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La Florida quiere acabar con el aborto.

marzo 25, 2011

Rick Scott, gobernador provida de la Florida, que demuestra cómo, desde la política, se acaba con el aborto

La presencia de congresistas estatales defensores de la vida, junto con la presidencia de un gobernador completamente comprometido con esta lucha, han llevado a que este año haya en el antiguo territorio español un esfuerzo concentrado para hacer más estrictas las leyes sobre el aborto en la Florida.
Desde revivir una medida tan sencilla como la de exigir que una mujer pase por un ultrasonido antes de someterse a un aborto, hasta una prohibición general que representaría una impugnación legal del precedente Roe v. Wade, se han presentado por lo menos 18 propuestas de ley.
Los negociantes de la muerte se encuentran desconcertados por esta avalancha de iniciativas en defensa de los no nacidos. “Es un año sin precedentes”, dijo Stephanie Kunkel, directora ejecutiva de la Alianza de Afiliados para la Paternidad Planificada (Alliance of Planned Parenthood Affiliates) de la Florida. La cifra pone a la Florida entre los cinco estados del país con mas proyectos de ley sobre el aborto, dijo Kunkel. West Virginia es el primero, con más de 30.
“Hay algunos que sólo socavan el derecho de la mujer a decidir, y hay otros que son asaltos completos”, dijo Danielle Prendergast, directora de política pública de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), que se opone a los proyectos de ley. ‘‘Dadas la composición y el tono de esta Legislatura, me parece que aprobarán más de los que pudieran haber aprobado en sesiones previas”.
La presión contrasta fuertemente con el año pasado, en que no había un gobernador defensor de la vida, cuando el proyecto de ley del ultrasonido fue finalmente vetado por el entonces gobernador Charlie Crist, que dijo: “Las opiniones personales no deben convertirse en leyes que amplíen insensatamente el papel del gobierno y fuercen a las personas a someterse a pruebas o procedimientos médicos que no sean médicamente necesarios”.
La propuesta más significativa es la del representante Charles Van Zant, republicano de Palatka, que impugnaría la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que garantizó el derecho de la mujer a acabar con la vida de su hijo en gestación. Pero sin una propuesta equivalente en el Senado, no es probable que progrese.
Otras propuestas, sin embargo, están avanzando rápidamente, y tres llegaron a las comisiones el martes, incluyendo la medida del ultrasonido que exige que una mujer pase por uno antes de someterse a un aborto, y que se le pregunte si quiere revisar los resultados.
“Esto es sobre el derecho de una mujer que está considerando la terminación de un embarazo a poseer toda la información relevante, para que pueda tomar una decisión bien fundamentada”, dijo la patrocinadora de la propuesta, la representante Elizabeth Porter, republicana de Lake City, a los miembros de la Subcomisión de Calidad en los Servicios de Salud y Humanos de la Cámara. “El conocimiento nunca es algo malo”.
Sus oponentes dicen que la medida interfiere en la relación médico-paciente, y obliga a los médicos a realizar un procedimiento que podría no ser médicamente necesario.
La Comisión de Salud y Servicios Humanos aprobó una propuesta de ley patrocinada por la representante Rachel Burgin, republicana de Riverview, que limitaría los abortos durante el tercer trimestre de embarazo, exigiría que los médicos que practican abortos pasen un seminario de ética, y ordenaría que las clínicas de abortos fueran propiedad de médicos.
Y la Comisión de Banca y Seguros del Senado aprobó una propuesta de ley que prohibiría que las aseguradoras privadas cubran abortos si la póliza es pagada por medio de fondos públicos. “Esta propuesta de ley no prohíbe que las mujeres tomen la decisión de terminar un embarazo”, dijo el senador Stephen Wise, el republicano de Jacksonville que patrocinó la legislación. “Esta ley dice que los contribuyentes no van a pagar un aborto”.
Una propuesta de enmienda constitucional respaldada por la senadora Anitere Flores, republicana de Miami, que prohibiría emplear fondos públicos para pólizas de salud que incluyeran la cobertura del aborto, pone especialmente nerviosos a los negociantes de la muerte, ya que es la situación que se da en muchos casos y que garantica sus suculentos ingresos. La propuesta no ofrece excepciones para los casos de violación o incesto, o para el de que el embarazo amenace la salud de la madre, o para el de que el feto no se esté desarrollando apropiadamente.
Igualmente, un proyecto de ley patrocinado por la senadora Ronda Storms, republicana de Valrico, y el representante Carlos Trujillo, republicano de Miami, que prohibiría los abortos después de 20 semanas de gestación, no incluye excepciones para las violaciones, el incesto y las cuestiones de salud.
Llamada “Ley de Protección de los No Nacidos Capaces de Sentir Dolor” (Pain-capable Unborn Child Protection Act), esa propuesta de ley considera que un aborto no debe realizarse en un estado de gestación en el que la criatura en desarrollo podría experimentar dolor. La ley actual permite los abortos hasta la vigésimo cuarta semana de embarazo.
El gobernador Rick Scott dejó bien en claro durante su campaña que él está en favor de hacer más estrictas las leyes de la Florida sobre el aborto. Al preguntársele el martes sobre las propuestas de ley que se encontraban en estos momentos en la Legislatura, Scott dijo: “Yo le dejé saber mi posición a la gente. No he sorprendido a nadie. Voy a ser un gobernador pro vida”.

