El PP esperará 6 meses más antes de iniciar la reforma que perpeutará el aborto en España

Gallardón no tiene prisa por terminar con la ley del aborto Aído-Zapatero

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció esta semana durante su primera comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado, no tiene intención de tocar la ley del aborto Aído-Zapatero al menos hasta otoño de este año.
Así lo explicó en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, donde puso fecha al grueso de las reformas anunciadas por su departamento, entre ellas la de ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que entró en vigor en 2010, y que no van a reformar hasta dentro de al menos otros 7 meses más, mientras unos 70.000 niños más serán abortados al amparo de la ley Aído-Zapatero, y con cargo al dinero público.
Gallardón hizo un alarde de hipocresía al indicar que esta reforma responde a la necesidad de realizar una «ampliación objetiva de derechos para situar la vida del concebido como un elemento que acompaña al derecho al libre desarrollo de la personalidad de la mujer».
«Se trata así de ceñirnos a la doctrina constitucional, que extiende el amparo a ambos derechos sin dejar ninguno desprotegido», como sucede en la actual legislación, dijo Gallardón, que apeló al consenso de todos los grupos políticos para sacar adelante las reformas anunciadas por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, el derecho del concebido quedará desprotegido durante meses, como demuestra la poca prisa y el escaso interés que han puesto los populares en la reforma.
El ministro defendió también que no va a esperar a que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre el recurso presentado por el PP a la Ley del Aborto aprobada por el anterior Gobierno, a diferencia de la Ley de matrimonio entre Personas del mismo sexo, porque el Alto tribunal ya se ha pronunciado «hasta tres veces».
«No hacemos lo mismo con el aborto porque con el matrimonio homosexual jamás ha habido un pronunciamiento», defendió Gallardón en respuesta a la pregunta del portavoz del PSOE en esta comisión, Arcadio Díaz Tejera, quién le preguntó por qué no espera a que el TC resuelva el recurso presentado por el Grupo Popular en el Congreso.
Gallardón explicó, además, que el TC ha dicho en tres ocasiones cómo se tiene que regular la protección de la vida del concebido con los derechos reconocidos a la mujer en nuestra Constitución cuando entran en conflicto. «Por eso, nosotros lo que vamos a hacer es una propuesta de legislación que es lo que el TC ha establecido», subrayó. Esto es, aplicar el aborto como se había hecho hasta 2010, con total impunidad y sin control.
Gallardón criticó que el Gobierno socialista aprobó esta ley «sin ningún consenso, ni contrato con los ciudadanos porque no iba en su programa electoral». «Hay quien dijo que fue un elemento de distracción de la opinión pública cuando no se quería que se hablara de otras cosas», insinuó. Sin embargo, el ministro pretenda que siga en vigor durante una cuarta parte de la legislatura de su partido, como mínimo.
Acerca del consentimiento paterno, dijo que «carece completamente de sentido» que se permita la decisión de interrumpir el embarazo sin notificarlo a los progenitores y tutores, «en un país donde para otros actos, como por ejemplo hacerse un tatuaje, necesitan el consentimiento de sus padres».

Anuncio publicitario

El PP mantendrá la ley del Aborto de Aído, con alguna modificación.

Los dirigentes de los principales partidos abortistas de España

El dirigente del partido Popular Mariano Rajoy ha vuelto a dejar claro su compromiso con la pervivencia del aborto en España como práctica crminal amparada por la ley. En declaraciones esta mañana a la cadena ACB Punto radio, ha destacado su intención de «de retocar el precepto que contempla que las mayores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento paterno«. Ninguna referencia no ya a la derogación del aborto, sino, ni siquiera al anterior discurso del partido abortista de esgrimir como argumento provida la ley del aborto de Felipe González. Para el PP ahora la ley Aído sí es válida, y sólo necesita algunos retoques. Su visión de «reforzar la vida» consiste en que los niños sean descuartizados en los abortorios con el permiso y complicidad de los abuelos si sus madres son menores.

