias irregularidades en el modo en que la clínica denunciada realiza la eliminación de bebés solicitadas por las madres de éstos.
Una de las clientes de la clínica presentó el año pasado una reclamación contra ese centro médico y la Delegación Provincial de Salud se la remitió a la Inspección de Servicios Sanitarios. Tras las oportunas actuaciones, un inspector elaboró un informe que describía una serie de anomalías detectadas en la clínica y las posibles infracciones cometidas por el centro médico en cuestión.
La Delegación de Salud pidió después al inspector que profundizase en la investigación sobre la posibilidad de mala praxis o incumplimiento de los derechos del paciente que pudieran haberse producido en el caso de la paciente que presentó la reclamación. Entonces, el inspector comunicó de nuevo con la clínica y le requirió al gerente documentación que no había sido aportada anteriormente.
La clínica se financia con el dinero de todos los andaluces, puesto que tiene suscrito con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) un concierto para la gestión del Servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo de menos de doce semanas y que no implique alto riesgo. El inspector visitó la clínica en julio del año pasado y después realizó un nuevo informe.
En octubre de 2009, el inspector decidió acudir a la Fiscalía de Cádiz porque consideró que el expediente administrativo incoado en virtud de la queja efectuada por la paciente que presentó la reclamación se encontraba paralizado y que la Delegación de Salud no le había dado el cauce administrativo solicitado.
Esto es, el inspector estimó que, tal como apunta la Fiscalía en su denuncia, había una inactividad grave por parte de la Delegación de Salud. A su juicio, la Administración sanitaria no había dado los pasos que debía tras conocer su segundo informe y la conclusiones detalladas en él.
El informe concluye, entre otras cuestiones, que hay un incumplimiento de la clínica inspeccionada del concierto suscrito con el SAS para practicar abortos. Que ha habido una ampliación en la oferta asistencial y también bajas y nuevas incorporaciones de personal sanitario que presta servicios en la clínica sin que hayan sido comunicadas reglamentariamente ni aprobadas por la autoridad sanitaria competente. También que hay indicios racionales de incumplimiento de la ley de incompatibilidades por parte de un médico.
El inspector agrega en las conclusiones de su informe que hubo obstrucción a la función inspectora por parte de los responsables de la clínica: resistencia a suministrar documentación médica y negativa absoluta a facilitar los datos personales de pacientes. El inspector anota en este apartado de las conclusiones que pudo observar catorce historias clínicas de las que no posee constancia documental.
El informe del inspector explica también que encontró indicios racionales de irregularidades e incumplimiento de la normativa vigente en lo referente al profesional sanitario que debe emitir el dictamen preceptivo previo a la realización del aborto y el diagnóstico que debe figurar en ese documento. Hay motivos para afirmar, señala el inspector, que es cumplimentado por una médico general cuya titulación no la habilita para hacerlo porque carece de cualificación como especialista. Hay también indicios de falsedad en documento público, agrega el inspector, por parte de un médico que firma todos los dictámenes pese a no existir constancia de que haya realizado personalmente la oportuna revisión médica a las pacientes. El inspector propuso en su informe la resolución del concierto con la clínica.

El gobierno filtra un supuesto descenso en el numero de abortos sin tener datos oficiales

septiembre 14, 2010

El gobierno socialista por medio de su titular de sanidad, Trinidad Jiménez, a filtrado a su prensa afín que el numero de asesinatos de bebés durante 2009 fue ligeramente inferior al de 2008.
Pese a que las comunidades autónomas no transfieren los datos al Ministerio de Sanidad hasta octubre y este los hace públicos entre noviembre y diciembre, los datos de los negocios abortistas y de los provisionales de 3 regiones españolas han servido para que el gobierno proclame que gracias a poner en riesgo la vida y la salud de decenas de miles de adolescentes con el reparto irresponsable y sin control de 400.000 dosis de píldora abortiva, se ha reducido la cifra en 3.000 abortos.
Mención especial merecen las declaraciones del representante de los aborteros, el condenado por daños a una mujer a la que realizó un aborto, Santiago Barambio, el cual, sin el menor pudor reconoce que en 2009 se abortaba en España sin ningún tipo de límite y completamente fuera de los supuestos entonces legales al afirmar que los datos que se tienen hasta ahora no distinguen las causas de estos abortos “y es muy diferente un embarazo no deseado al aborto por enfermedad de la madre o malformación del feto”.
En teoría, el aborto por embarazo no deseado no estaba permitido en España en las fechas a las que se refiere el dato. Una confirmación mas de la impunidad de los delincuentes del aborto en España.