Los social cristianos en Colombia, sin complejos en defensa de la Vida

noviembre 12, 2010

En Colombia existen políticos que no sólo se dicen católicos, como hacen en España Pepe Blanco, José Bono, Jorge Fernández Díaz, Durán y Lleida, etc. Allí la fe católica se vive con coherencia y se actúa en política consecuentemente con ella. Así, el Partido Conservador presentará una reforma constitucional aboliendo el aborto en cualquier tipo de circunstancias, anunció su nuevo presidente el senador caucano, José Darío Salazar.
Sostuvo que en la reunión en la que resultó elegido presidente, el directorio en pleno respaldó la propuesta de llevar en marzo al Congreso de la República la reforma constitucional que prohibiría las practicas abortivas, lo que implicaría también que la vida humana será defendida por el código penal, al existir una penalización contra quienes cometan ese crimen.
“Somos católicos, defensores del derecho a la vida y por lo tanto la protegeremos desde el momento mismo de la concepción”, dijo Salazar, unas palabras que en España utilizan los políticos de partidos abortistas para admitir el asesinato de niños concebidos en ciertos suplentes. Sin embargo, el partido Conservador colombiano, sí actúa en consecuencia a sus palabras y a su fe católica (no humanismo de inspiración cristiana, como pasa en España), y por tanto va ha dar la batalla para impedir que el asesinato de un niño sea amparado por la ley.
Salazar ha declarado que esa es una propuesta de todo el partido, que llevará a la firma de sus parlamentarios en la Cámara y el Senado.
Por desgracia en España los partidos políticos católicos y que hacen propuestas semejantes viven en la marginalidad, sufriendo el silencio de los medios católicos, el desinterés de la Iglesia, y el odio y desprecio de los grupos provida y abortistas provida principales. Por esto, mientras que en Colombia es posible que en unos meses desaparezca el amparo legal al crimen del aborto, en España los partidos abortistas coparán, con certeza, el 100% de los cargos públicos como hasta ahora.

¿Por qué el aborto debe ser penalizado?

septiembre 14, 2010

Reproducimos por su interés el siguiente artículo publicado en el portal Infocatólica

El proceso racional que lleva a concluir que el aborto debe ser penalizado por el Estado consta esencialmente de cuatro pasos, que desarrollaré a continuación.
El primer paso de nuestra reflexión se sitúa en el ámbito de la ciencia, concretamente de la biología.
Los enormes avances de la embriología y la genética durante el siglo XX ya no dejan lugar a ninguna duda: desde el punto de vista científico es una verdad perfectamente demostrada que el embrión humano es un ser humano desde su concepción. Carece de todo valor científico la tesis pro-abortista de que el embrión (y luego el feto) es parte del cuerpo de la mujer embarazada. En la concepción surge un nuevo individuo de la especie humana, un ser humano distinto del padre y de la madre, único e irrepetible, dotado de la capacidad de desarrollarse de un modo gradual, continuo y autónomo. El embrión humano no es un ser humano en potencia, sino un ser humano en acto: embrionario en acto y adulto en potencia.
Quienes se empeñan en negar esta evidencia científica y proponen como comienzo de la vida humana otros momentos del desarrollo embrionario, lo hacen movidos por intereses ideológicos. Así, por ejemplo, es totalmente arbitrario fijar el comienzo de la vida humana en la anidación –que ocurre aproximadamente dos semanas después de la fecundación– y llamar “pre-embrión” al embrión antes de la anidación. Esta falsa definición procura eludir toda barrera ética contra la manipulación de embriones humanos durante ese período crucial.
No debemos dejarnos confundir por la manipulación del lenguaje, instrumento capital de la actual estrategia pro-abortista. Por ejemplo, hoy se suele determinar arbitrariamente que el embarazo comienza en la anidación. Así se puede negar con toda frescura que las píldoras o los dispositivos que impiden la anidación interrumpen un “embarazo”. Sin embargo, es científicamente innegable que cuando se impide la anidación se destruye una vida humana; y esto debe ser llamado propiamente “aborto”.