Rajoy es una garantía de la permanencia del aborto en España

El abortista Rajoy ha vuelto a declararse garante de la legislación abortista

En una entrevista realizada el pasado lunes en Intereconomía TV, el dirigente del partido de la oposición, y presumiblemente próximo presidente del gobierno en España, volvió a mostrarse como una garante de la permanencia de políticas abortistas en España. Al ser preguntado sobre los temas que afectan a los principios no negociables que el Papa Benedicto XVI ha declarado como exigencia indispensable para que un católico apoye una determinada opción política (vida, familia, libertad de enseñanza y bien común), el jefe del Partido Popular ha dejado claro lo incompatible de su proyecto con éstos, a la vez que garantizó que bajo su gobierno España tendrá aborto.
Don Mariano ha dicho que “modificaría” la Ley del Aborto. La actual, claro, porque la anterior, la de 1985, la que ha posibilitado más de 100.000 homicidios de otros tantos inocentes, seguiría vigente, dado que Rajoy se pasó ocho años (cuatro con mayoría absoluta) en los gobiernos Aznar y no los tocó. No sólo eso, el PP se aferró a la legalidad vigente y multiplicó el número de abortos, además de introducir en España la píldora postcoital, la píldora abortiva y la utilización de embriones humanos como cobayas de laboratorio. Simplemente, entonces le tocaba gobernar y ahora oponerse. Tampoco sabemos en qué la modificará, si para hacerla más permisiva, o para aumentar el negocio de los mercaderes de la muerte. Lo único que está claro es que con Rajoy habrá ley del aborto, y por tanto, niños asesinados al amparo de la ley. Él mismo lo declara, y el que le apoye sabe que apoya el aborto.

La objeción de conciencia plantea un problema muy grande a la Sanidad española

El presidente de la Asociación de Juristas de la Salud, Rafael Millán, ha afirmado hoy en Logroño que la Ley de Libertad Sexual y Reproductiva plantea «un problema muy grande» en el sistema sanitario español en relación a la objeción de conciencia a la que puede atenerse un facultativo sanitario.
El debate jurídico que plantea esta norma es uno de los asuntos que se tratan en el Congreso nacional «Derecho y Salud», que hoy ha inaugurado el consejero de Administraciones Públicas, Conrado Escobar, y que durante tres días reunirá a más de 130 abogados y personal sanitario de todo el país.
Millán, en declaraciones a los periodistas al inicio del Congreso, ha afirmado que esta Ley, aprobada por las Cortes, está «mal redactada» porque no regula una uniformidad de criterios para su aplicación por parte de las comunidades autónomas.
Entre las lagunas legales que, en su opinión, plantea la norma, está la falta de un criterio uniforme legal respecto a la objeción de conciencia en un médico que puede acogerse.
Hay comunidades autónomas, ha explicado Millán, que han arbitrado soluciones que favorecen la objeción de conciencia y otras que lo han dejado a criterio del médico, como la gallega.

El TC rechaza el recurso de amparo contra Ley Aborto de varias organizaciones

Manifestantes provida ante el TC en Julio pasado

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de amparo contra la Ley del Aborto, presentado por varias organizaciones defensoras del derecho a la vida, porque su normativa no permite impugnar leyes, sino «sus actos de aplicación».
Encabezadas por el Centro Jurídico Tomás Moro, asociaciones como la Fundación Talita Aragón, RedMadre, Foro Español de la Familia, Projusticia y el ginecólogo Esteban Rodríguez Martín, presentaron el pasado mes de julio un recurso colectivo de amparo contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.
En la resolución judicial, emitida y difundida hoy por la Sala Segunda del TC, se aclara que quiénes suscriben este recurso de amparo han recurrido a «una vía procesal inadecuada».
La razón esgrimida por el Alto Tribunal es que la Ley Orgánica por la que se rige no ha configurado un recurso de amparo contra leyes y, por ello, no permite una impugnación «abstracta» de disposiciones generales que conduzca a una «declaración de nulidad».
«En nuestro sistema de justicia constitucional el amparo frente a leyes sólo es posible mediante la impugnación de sus actos de aplicación, sin que quepa atender el argumento del carácter autoaplicativo de la Ley al que recurre la demanda», se indica en el auto.

