Posts Tagged ‘promoción del aborto’

Un obispo es condenado por pedir voto coherente con la fe

mayo 13, 2010

Mons. José Francisco Ulloa, obispo de Cartago

El Tribunal Supremo Electoral, condenó al obispo de Cartago, monseñor José Francisco Ulloa, a pagar “las costas, daños y perjuicios causados” por haber recordado a los fieles que la coherencia con la fe también se debe reflejar en el voto, y por tanto en las elecciones presidenciales no debían apoyar programas contrarios a los principios católicos, como la defensa de la vida y el matrimonio.
El hecho ocurrió el 6 de septiembre de 2009, durante una misa en la que el Prelado recordó a los fieles que el voto debe reflejar una coherencia con la fe y por tanto no se pueden apoyar programas a favor del aborto y contra la familia.
En ese entonces, ante las elecciones presidenciales de febrero pasado, se debatía la laicidad del Estado y algunos candidatos presentaban posturas ambiguas sobre el aborto y los “derechos” homosexuales.
Sin embargo, para Yeudy Blanco Vega y otros dos miembros del Movimiento por un Estado Laico, el Prelado violó el artículo 28 de la Constitución que dice que “no se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”.
De acuerdo al fallo, el Tribunal Supremo Electoral interpretó las palabras del obispo como propaganda política y no como orientación pastoral, por lo que le ordenó “abstenerse de hacer llamados a no votar por candidatos o candidatas que, a su juicio, no compartan los valores de la fe católica. Se condena al recurrido al pago de las costas, daños y perjuicios causados, a liquidar en la vía de lo contencioso-administrativo”.
Qué se dijo
Durante la misa de septiembre del año pasado, monseñor Ulloa dijo a los fieles que “estamos frente a una campaña política en la que debemos escoger muy bien a quienes nos van a gobernar. Candidatos que niegan a Dios y defienden principios que van contra la vida, contra el matrimonio, contra la familia ya los estamos conociendo. Por lo tanto, debemos ser coherentes con nuestra fe y en conciencia no podemos darles un voto”.
Asimismo, ante las críticas de ciertos políticos, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Hugo Barrantes, recordó entonces un fragmento del artículo 76 de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II.
“Es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso en materias referentes al orden político”, citó

Corrupción sexual de menores y promoción del aborto en Gran Bretaña desde los 5 años