El segundo paso de nuestra reflexión se sitúa en el ámbito de la filosofía, concretamente de la antropología filosófica.

En este punto corresponde establecer que todo ser humano es también una persona humana y tiene toda la dignidad propia de cualquier persona humana.

Los defensores del derecho a la vida debemos evitar el grave error de caer en la tentación anti-metafísica, que en este punto se manifiesta por la renuencia o la renuncia a afirmar que el ser humano no nacido es una persona humana. La ciencia biológica obliga sin lugar a dudas a reconocer en el ser humano no nacido a un individuo de la especie humana; pero a pesar de esto hay quienes ponen en duda o niegan que este individuo humano sea una persona humana. No obstante, la recta reflexión filosófica conduce a reconocer que es imposible que un ser humano no sea persona humana. Sin esta afirmación de índole metafísica no es posible fundar una correcta antropología y sin una correcta antropología no es posible descubrir el verdadero fundamento de las normas éticas.

Si bien es cierto que en la Edad Media muchos filósofos católicos (incluso Santo Tomás de Aquino) defendieron la tesis de la “animación retardada”, eso se explica por la pobreza del conocimiento científico sobre la generación humana en aquella época, cuando recién comenzaba a nacer la ciencia moderna, en las Universidades fundadas por la Iglesia Católica en toda Europa. Seguramente hoy día, después del descubrimiento del ADN y de tantos otros avances de la biología, aquellos mismos pensadores apoyarían la tesis de la “animación inmediata”. Por lo demás, la “animación inmediata” se compagina con el hilemorfismo aristotélico-tomista mucho más fácilmente que la “animación retardada”.

El tercer paso de nuestra reflexión se sitúa en el ámbito de la filosofía moral o ética.

La persona humana descubre su obligación moral mediante un proceso cognoscitivo que abarca varias etapas sucesivas, que pasaré a describir.

En primer lugar, la conciencia moral reconoce como verdad evidente la norma moral fundamental: debo hacer el bien y evitar el mal.

En segundo lugar, la razón humana es capaz de conocer con certeza el bien moral o el mal moral de determinadas clases de actos humanos (actos conscientes y libres del hombre), reconociendo así las normas morales particulares. Por ejemplo, se puede establecer de un modo indudable que existe el deber moral de respetar la vida de todo ser humano (es decir, de toda persona humana) inocente; del mismo modo se puede deducir que el aborto, por ser la eliminación deliberada de un ser humano inocente, es un crimen abominable.

En tercer lugar, la razón humana puede determinar si un acto humano concreto está de hecho comprendido o no dentro de la clase de actos humanos que una norma moral dada prescribe o proscribe. Por ejemplo, la persona puede reconocer claramente si lo que está haciendo es o no es un aborto voluntario y por tanto un homicidio.

Al cabo de este proceso intelectual, se llega a una conclusión: tengo la obligación moral de hacer esto o de no hacer aquello.

En este punto se debe evitar el grave error del subjetivismo o emotivismo moral, que asume la existencia de una separación absoluta entre el orden del ser (u orden ontológico) y el orden del deber (u orden moral). La ley moral no es una convención arbitraria impuesta al hombre extrínsecamente por medio de un consenso social o por cualquier otro medio. Se trata de una expresión de nuestra propia naturaleza humana. Es la ley intrínseca que rige nuestro desarrollo en cuanto personas. No corresponde entonces separar radicalmente el conocimiento objetivo de las cosas de su valoración, vista como algo puramente subjetivo, sentimental o emocional. Los valores están en las cosas mismas y por eso la razón humana, que puede conocer con certeza la verdad de lo real, también puede conocer con certeza los valores, incluso el bien moral y el mal moral.

El cuarto paso de nuestra reflexión se sitúa en el ámbito de la moral social, más concretamente de la filosofía política.

Habiendo establecido en el paso anterior que el aborto es inmoral, ahora debo determinar si también debe ser ilegal, o sea si el Estado debe prohibirlo y penalizarlo. Los derechos humanos son la contra-cara de los deberes humanos. Mis derechos son los deberes que los demás seres humanos tienen para conmigo. Dado que existe el deber moral de respetar la vida humana, existe también el derecho humano a la vida. El Estado existe para cuidar y promover el bien común de la sociedad y para ello, ante todo, debe defender los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, necesario para poder ejercer todos los demás derechos humanos. De aquí se deduce que el Estado no puede permitir el aborto sin atentar gravemente contra su propia razón de ser. Por lo tanto el Estado debe prohibir el aborto; y, como una prohibición sin una pena correspondiente es ineficaz, también debe penalizarlo adecuadamente.

En este punto debemos evitar dos errores graves.