Los magistrados Guillermo Jiménez, Eugenio Gay y Pascual Sala agregan que la nueva norma, por sí misma, «no limita, ni prohíbe, ni faculta», por lo que, en caso de ser impugnada, habría que ceñirse a su aplicación concreta.
El Centro Jurídico Tomás Moro ha reaccionado a esta resolución, que califica de «sumamente restrictiva de los derechos ciudadanos y frontalmente contraria al derecho a la vida».
Ha criticado, en un comunicado, la existencia de una «mínima fundamentación jurídica» en la inadmisión del amparo y considera que la argumentación del TC «adolece de numerosos errores».
Para los recurrentes, «resulta incoherente» manifestar que no cabe recurso de amparo directo contra la Ley del Aborto, para después argumentar que «carece de carácter autoaplicativo».
El Centro Tomás Moro «discrepa» de la interpretación de los magistrados porque entiende que la Ley del Aborto «limita de forma clara el derecho a la vida, prohíbe la protección integral del nasciturus y faculta para el ejercicio del nefando infanticidio».
En cuanto al acto de aplicación al que alude el TC, esgrime que está claro que se trata de «la muerte de un inocente, muerte irreparable si no se interviene con carácter previo».
Por todo ello, las asociaciones contrarias al aborto alegan que que «otra vez más, se ha manifestado el alto déficit democrático español, al no permitirse a diferencia de otros países, impugnar directamente una ley que agrade el derecho primero de toda persona: el derecho a la vida».

Una menor aborta cada 3 días sin permiso de sus padres

La patronal de los negociantes del aborto(ACAI) informó ayer de que desde que entró en vigor la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, hace hoy tres meses, se han registrado ya 27 casos en 19 negocios consultados de los 36 que pertenecen a la asociación.
De lo que no hay datos es del número de menores que lo han hecho con permiso (más de 10.000 cada año según los últimos datos). ACAI detalló que en dos de los centros de los que tiene conocimiento, la mayoría sí contó con la opinión de sus padres. En concreto, reparó en un centro de Almería, donde de 10 abortos practicados a menores en los últimos tres meses sólo en un caso no se pidió el consentimiento. En otro centro de Granada, ocurrió lo mismo. Se registraron 14 abortos de menores, y una no lo comunicó.
El presidente y la vicepresidente de ACAI, Santiago Barambio y Francisca García, aseguraron ayer que durante los seis primeros meses de 2010 se ha apreciado una disminución significativa del número de abortos entre las mujeres inmigrantes que ha sido mayor o menor dependiendo de la comunidad autónoma, mientras que entre las españolas la cifra se ha estabilizado.
La vicepresidente de ACAI aseguró que la reducción de interrupciones voluntarias de embarazos entre las mujeres foráneas hay que atribuirla al parón de llegadas de inmigrantes, al retorno de muchas extranjeras a sus países de origen y a que las que se encuentran aquí, «adquieren medios para prevenir embarazos de la misma manera que las españolas». Así valoraron el balance del Gobierno, que adelantó hace unas semanas un ligero «descenso» en el número de abortos. Para los propios negocios, éste no se debe a las políticas puestas en marcha, sino más bien a la crisis económica.
Especialmente significativa ha sido la reducción de abortos en comunidades como Madrid (con un 30%) o en Cataluña (35%), aunque se ha incrementado en Murcia y Asturias (12,25 y 38%). Según ACAI, entre las españolas, el que se mantengan cifras de abortos similares a años anteriores también «tiene que ver con la crisis».
Los negocios abortistas hicieron hincapié en que, desde hace tres meses, en España hay una sola Ley del Aborto, pero 17 aplicaciones distintas de la norma, dependiendo de la autonomía de la que se trate. Las mismas clínicas aseguran que «no está garantizada en toda España la gratuidad, el acceso, ni tampoco la confidencialidad» de la persona que decide someterse a la intervención.
Entre las autonomías que «mejor» aplican la Ley del Aborto, según ACAI, figuran Andalucía (que es la que más conciertos tiene con estas clínicas), Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Galicia y Cantabria. En la lista de «las peores», a juicio de los abortistas se encuentran Madrid, Cataluña y La Rioja.