febrero 24, 2010

La Casa de los Comunes del Reino Unido se dispone a votar una legislación esta semana que pretende introducir un programa de educación sexual a niños de escuela primaria a gusto de los impositores de la ideología de género, a partir de los cinco años. La Children, Schools and Families Bill también contiene muchas otras cláusulas que, dicen los críticos, no es tanto una negación de la enseñanza católica “como un completo desarraigo de la relación de ley natural entre padres, hijos y el Estado”.
La ley, que los miembros del Parlamento votarán este martes está causando una amplia preocupación entre sacerdotes y laicos del Reino Unido, que la ven como una ulterior erosión de las legítimas libertades. Dado que muchas de las escuelas católicas son financiadas o mantenidas por el Estado, la ley también amenaza erosionar la identidad católica de estas escuelas.
La legislación –que un sacerdote calificó de “espantosa”, sería imperativa para todas las escuelas estatales, incluidas las escuelas confesionales con financiación pública–, pretende no sólo enseñar sexo y educación en relaciones (SRE) sino que incluye orientación y direcciones para abortar y otros servicios opuestos a la vida y la familia.
Los críticos afirman que las escuelas serían forzadas a enseñar SRE según los principios de “igualdad”, “diversidad” y “derechos”, lo que es interpretado por el Gobierno como que incluye el aborto, control de natalidad, homosexualidad y “un amplio abanico de prácticas sexuales”. También tendrán que examinar sus programas de SRE según los principios de la ley, y tener en consideración el programa de educación sexual del Gobierno.
El Gobierno insiste en que las escuelas confesionales tienen derecho a proteger su ideario, pero queda sin clarificar cómo el Gobierno ordenará a las escuelas confesionales aceptar su agenda de salud sexual. Grupos de defensa, como la Sociedad para la Protección de los Niños no Nacidos (SPUC), afirman que aunque las escuelas puedan adaptar “el modo en que se enseñan las cosas”, el Gobierno a pesar de todo insistirá en que todos los aspectos de SRE tendrán que ser impartidos en todas las escuelas.
“No puede haber duda de que el Gobierno usará la ley, si se aprueba, para promover el aborto en las escuelas –dijo John Smeaton, director de SPUC–. Los principios de la ley serán usados para asegurar que la propaganda pro-aborto domine el contenido de la educación sexual” “Igualdad” y “diversidad”, dijo, “serán usadas para suprimir la oposición al aborto” y la abolición del derecho de los padres a retirar a los chicos mayores de las clases de educación sexual, “asegurará que ningún niño deja la escuela estatal sin que su cerebro haya sido lavado con la mentalidad pro-aborto”.
Los padres pueden pedir retirar a sus hijos de las lecciones de SRE, pero una vez que sus hijos llegan a los 15 años no podrán hacerlo. Los críticos señalan que esta edad está por debajo de la edad legal de consentimiento en el Reino Unido que es de 16 años. Actualmente, los padres tienen derecho a retirar a sus hijos de las clases de educación sexual a lo largo de todos los años de la educación obligatoria, aunque quienes se oponen a la ley afirman que el proceso es “confuso”.

La promoción de la promiscuidad y los anticonceptivos dispara el aborto, pero los responsables insisten en las mismas políticas fracasadas

febrero 3, 2010

Los fracasos en la promoción de la promiscuidad entre los jóvenes al amparo de la distribución masiva de anticonceptivos no desaniman a la misnistra gala de sanidad a insistir en la misma linea de actuación.

Esta vez ha sido Francia la que ha confirmado que más de la mitad de los 200.000 abortos que se practicaron en Francia en el último año fueron en mujeres que utilizaban métodos anticonceptivos, según un estudio presentado ayer por la ministra de Sanidad gala, Roselyne Bachelot.
El lugar de ver la relación directa que existe entre promoción de la promiscuidad y aborto en todos los países y todas y cada una de las campañas que se han realizado en este sentido en el mundo, el informe de la Inspección General de Asuntos Sociales (Igas, siglas en francés) echa la culpa a una supuesta carencia de información, que podría estar detrás del mal uso de los métodos anticonceptivos, lo que hace que, a pesar de los medios dispuestos por el Estado en materia de planificación familiar, el número de abortos no descienda.
Por tanto, en lugar de abandonar la multifracasadas campañas de promoción del empleo de preservativos y otros anticonceptivos o aboertivos de emergencia, que, una vez más, demuestran su completa ineficacia, la ministra de Sanidad, en declaraciones al diario “Le Parisien”, proclamó que su departamento va a modificar la línea de la campaña informativa en materia de anticoncepción:
“Lo que me impacta es la situación de las menores: ¡hay que informarlas mejor!”, dijo Roselyne Bachelot, quien destacó que dos tercios de las chicas de entre 14 y 15 años “siguen creyendo que no se pueden quedar embarazadas durante su primera relación sexual”.
No hizo ninguna mención, sin embargo, al hecho de la inconveniencia de que niñas de 14 años, con una inmadurez absoluta para afrontar tanto las relaciones sexuales, como las consecuencias de éstas, perciban el sexo como algo destinado a proporcionar placer e independiente del amor y de la procreación.
Como medidas destinadas a insistir en esta política y continuar con el estrepitoso fracaso de las mismas, el ministerio prevé que los servicios médicos de los centros escolares puedan proporcionar, dentro de unos meses, anticonceptivos orales, así como renovar las recetas de la píldora, para un colectivo que se salda con 30.000 abortos anuales.
La ministra anunció que, en su intención de “reducir” el número de abortos, va a mejorar la organización del acceso al aborto en los hospitales; los datos señalan que la intervención se practica en un plazo inferior a una semana desde que se solicita, salvo en las regiones de Ile-de-France (París y alrededores) y Provence-Alpes-Côtes-d’Azur (sureste), donde los tiempos son más largos.
Como conlusión de la estrecha relación entre promoción de la promiscuidad asociada a la educación sexual y distribución en generalizada de anticonceptivos, el ministerio de sanidad francés hubo de admitir que a pesar de ser uno de los países con medidas más amplias en cuestiones de anticoncepción, se prevé que un 40 por ciento de las mujeres francesas abortarán en algún momento de su vida.