Los abortistas acusan a Google de poner en grave riesgo la salud y los derechos de las mujeres españolas

mayo 5, 2010

Google no quiere anunciar el negocio de quienes se lucran descuartizando niños.

Treinta negocios del aborto han iniciado un conflicto contra Google por la política del buscador de vetar sus anuncios al entender que pueden plantear problemas legales.
van a solicitar la mediación del Ministerio de Igualdad para que convenza a Google de que ponga fin a esta “política discriminatoria”, y levante la prohibición que pesa sobre estos centros clínicos de anunciarse en su servicio AdWords, los anuncios que aparecen cuando un usuario realiza una búsqueda por palabras relevantes, informaron fuentes de las clínicas.
Además, la representación legal de estos mercaderes del aborto estudia reclamar a la Comisión de la Competencia un posible abuso de posición dominante, por considerarn que el veto de Google es más relevante que el de cualquier otro soporte publicitario, al controlar en torno el 80% de la publicidad online en España. Tampoco descartan otras acciones legales si no son suficientes las gestiones con Igualdad, con cuya secretaria general, Isabel Martínez, se reunirán el próximo día 12.
El conflicto se inició cuando Google remitió a 7 abortorios (Centro Médico Eira, Centro Pacífico, Clínica Arce, Clínica Ginecológica Callao, Clínica Isadora, EMECE y Ginetec) recibieron una comunicación de Google AdWords, en las que se les indicaba que se bloqueaba su petición, porque la política del buscador impide anunciar webs que “promocionen servicios de aborto” que vayan dirigidos a 15 países, entre los que se encuentra España. Hay que destacar lo acertado de la política de Google, ya que 3 de los siete negocios abortistas citados han sido investigados por cometer abortos ilegales.
El 24 de abril, los abogados de las clínicas remitieron un burofax a Google lleno de tópicos y mentiras abortistas en el que le pretendías intimidar a la compañia para cambiar su política. “Con la aplicación de modelos morales ajenos a nuestra legislación, unido al hecho de que su buscador es referencia en nuestro país, se está no sólo infringiendo las citadas normas sino que se está poniendo en grave riesgo la salud y los derechos de las mujeres españolas”.
Se olvidan los negociantes de la muerte de que en España existe un sistema nacional de salud, con cobertura universal y relativamente eficaz, que es quién garantiza la atención a las mujeres españoles, así como a extrangeras, e incluso a los hombres, cuya salud esté amenazada o afectada, pero que en ningún caso es un riesgo para la salud el que no se anuncie el negocio de quién se lucra descuartizando bebés.

Cinco jóvenes de la plataforma ‘Bebé-Aído’ se concentran ante una clínica para pedir que cambien de actividad

diciembre 29, 2009

Reprodución a escla real de un bebé de 12 semanas.

Cinco jóvenes de la plataforma ‘Bebé-Aído’ se concentraron hoy frente a ‘Proclínica Retiro’, un centro abortista que abrirá sus puertas próximamente, para “felicitar” la Navidad y pedir que “cambien de actividad”, dedicándose a otra orientada a la salud y que “no dañe a las personas”, “ni se lucre del sufrimiento de la madre”.
Así, los miembros de la organización colgaron un cartel en la puerta de la clínica que decía ‘Bebé-Aído les desea Feliz Navidad y que en 2010 cambien de actividad’. La portavoz de la plataforma, Beatriz Molina, pidió para el año nuevo que se dejen de abrir clínicas abortistas, que se apueste por el derecho a la vida, ofreciendo opciones dignas y ayudando a las madres, y que “pare la Ley del Aborto”, pues este hecho “debe ser considerado delito”.
Precisamente, para ella el 2009 ha sido un año negativo porque ha salido adelante la reforma de dicha ley, que la califican como injusta, pero también considera que en los últimos doce meses la gente se ha concienciado más sobre este tema y se ha posicionado más a favor de la vida. “La gente no sabía lo que realmente significaba un aborto”, concluyó en declaraciones a Europa Press.
Asimismo, a la concentración llevaron tres pancartas que decían ‘Provida digna, sin hambre, ni mentiras’, ‘Salvad a hambrientos, más que a difuntos o fetos, negocios de fariseos’, ‘Abortad el hambre, fariseos’.
En las inmediaciones de la clínica ofrecieron a la gente que pasaba muñecos que simulaban un feto de doce semanas, de los cuales ya han repartido 100.000 y esperan doblar la cifra en los próximos meses. La plataforma tiene previsto acudir a todas las clínicas abortistas de Madrid en los próximos días para pegar carteles que pidan un “cambio de actividad”.