Los abortistas alaban a la Sanidad Gallega por «agilidad» lograda para destruir seres humanos en los tres primeros meses de la ley del aborto

La sanidad gallega, tanto pública como privada, coincide en destacar la «agilidad» que se ha logrado en los procesos de aborto de bebés (IVE) desde la entrada en vigor de la nueva ley, hace hoy tres meses. Niegan asímismo que haya cambiado el perfil de las mujeres que deciden abortar y aseguran que los casos de menores –16 años– que acuden a abortar sin contar con el consentimiento paterno «son escasísimos».
En Vigo y Orense se realizan las intervenciones en la sanidad pública. Javier Valdés, responsable de estos casos en el Centro de Planificación Familiar de Vigo y vocal de la Sociedad Gallega de Contracepción (Sogac), destaca que en estos tres meses han percibido «un ligero aumento de las solicitudes, menor del que esperábamos, aproximadamente de un 15 por ciento». Sin embargo, recuerda que tan sólo un 10% de las IVE se practican en centros públicos frente al 90% resueltas en la red privada.
El doctor Valdés valora especialmente la agilidad conseguida, ya que la mujer que solicita acabar con la vida de su hijo ya no depende de un dictamen del psiquiatra, como sucedía antes, sino sólo de su propia decisión. De esta manera, el tiempo de espera «se ha reducido a la mitad» y en estos momentos es de unos diez días.
«Antes de la entrada en vigor de la ley, la mujer tenía que contar con el dictamen de un psiquiatra que, para atenderlas con premura, tenía que trabajar fuera de su horario. No tuvimos problema (ninguno dudó en falsificar el informe sobre los riesgos psicológicos del embarazo) con casi ningún psiquiatra y eso es algo que les agradecemos mucho», apunta el doctor.
En las clínicas privadas tampoco han percibido un aumento de casos. «Para nada, por el momento la única diferencia que encontramos es que los trámites son mucho más rápidos», aseguran desde la Clínica Gelme de Vigo, acreditada para esta práctica desde 1991. En estas clínicas privadas, tras los tres días de reflexión que impone la ley se llevan a cabo inmediatamente las intervenciones.
También en la Clínica Castrelos (miembro de la patronal de los negociantes de la muerte ACAI) coinciden en destacar esa situación de normalidad. «La agilidad de los trámites es lo único que hemos percibido en estos tres meses; en Galicia desde el primer momento ha habido una voluntad de llevar adelante la ley que no ha habido en otras comunidades», añade el doctor Elías García Climent, de este centro privado.
El gobierno popular en Galicia acumula pues los elogios de los promuerte, que ven garantizados sus ingresos y mejorado su negocio gracias a la diligencia de la consejería de sanidad en garantizar el asesinato de los bebés.