De nuevo Amnistía Internacional presiona para promover el aborto, ahora en Perú.

julio 23, 2009

La asociación internacional de extrema izquierda Amnistía Internacional, que teóricamente promovería los derechos humanos en el mundo, está cada vez más dedicada a la promoción del aborto, intentando elevar tan abominable crimen a la categoría de derecho humano universal. Por este motivo ha lanzado una serie de “informes” en que ataca a diferentes naciones del mundo en que existe la más mínima protección contra el nasciturus, convirtiendo de manera aberrante esta protección en “violencia contra las mujeres”.
En este caso el ataque va dirigido a Perú, donde el aborto es ilegal.
Aunque su informe reconoce que la falta de atención obstétrica de urgencia -y no la falta de acceso al aborto- es el factor que más incide en la alta tasa de mortalidad materna en la nación andina, y se presenta un listado de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres pobres, generalmente indígenas, a la hora de acceder a la atención a la maternidad y neonatal básica.
Sin embargo, la idea clave del informe es reclamar que Perú, y por extensión, a otros países, que asuma la “obligación” de garantizar ciertos “derechos de salud relacionados con la maternidad” que, según entiende Amnistía Internacional (AI), incluyen el mal llamado “aborto terapéutico”. En este sentido, la organización hace eco de la estrategia empleada por el Centro de Derechos Reproductivos, entidad pro-abortista que en los últimos años ha impulsado un “derecho a la salud materna” que mitiga el énfasis puesto en el aborto. Los críticos ven esta “forma encubierta de abordar el tema de los derechos al aborto” como el caballo de Troya diseñado para menoscabar toda oposición a eliminar la vida gestante.


AI asegura que la “falta de acceso” a la atención de la salud “es una violación del derecho humano de las mujeres al disfrute del más alto nivel posible de salud”. En el informe también se reclama que el Programa de Acción de El Cairo adoptado en 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo- documento que no tiene carácter vinculante en la legislación internacional- compromete a los Estados a proveer “el aborto en la máxima medida permitida por las leyes nacionales”. La realidad es otra: El texto de El Cairo es menos radical: reconoce que no crea ningún nuevo derecho y advierte que “en ningún caso debería promoverse el aborto como método de planificación de la familia” y afirma que “cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto… se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional”, a la vez que establece que en los lugares donde el aborto está permitido por la ley, debe ser realizarse en condiciones de seguridad.
Desarrollando este aspecto, Amnistía ataca a Perú por no haber “respondido de forma adecuada y oportuna” la “conclusión” vinculante del Comité de Derechos Humanos, que es responsable de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité declaró que Perú conculcó las disposiciones del tratado cuando un hospital público denegó la petición de un “aborto eugenésico” a una mujer embarazada de un niño anencefálico. No obstante, el texto de dicho tratado no hace mención al aborto, y nada indica que quienes lo redactaron tenían la intención de dejar sin efecto las legislaciones nacionales de la mayoría de los países que, cuando se adoptó el Pacto en 1966, prohibían o restringían al máximo la práctica del aborto.