El próximo sábado es 25-V

julio 23, 2009

El próximo sábado es, de nuevo 25-V. Los abortistas y negociantes del aborto están muy nerviosos por este pequeño esfuerzo que llevamos a cabo desde hace varios años. Hasta el punto de haber intentado prohibirlas. Manifiesto por la Vida, y el resto de asociaciones convocantes no vamos a ceder ante las amenazas y presiones de quienes se enriquezen traficando con la destrucción de la vida humana.
Por esto, porque supone sólo un pequeño esfuerzo, pero que está consiguiendo grandes frutos, inistimos en invitaros a todos a participar en las veladas.

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Protestas ante unas jornadas para promocionar el aborto

mayo 22, 2009

arton1748-552de Con el patrocinio de dos de los principales negocios abortistas de la capital, Dator y la denunciada por delitos de aborto Isadora, que la Comunidad de Maadrid se niega a cerrar, investigar, ni presentarse como acusación en su contra, la Federación Estatal de Planificación Familiar (nombre que oculta a una asociación radical promotora de la cultura de la muerte), ha organizado unas jornadas contra la vida de los más indefensos.
Dichas jornadas, que tienen lugar en la calle Eloy Gonzalo nº 10 de Madrid, en la Fundación ALTADIS.
La realización de dichas jornadas ha provocado protestas por parte de los defensores de la Vida. Ayer se dieron cita militantes del grupo político social cristiano Alternativa Española para mostrar su repulsa ante este acto siniestro de promoción de la muerte.
Hoy es la asociación Unidos por la Vida la que convoca a la protesta, ante las puertas del lugar en que este aquelarre de negociantes de la muerte, y enemigos de la vida tendrá lugar.

La convocatoria es a las 8 de la tarde, bajo el lema “Abortistas, vuestras víctimas os juzgarán”.

Manifiesto por la Vida apoya esta protesta por la vida, y anima a todos nuestros lectores de Madrid a que participen en ella.

El negocio de las clínicas abortistas supera los 50 millones de euros

marzo 16, 2009

GAdor Joya, representante de la plataforma Derecho a Vivir

GAdor Joya, representante de la plataforma Derecho a Vivir

Reproducimos por interés este artículo aparecido recientemente en el diario digital El Imparcial

Los datos oficiales de 2007 dicen que en España se realizaron más de 112.000 abortos, el 97 por ciento en centros privados. Como abortar en nuestro país cuesta entre 400 y 600 euros, la cuenta es fácil y el resultado sobrecogedor: las clínicas abortistas ganan más de 50 millones de euros al año con estas intervenciones.

Las cuentas oficiales de 2007, que es último año del que se tienen datos, revelan que en España se realizaron más de 112.000 abortos, aunque la portavoz de Derecho a Vivir (DAV), Gádor Joya, ha explicado a EL IMPARCIAL que “se calcula que puede doblarse esta cifra, ya que hay muchísimos abortos ilegales que se cobran en B”.
Abortar en nuestro país cuesta entre 400 y 600 euros, pero la también portavoz de Hay Alternativas matiza que “si la cliente/paciente se encuentra en un estado más avanzado pueden llegar hasta los 3.000 euros por los abortos tardíos, como cobraban en la clínica del médico Carlos Morín”, en la que se realizaban abortos ilegales hasta el octavo mes de gestación.

50 millones de beneficio
Conocidos estos datos, la cuenta es fácil: el negocio de las clínicas abortistas en España por unas intervenciones que denominan Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) supera los 50 millones de euros al año. La cifra se tornaría en escandalosa si calculáramos que los informes oficiales manifiestan que desde que se despenalizó parcialmente el aborto en 1985 se han realizado 1,1 millones de abortos.

Legalidad de los centros
Aun así, la portavoz de DAV considera importante recalcar que hablamos de cifras oficiales: “Esto es lo que declaran, pero hay muchísimas mujeres a las que se cobra en negro. Por eso muchas veces se han encontrado en contenedores fetos e historias clínicas de mujeres que han abortado y que no son declaradas”.