Castilla-La Mancha acepta que el médico de familia objete al aborto

El primer registro oficial de médicos objetores de conciencia ante la ley del aborto, el que ha puesto en marcha Castilla-La Mancha, irá más allá de lo previsto. El Gobierno autonómico ha acordado con sus colegios profesionales que se permita declararse objetor a los médicos de familia, los encargados de dar la primera información y derivar a las embarazadas al especialista.
La decisión de esta región -que concierta sus intervenciones con centros privadas- coincide con un auto del Tribunal Superior de Justicia autonómico. En él se dictamina de manera cautelar, tras la reclamación del Colegio de Médicos de Toledo, que los profesionales de atención primaria también puedan inscribirse en el registro que la Junta reservaba a ginecólogos, enfermeros, anestesistas o matronas; únicos profesionales que, hasta ahora, consideraba «directamente implicados». Hasta el 14 de septiembre se habían inscrito ya en el listado 338 personas.
Lo ocurrido en Castilla-La Mancha vuelve a subrayar las diferencias en la implantación de la nueva ley en las distintas comunidades. Algunas, como Navarra -que deriva todas sus interrupciones a otras autonomías- o Madrid aseguran que permitirían también que estos profesionales objeten. Ambas aclaran, sin embargo, que aún no se ha dado ningún caso, según los portavoces de Sanidad. Otras, como Asturias o Andalucía, sostienen que, con la ley en la mano, solo pueden objetar los profesionales que tengan relación directa en la prestación. En ese grupo, afirman, no entrarían los de atención primaria.

El País preocupado por que la mayoría de magistrados del TC están en contra de la Ley del Aborto

El diario El País publicaba el domingo un extenso análisis con el titular «El aborto, amenazado en el Constitucional», y aseguraba que el PSOE teme que uno de los magistrados del «bloque progresista», Eugeni Gay, es católico y por tanto contrario a la nueva Ley de aborto. Una vez asegurado su apoyo al Estatuto de autonomía catalán, la renovación dejaría al «bloque conservador» con un magistrado menos, en virtud del sistema de designación de los miembros del TC, controlado por los partidos con mayoría parlamentaria.
En la información del diario El País Julio M. Lázaro y Fernando Garea aseguraban que “en el PSOE temen que el PP quiera tumbar en el alto tribunal la recién promulgada Ley del Aborto y vuelva a negarse a renovar a los cuatro magistrados del Constitucional designados por el Senado, a fin de mantener una previsible mayoría contraria a dicha ley”. En la votación de julio se habría puesto de manifiesto asimismo que “el bloque conservador” cuenta con el voto en contra de la nueva ley de aborto “del catalán Eugeni Gay, magistrado del sector progresista pero cuyo activismo católico le llevaría a votar con los conservadores para tumbar la ley”.
Pronostica El País que “el PSOE lanzará una ofensiva para agilizar la renovación en septiembre”, ya que “tras la renovación, los conservadores perderán un magistrado”. Su fuentes aseguran que con la actual composición del Tribunal Constitucional, el PSOE sabe que “la ley del aborto «pende de un hilo»”, por lo que “nada más reincorporarse al Parlamento trabajarán de firme para intentar la renovación el próximo 7 de septiembre, tal como acordaron PSOE y PP el pasado mes de julio tras examinar a 20 candidatos”.
El “descubrimiento” del “alineamiento” en contra de la nueva ley del aborto por parte de Eugeni Gay, según el diario, si bien podría haber sido prevista por su trayectoria, se puso especialmente de manifiesto en el voto particular, “toda una declaración de intenciones”, que emitió el magistrado a la decisión en contra de suspender la entrada en vigor de la nueva ley del aborto. “Gay aseguró que «en este caso particular» procedía la suspensión ante la existencia de un «verdadero perjuicio irreparable, cual sería la eliminación de vidas humanas», y recordaba que la sentencia que admitió la constitucionalidad de la despenalización del aborto en varios supuestos, en 1985, definió la misma como «un caso límite en el ámbito del Derecho», que exigía plantearse «el alcance de la protección constitucional del nasciturus»; del mismo modo, para Gay, precisamente la protección del derecho fundamental a la vida humana «excepcionalmente» habría permitido suspender la vigencia de la ley del aborto.
Con la composición actual del TC, seis magistrados en contra de la nueva Ley de aborto y cinco a favor
De acuerdo con los informadores de El País, “sobre el papel, a favor de la constitucionalidad de la ley votarían la presidenta, María Emilia Casas, y otros cuatro magistrados del bloque progresista”, mientras que votarían “en contra, los cinco magistrados del bloque conservador y el católico Eugeni Gay”, de modo que el resultado “sería así de 6 votos a 5 en contra de la norma, lo que supondría declarar inconstitucional la ampliación de la ley del aborto”.
Se recuerda que hace casi tres años que tendrían que haber sido sustituidos los magistrados designados por el Senado, esto es, su vicepresidente Guillermo Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, “del bloque conservador”, y la presidenta, María Emilia Casas, “del bloque progresista”. De los cuatro nuevos magistrados que elija el Senado accederían dos de cada sector, con lo que “los conservadores saldrían perdiendo un efectivo”, dicen los analistas, de modo que en el TC “sólo quedarían los conservadores Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y los dos nuevos designados por el Senado”, y así, “aún con el voto de Gay, quedarían en minoría y el resultado de 6-5 recaería a favor de la constitucionalidad de la ley del aborto”.
En cambio, “en el caso de que el PP optase por bloquear la renovación, posiblemente tendría que paralizar también la de los cuatro magistrados que deben ser renovados por el Congreso y cuyo mandato termina en noviembre”. En noviembre dejarían el TC “el conservador Javier Delgado, y los progresistas Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay”, de modo que quedaría más inclinado hacia la aprobación de la constitucionalidad de la nueva ley de aborto, puesto que “los conservadores quedarían con una teórica inferioridad de siete magistrados frente a cinco”.
De Eugeni Gay, aseguran que aunque ha sido un “defensor a ultranza del Estatuto catalán frente a los conservadores”, ahora podría ser para el PP “su mejor aliado para tumbar el texto de una ley que pugna con su conciencia”. Explican que el magistrado “es o ha sido”, además de “secretario internacional del Movimiento de Juristas Católicos Pax Romana” y patrocinador y miembro fundador de la Red Latinoamericana de Juristas Católicos; así como “consejero del Arzobispado de Barcelona y vocal del Consejo Pastoral Diocesano de Barcelona”, y “miembro del Patronato de la Fundación del templo expiatorio de la Sagrada Familia”. Es más, dicen los informadores de El País, “en sus intervenciones públicas el magistrado ha dejado clara su postura como jurista católico [e incluso] en una entrevista en La Vanguardia en junio de 2007 […] declaró: «Pax Romana está vinculada a la Iglesia. Mantiene siempre su fidelidad a Roma»”.