El primer error es el del liberalismo filosófico, que concibe al Estado como una entidad moralmente neutra. El Estado no es una abstracción, sino una estructura social formada en última instancia por personas humanas. Y la actividad humana (individual o grupal), considerada globalmente, nunca es ni puede ser moralmente neutra. El Estado tiene la obligación de promover el bien común y para ello debe respetar el orden moral objetivo.

El segundo error es el de la “dictadura del relativismo”, que consiste en considerar el relativismo como una condición necesaria para el ejercicio de la democracia. Así todo ciudadano con convicciones morales inamovibles es tachado falsamente de intolerante y fundamentalista y su actitud es considerada injustamente como un atentado contra la convivencia pacífica y democrática.

Llegados a este punto, sin embargo, los católicos debemos evitar un último escollo: el de minusvalorar o callar las motivaciones propiamente religiosas en contra del aborto. Nuestra fe sobrenatural nos impulsa a reconocer a los niños no nacidos no sólo como animales racionales, sino también como seres creados a imagen y semejanza de Dios, llamados a ser hijos de Dios. La Palabra de Dios no se opone a la razón humana. El argumento de fe que acabamos de exponer no suprime en modo alguno la racionalidad de los argumentos anti-abortistas que presentamos antes, sino que la complementa y perfecciona. Debemos evitar, pues, la tentación anti-dogmática, que procede en definitiva del liberalismo teológico (quinta-columna del racionalismo dentro de la teología) y le hace el juego al secularismo.

Dentro de la Tradición de la Iglesia, junto a una filosofía moral puramente racional hay también una teología moral, elaborada mediante la razón iluminada por la fe. La Divina Revelación no se refiere sólo a misterios estrictamente sobrenaturales sino que contiene también verdades de por sí accesibles a la sola razón. Dentro de esta última categoría se hallan las normas de la ley moral natural. Dios las ha revelado para que todos puedan conocerlas fácilmente, con certeza y sin mezcla de error. El ámbito de competencia del Magisterio de la Iglesia incluye la ley moral natural. Aunque es cierto que nunca ha sido definido solemnemente un dogma en materia moral, también es cierto que, según la doctrina católica, el Magisterio está perfectamente capacitado para realizar tales definiciones. Además hay verdades que todo católico debe creer firmemente, aunque no hayan sido definidas en forma solemne como dogmas, porque el Magisterio de la Iglesia, por medio de su enseñanza ordinaria, las propone como parte de la Divina Revelación y por ende como definitivas. Dentro de esta categoría está la condena moral del aborto. La Iglesia ha sostenido siempre esa doctrina y no la variará jamás en el futuro.

Daniel Iglesias Grézes

Amnistía Internacional contra la amnistía a los no nacidos en Nicaragua.

febrero 8, 2010

Amnistía Internacional sigue con su campaña en favor del aborto y contra la vida.

El grupo radical de extrema izquierda Anmistía Internacional está presionando al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que examinará mañana lunes los derechos humanos en Nicaragua en una sesión en la que los Estados miembros podrán formular preguntas, para que este país que revoque su prohibición del aborto.
Esta organización anti vida explica que el Código Penal revisado de Nicaragua, en vigor desde julio de 2008, prevé penas de prisión para las mujeres y niñas que intenten abortar y para los profesionales de la salud que faciliten servicios de salud relacionados con el aborto.
Además, esta prohibición incluye casos en los que corre peligro la vida de la mujer y cuando el embarazo es consecuencia de una violación o de un incesto, por lo que contempla una protección legal de toda la vida humana si excepciones.
La directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional, Widney Brown, tildó de “escandalosa y draconiana” esta prohibición del aborto en Nicaragua porque, mintió al declarar que “obliga a las víctimas de una violación y de un incesto a llevar a término su embarazo y está causando un aumento de las muertes maternas”. Nicaragua es la nación de centrroamérica con mayor descenso en la tasa de muertes maternas, coincidiendo, a demás con el uevo código penal que defiende la vida.
Los pro muerte de Amnistía Internacional exigen a las autoridades nicaragüenses que despenalicen el aborto en todas las circunstancias y que garanticen que las mujeres y las niñas tengan acceso a un aborto legal y sin riesgos cuando el embarazo no deseado es consecuencia de una violación o de un incesto, o cuando corra peligro la salud o la vida de la mujer, táctica empleada en todos los países del mundo en que se ha introducido el aborto para, poco después pasar a ser ampliada la despenalización, y convertirse en aborto libre.
En un informe manipulado, desenbmascarado por Life Site News Amnistía halló un aumento de las muertes maternas desde que entró en vigor la prohibición.
Esta organización recordó que cuatro comités de la ONU completamente entregados a la implantación de la ideología de género (el Comité contra la Tortura; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) ya han condenado esta ley y han pedido su revisión en Nicaragua.