Negocio seguro
Además, el negocio está asegurado porque el 97 por ciento de los abortos que se realizan en nuestro país se practican en centros privados. Gádor Joya tiene muy claro por qué tan sólo el 3 por ciento se realizan en clínicas públicas: “Esto es así porque en la Sanidad pública se intenta cumplir la ley, no se quiere caer en fraude de ley y se intenta que las mujeres que aborten se ajusten a algunos de estos tres supuestos y a los requisitos que se precisan para poder abortar”.
Para la representante de Derecho a Vivir, “como los centros privados son un negocio pasan mucho más por alto todos estos requisitos. Se asume por tanto que en los centros públicos abortan las mujeres que cumplen la ley al cien por cien”.
Por otra parte, muchas de estas clínicas abortistas incumplen la ley para no perder clientes y acrecentar así su negocio. Gádor Joya explica que “tiene que haber un informe por un psiquiatra independiente, pero nos encontramos con que muchas veces estos psicólogos y psiquiatras son parte implicada, es decir, son socios de los centros abortistas”.
Denuncia que “este es el fraude de ley que se comete porque en realidad no se examina a la mujer desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. Muchas mujeres declaran que no les han preguntado nada, tan sólo que si duerme bien”.

Al respecto, la portavoz de DAV añade que “se incumple sistemáticamente el real decreto 20/49 que es el que regula el funcionamiento de los centros habilitados para abortos, que te obliga a que te informen: consentimiento informado, efectos secundarios, consecuencias físicas y psicológicas y alternativas. Todo esto no lo cuentan porque corren el riesgo de que la mujer decida no abortar”.

Las cifras se van a disparar
De esta forma, Gádor Joya señala que “por mucho que digan nuestros gobernantes que abortar es un drama y que nadie desea que aborten, la ley que pretenden sacar adelante va a disparar la cifra de abortos en España”.
La representante de esta plataforma pro vida lo argumenta así: “En España, con la legislación que tenemos, aborta quien quiere y siempre tienen que pagar, pero si encima se liberaliza y se convierte en un derecho en el que nadie tiene alegar ningún supuesto hasta la semana 14 (como en la foto), esto, lógicamente, va a disparar el número de abortos y no va a solucionar el problema”.

Al menos 11 clínicas abortistas de la lista del ministerio no son empresas

febrero 18, 2009

Siguiendo con la serie de artículos publicados en La Gaceta sobre el negocio del aborto, reproducimos el tercero de ellos y más reciente hasta el momento:

A diferencia de Madrid, donde un solo grupo (Dator) acapara el negocio del aborto, y de Levante, donde los abortistas se mueven ideológicamente a sus anchas, en el norte de España no hay fuertes grupos abortistas y bastantes clínicas simplemente no existen como empresas. Fuera de estas grandes áreas, existen dos grupos abortistas relevantes en Andalucía y otro en Murcia.
Entre las clínicas que el Ministerio de Sanidad cita en la lista de las que hicieron abortos en 2007, al menos 11 no son empresas. Faos, en La Coruña, es un teléfono que no responde. En Pontevedra no existe ninguna Clínica Climent, sino un doctor Antonio Climent Arigo, que trabaja a tiempo completo en el Hospital Povisa de Vigo, donde aseguran que no hacen abortos. La Clínica Cire de Ciudad Real es un “consultorio ginecológico” sin empresa. Lo mismo pasa con el del “Doctor Prada” en Guipúzcoa, la Clínica “Sirona” de Gijón, el “Centro Ginecológico Dr. Echevarría” en Álava, la asociación Centre Mèdic Les Corts de Barcelona (aparentemente vinculada a la clínica abortista Adàlia de Gerona), el Centre Mèdic Giness (Dr. Eizaguirre) en la misma Ciudad Condal, el Centro Ginecológico Levante (en Alicante y Elche, sin empresa ni correo electrónico). Por último, en Cádiz y Granada cita el ministerio un “Centro Ginecológico” y una “Clínica Ginecológica” que, sin más datos, es imposible identificar.
Para disimular las clínicas de abortos, una modalidad menos drástica es la de poner en la lista del ministerio un nombre distinto al comercial. Multimédica-Centro, de Salamanca, se llama por ejemplo Barromarco SL. El Centro Ginecológico Scala 2000 de Málaga se llama 2004 Ginecenter SL. La que aparece como Clínica Medina-Azahara se llama en realidad Clínica Ginecológica Córdoba SL. El Centro Médico o Clínica Guadiana (que realiza abortos en Badajoz) es en realidad la Clínica Los Arcos. Lo que en Vizcaya llama el ministerio Clínica Ginecológica Carlton, aparece en el Registro Mercantil como Ortodoncia Carlton. La Clínica Quirúrgica Actur de Zaragoza se llama Unidad Aragonesa de Salud SL, si bien ésta y otras empresas del grupo Dator (la misma Partner Line SL) al menos tienen registrado como marca el nombre que dan al ministerio.

