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Un diputado pregunta a Zapatero qué derechos tiene un feto de 13 semanas Responder al tema

enero 22, 2010

Carlos Salvador demuestra la necesidad de que existan políticos provida, que, sin complejos, defiendan la vida en las instituciones.

La ley del aborto libre, que despertó tanto alborozo y desató un festival de abrazos y besos entre los miembros del Gobierno y los diputados socialistas cuando se aprobó en el Pleno Congreso, sigue teniendo puntos oscuros que muchas de sus señorías quieren aclarar. Ayer, el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos Salvador, registró otras siete preguntas escritas, donde pide la respuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El diputado Salvador recuerda que el pasado 14 de enero, en relación con la decisión del Ayuntamiento de Vic de negar el empadronamiento a los inmigrantes ilegales que residen en la localidad, el presidente Zapatero afirmó que esos extranjeros «son seres humanos y tienen derechos, aunque sean distintos en función de su situación». Es decir, que tienen derechos porque son seres humanos. Una afirmación que mueve a la reflexión en el caso del aborto. El diputado de UPN primero pregunta a Zapatero si comparte las declaraciones de la ministra de Igualdad, cuando afirmó que antes de las 13 semanas el no nacido es un ser vivo, pero no un ser humano.

Categoría de ser humano

«¿Es consciente el presidente de que no considerar seres humanos a los no nacidos de menos de 13 semanas es el fundamento intelectual para negarles a los no nacidos cualquier derecho antes de esas 13 semanas?», pregunta. «¿Cuáles son, a juicio del presidente del Gobierno, los presupuestos necesarios para reconocer la categoría de ser humano?».
Pero el diputado de UPN da la vuelta al argumento y pregunta a Zapatero: «Si los no nacidos de menos de 13 semanas fueran seres humanos -que lo son-, ¿tendrían entonces, como dice el presidente, «derechos, aunque sean distintos en función de su situación»». Y añade: «Según las citadas declaraciones, el ser humano es condicionante bastante para ser titular de derechos, ¿puede explicar el presidente del Gobierno qué derechos tienen los seres humanos no nacidos?».
Sin separarse de las palabras de Zapatero sobre los derechos de los inmigrantes porque son seres humanos, Carlos Salvador vuelve a la carga con otra pregunta: «¿Se puede privar a los seres humanos «en función de su situación» -no haber nacido, por ejemplo- de todos sus derechos, tal y como ocurre cuando no se respeta el derecho a la vida, sustento de cualesquiera demás derechos?».
«¿Cuáles son esos derechos de los que habla el presidente que tendrían los inmigrantes ilegales en su condición de seres humanos y de su situación?», termina.

AES contra la eutanasia en Andalucía

junio 15, 2009

Militantes de AES contra la eutanasia.

Militantes de AES contra la eutanasia.

La semana pasada La Junta de Andalucía presentó, para su discusión en el Parlamento Andaluz, un proyecto de ley titulado “Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte” que supone la primera regulación de la Eutanasia en España, aunque se haya esquivado el término y se ampare en resquicios legales para dar cobertura jurídica a la propuesta.
En cuanto se conoció la noticia, el partido social cristiano Alternativa Española hizo público un comunicado en que denunciaba «la puesta en marcha de una ley para legalizar, encubriéndola semánticamente, la Eutanasia en Andalucía». Así mismo en su escrito AES recuerda que «la puesta en marcha de esta normativa, que mediante resquicios legales puentea el problema de las competencias en esta materia, es posible porque el Estatuto de Andalucía, realizado de forma consensuada entre el Partido Popular y el Partido Socialista, apoyado por PP y PSOE, en su articulado abría la puerta a la Eutanasia.». También expresan su temor por que este proyecto abre la puerta para que en toda España se legisle de igual modo contra la vida e su final.
Como acto de protesta, algunos militantes de AES se concentraron ante el ministerio de Sanidad para defender la Vida.