Para el Partido Popular y otros grupos del abortismo provida español la declaración de incostitucionalidad de la nueva ley del aborto supondrá una victoria, pues habrán derrotado al gobierno, que ha sido siempre su único objetivo. por supuesto que ellos no quieren recordar, unos por que la veneran como fruto del consenso, o los otros por que quieren esperar 25 ó 30 años para derogarla, que la sentencia 53/1985 del 11 de abril de 1985 el Tribunal constitucional declaraba parcialmente inconstitucional la ley del aborto propuesta entonces por el PSOE. Los centenares de miles de niños asesinados al amparo de aquella declaración de inconstitucionalidad parcial no permiten el menor optimismo.

Los obispos: la ley deja “sin protección alguna” a la vida humana

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha insistido, con motivo del cumplimiento del primer mes en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en que la nueva ley “empeora la vigente” y deja “sin protección alguna a la vida humana”.
Fuentes episcopales han reiterado la postura de la Iglesia Católica en esta cuestión y recordaron el comunicado hecho público el mes pasado en el que también se apunta que la ley es “incompatible con la recta conciencia moral”.
En aquella ocasión, también denunciaba que la nueva legislación “establece un concepto de salud tan ambiguo que equivale a la introducción de las llamadas indicaciones social y eugenésica como justificación legal del aborto y criticaba que ponga en el sistema educativo obligatorio “la ideología abortista y de género”.