Por último, hay quien recurre a inscribirse bajo fórmulas distintas a las de sociedad anónima o limitada. Lasaitasuna (clínica vizcaína famosa por colgar el año pasado en internet las historias de 4.000 mujeres que habían abortado) es una comunidad de bienes gestionada por tres personas. A la fórmula de Asociación (que exime de presentar balance) recurre entre otras la sucursal valenciana de Acuario (cuyo nombre registrado es simplemente “Casa de Salud”).

Preservar la fama
Madrid es suficientemente grande como para que Guillermo Sánchez pueda no ser conocido, y Levante lo suficientemente libertino como para que los abortistas mezclen sus actividades con otras sanitarias. Pero la vieja Castilla es otro cantar, y en Valladolid el propietario al 80% de Ginemédica, el ginecólogo Ángel Santaolaya, cuida su fama y no se mezcla en otras empresas con los gestores de su clínica de abortos. Paradójicamente, en Ginemédica no hay ningún ginecólogo, y Santaolaya, que lo es, sólo aparece como gestor de empresas de otros ramos, salvo que se considere ginecología la fecundación in vitro.

La clínica de abortos salmantina Barromarco toma nombre de su administrador, Antonio Martín Marcos, y de su precedesor José Luis Barroso Moreno. Con Antonio Sánchez Hernández, Martín administra Barromarco y otras tres empresas: Clínica de la Mujer, Hispanolusa de Ginecología, y la inmobiliaria Hardcilla. Sánchez Hernández administra además la empresa de finanzas Consultora Empresarial Salamanca.

A la vista de una estructura empresarial tan poco transparente, parece claro que una Ley del Aborto que reduzca el control favorecerá estas pecularidades.

Andalucía se la reparten González Bravo y Sáenz de Santamaría-Stolzenburg
El aborto ha echado raíces en Málaga, donde Rafael González Bravo tiene tres clínicas abortistas: Atocha, Clínica Sevilla (alias El Sur) y Spawsky, y otras nueve empresas: Inra 2005, Inversiones Acpromi, Rasan 2, Ripalgo 3000, Tempisque (construcción e inmobiliaria), Mallorban (carpintería), Ragumi, Pacatmedita (cafeterías), Urban People (calzado). También en Málaga tiene tres clínicas el doctor Germán Saenz de Santamaría Vázquez: una de abortos (la Ginecológica que lleva su apellido, con sucursal también en Jaén) y dos policlínicas que no los hicieron en 2007: Huelín y Litoral.

Saenz de Santamaría no tiene hoy día conexiones comerciales directas con uno de sus antiguos empleados, junto con el cual fue procesado por abortos ilegales: Luis Alberto Stolzenburg, propietario de una clínica de abortos (Córdoba), de otra que lleva su nombre en Sevilla (y que al menos en 2007 no los hizo), y de una inmobiliaria, Vistalada SL, en Málaga. Sus conexiones miran a Oriente también por su socio extranjero, Mohamed Zakaria El Abdellan El Kasem, con quien comparte la clínica cordobesa y quien a su vez tiene dos clínicas (no abortistas) en Granada: Mayadín y Los Cármenes.

El Abdellan figuró como consejero delegado de la clínica de abortos madrileña Callao, propiedad del sirio Mohamed Dehni. Éste, a su vez, es titular de una policlínica, Retiro, en la madrileña calle de Lope de Rueda. Dehni lleva cuatro años tratando de convertirla en clínica abortista, pero se lo ha impedido la firme oposición de los vecinos del edificio.
Después del cierre, el año pasado, de la sucursal madrileña de Morín y de la pequeña clínica Mayrit, el negocio de Dehni es el único que, en Madrid, queda al margen del grupo Dator.

El grupo de Murcia y las empresas del País Vasco y Asturias
Murcia es la tercera comunidad con mayor tasa de abortos (14,8 por mil mujeres fértiles). Hasta allí extienden sus redes las empresas de Remedios G. Bricio (Instituto Ginecológico Murcia). Pero la mayor parte del negocio abortista se lo queda un empresario local, Francisco Valero Atienza, con tres clínicas: Ginemur, Delta Médica y Deia Médica (en Murcia, Cartagena y Deia, Valencia). Valero posee una empresa de muebles (Casneval), otra de comercio (Nicaragua I. Trade) y otra de servicios (Tóner del Mediterráneo), además de una sanitaria (Oftal Ribera). Sus socios Wilmer Jurado, Francisco Martí Peris y Adela Vidal Chornet administran empresas ginecológicas o sanitarias (Géminis Planificación Familiar, Vidavidal, Clidemur Salud y Belleza, Laboratorio Grumaya y Laboratorio Hospital 4).