El 24,6% de los socialistas rechaza la reforma de la Ley del aborto

mayo 14, 2009

La apuesta del Gobierno Zapatero por el aborto es ideológica. No la llevaba en su programa electoral, pero las feministas que controlan el partido mandan. Así que finalmente este jueves el Gobierno lleva a su Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la Ley del aborto. Y eso a pesar del sonoro rechazo social. Según una encuesta de Sigma Dos presentada en la mañana de este jueves por ‘Derecho a Vivir’, el 40,5% de los españoles rechaza la reforma del aborto libre frente al 36,7% que la apoyan. Es decir, el rechazo supera en casi 4 puntos a los apoyos.
Es decir, no hay rechazo social ni la norma ha sido consensuada con las organizaciones sociales. ‘Derecho a Vivir’ denuncia que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha incumplido su palabra. El pasado 2 de abril se comprometió con los representantes del ‘Manifiesto de Madrid’ a volver a reunirse antes de presentar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros. El anteproyecto se ha presentado, pero sin la reunión comprometida. Palabra de Bibiana.
Por sexos, los varones aprueban y las mujeres rechazan. Un 39,1% de los varones aprueban la ‘reforma Aído’ frente a un 37,9% que la rechazan. Las mujeres, en cambio rechazan en un 43,1% frente al 34,3% de apoyos. Conclusión: “Estamos ante una reforma machista”. Y es que según reconoce Sanidad es la presión o abandono de la pareja la principal causa de aborto.
Pero da igual. A Zapatero le sirve para tensar la cuerda ahora que las milongas del Debate sobre el Estado de la Nación ya no se las cree nadie. Si no gana por economía, ganará por ideología. Por eso el Debate sobre el Estado de la Nación ha estado emparedado por la PDD del lunes y el aborto del jueves. Se trata de movilizar a la izquierda, porque según Sigma Dos, la ‘reforma Aído’ es apoyada por el 57,9% de los votantes del PSOE frente a un 24,6% que la rechazan. En cambio, entre los votantes ‘populares’, el apoyo es de tan sólo el 13,9% frente a un 76,3% de rechazo.

La Pajín aliada de la internacional abortista IPPF

abril 15, 2009

Desde hace años, la red europea de la multinacional abortista International Planned Parenthood Federation (IPPF) organiza unos ‘viajes de estudio‘ a los que invita a destacados parlamentarios y representantes de medios de comunicación, con la intención expresa de recabar su apoyo y compromiso con los programas de salud sexual y reproductiva que la IPPF lleva a cabo en los países subdesarrollados.
En 2001, y en el marco de esos viajes, la IPPF organizó una Misión de Estudio en la India para los miembros del Foro Intereuropeo de Parlamentarios sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (IEPFPD); a este viaje asistió la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín Iraola, miembro del mencionado IEPFPD, así como del Intergrupo Parlamentario Español sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (IPDS). En el viaje, que se desarrolló entre el 4 y el 14 de enero de 2001, mantuvieron reuniones con los representantes indios de la IPPF y realizaron visitas de campo a una clínica de la multinacional abortista “Marie Stopes International” y a diversas actividades que promovidas por la “Asociación Hindú de Planificación Familiar”.