En el País Vasco, Luis Castillo Echeverría administra la clínica abortista Euskalduna 2006, así como la empresa Resonancia Euskalduna, y preside la también sanitaria RX Euskalduna. Su principal socio en las tres es José Miguel Gurrea Bilbao, administrador de Aluak y Glamzagine (sanitarias), Guri SL y Arrendamientos de Bizkaia (inmobiliarias), y Dorsoduro 06 (financiera).

En Asturias, salvo las conectadas con el grupo levantino Acuario (Buenavista), las clínicas abortistas suelen estar gestionadas por mujeres y tienen escasas conexiones. Marcos Fernández Marqués, que hasta 2003 fue consejero delegado de Belladona (clínica abortista de Gijón), administra actualmente dos empresas sanitarias (Instituto Reumatológico Asturiano y Reumatología A&M). Otra ex administradora, Amparo Cardano Díaz, gestiona el centro de salud Beleno.

LISTADO COMPLETO DE LAS EMPRESAS ABORTISTAS
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Un Juicio por aborto ilegal

febrero 5, 2009

abortojaenUn ginecólogo jiennense se sentará, la próxima semana, en el banquillo de los acusados. Tendrá que responder por un presunto delito de aborto y otro de lesiones. Según el fiscal, interrumpió el embarazo a una menor “sin concurrir ninguno de los tres casos permitidos por la Ley”.

La Fiscalía pide para J. I. A. B., un médico especialista en Obstetricia y Ginecología, una condena de un año y diez meses de prisión, además de su inhabilitación profesional durante cuatro años. Los hechos ocurrieron hace ahora cuatro años. En febrero de 2005, una joven que entonces tenía 17 años acudió a la clínica del procesado, ubicada en la capital y autorizada por la Delegación de Salud desde mayo de 2001. La adolescente estaba embarazada de unas siete u ocho semanas. El fiscal relata que pidió cita en la consulta de J. I. A. B. para que el acusado le “practicara una interrupción de la gestación”. De hecho, llegó a pagar 300 euros por destruir al hijo que llevaba en su interior, lo que le fue realizado el día 10 de febrero. No obstante, el Ministerio Público considera que no concurrían ninguno de los tres casos recogidos por la Ley para autorizar la realización del aborto a la joven. Esos supuestos son el peligro físico o psíquico para la madre, la malformación del feto o que el embarazo sea el fruto de una violación.
Tres días después de la aniquilación de aquella vida, la joven tuvo que acudir a las urgencias del Complejo Hospitalario de Jaén. Presentaba un cuadro de “fiebres, loquios fétidos y el útero ocupado por restos abortivos”, según consta en la documentación aportada por la Fiscalía.

Abortorio en Jaén

Abortorio en Jaén

A la joven se le practicó un legrado y dos días después fue necesaria una segunda intervención quirúrgica. Estuvo cinco días hospitalizada y necesitó veinte para recuperarse.
Fueron los servicios del propio hospital, a la vista del estado de la chica, los que hicieron llegar al juzgado de guardia la información que ha permitido encausar al médico.
El Gobierno, el PSOE, IU y algunos partidos nacionalistas argumentan que facilitando el aborto se evitará la inseguridad jurídica de las mujeres y de los propietarios de instalaciones de apariencia sanitaria que cobran a cambio de acabar con vidas humanas. El PP defiende a capa y espada que las vidas humanas sean destruídas al amparo de los tres supuestos despenalizadores actuales. Algunos consiguen ver una diferencia entre unos asesinatos y otros. Nosotros ne Manifiesto por la vida los consideramos absolutamente igual dedespreciables y crueles, y a todo tipo de aborto oponemos con rotundidad.
J. I. A. B. no tiene que preocuparse. Cumplirá su condena si se prueba que no asesinó a aquela criatura al amparo de las ley que Rajoy define como equilibrada. Pero podrá volver a cometer cuantos abortos quiera. Y ya no será juzgado ni perseguido por ello. Y quién ahora se opone a la nueva ley “por que la anterior es fruto del consenso”, se mostrará entonces partidario de la nueva.