¿Qué es el IEPFPD?
Organización federada de la IPPF con sede en Bélgica, la IEPFPD cuenta con una terminal en España: el IPDS, constituido en 1998 e integrado hoy por 29 miembros del Senado y el Congreso -de todos los grupos parlamentarios- que tienen como fin promover iniciativas para dar seguimiento al “Programa de Acción de El Cairo”, el “Plan de Acción de Beijing”, y todas aquellas actividades que la IPPF lleva a cabo en España.
Así, y a través de Leire Pajín Iraola, Carmen Montón Jiménez, Clemencia Torrado Rey, Delia Blanco Terán, Eugenio Enrique Castillo Jaén, Isaura Navarro, Miguel Ángel Martín Soledad y de al menos otros 22 diputados y senadores de todos los grupos políticos con representación parlamentaria, la IPPF no ha dejado de ejercer su influencia en el Congreso de los Diputados y en el Senado para que en España se facilite el acceso de los jóvenes y adolescentes a los anticonceptivos y al aborto.
No en vano, el 19 de Marzo de 2001, Leire Pajín firmó una declaración institucional del IEPFPD para mostrar el total desacuerdo del Foro respecto a la decisión del Presidente Bush de reimplantar la “Política de Ciudad de Méjico” que denegaba la financiación con fondos federales a todas aquellas organizaciones dedicadas a la promoción del aborto. Además de Leire Pajín, firmaron la declaración otros 18 parlamentarios españoles: Alfredo Arola Blanquet, Carlos Aymerich Cano, Carmen Alborch Batalier, Carmen Olmedo Checa, Celestino Suarez, Clemencia Torrado Rey, Cristina Alberdi Alonso, Delia Blanco Terán, Felipe González Márquez, Francisco Rodríguez Sanchez, Ignasi Guardans, Joaquima Alemany, José Antonio Labordeta Subías, José Castor Rabadán, Ludivina García Arias, Marta Cid Panella, Merce Pigem Palmes y Micaela Navarro Garzón.
En 2006 la IPPF volvió a actuar en España a través de la Federación de Planificación Familiar Española: celebró en el Congreso de los Diputados una “Jornada de incidencia política en salud y derechos sexuales y reproductivos para jóvenes decisores y decisoras“, a la que asistieron como ponentes la diputada socialista Carmen Montón Jiménez -en calidad de miembro del IPDS y miembro de YDMI (Young Decision Makers Initiative, otra iniciativa dependiente de la IPPF)- y Leire Pajín Iraola, en calidad de secretaria de Estado para Cooperación Internacional.
Ya en 2007 el Gobierno de Rodríguez Zapatero empezó a financiar de forma oficial a la IPPF: la Agencia Española de Cooperación Internacional aprobó su primer proyecto de colaboración con la IPPF, y más concretamente con un proyecto en Sudán. A esta colaboración le sucederían otras, gracias a que la directora de la AECI era precisamente Leire Pajin, a la sazón colaboradora del IPDS. A la vista de los hechos y de las personas implicadas, parece cada vez más claro que la IPPF tiene puesta su atención en España, quizá porque esta multinacional abortista vea en la modificación de la legislación española sobre el aborto un factor decisivo para conseguir su viejo propósito de tumbar las legislaciones restrictivas en toda Latinoamérica y el Caribe, dada nuestra influencia cultural, política y económica en esa área geográfica.

Comprometida con el aborto y con el lobby gay
También en 2007, y en plena discusión sobre el programa socialista para las elecciones, Maribel Montaño, miembro de la ejecutiva socialista puso de relieve la necesidad de plantear abiertamente una ampliación de la ley del aborto. Pues bien: los primeros apoyos que Montaño recibió fueron los de Leire Pajín Iraola y Juan Fernando López Aguilar. Algo que no sorprende, habida cuenta de las relaciones de colaboración que parece haber entre Pajín y la multinacional abortista IPPF, no sólo para el aborto; También la agenda rosa ha estado en el punto de mira de Leire Pajín, que se ha destacado como impulsora de la ley de equiparación del matrimonio con las uniones homosexuales, la ley de identidad de género y la disposición para que la sanidad pública asumiera gratis total el cambio de órganos genitales.
Y es que desde hace años Pajín ha brindado su apoyo mediático al lobby gay, incluso mediante intervenciones llamativas, como el posado fotográfico de la diputada junto a una jovencísima Micaela Navarro, en la cantina del Colectivo Gay de Madrid (COGAM) publicado en Diciembre de 2000 por la revista ¿Entiendes?. Leire Pajín estuvo, además, entre los testigos invitados a la ‘boda’ celebrada el 17 de diciembre de 2005 entre la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGT), Beatriz Gimeno, y su ‘novia’, Boti García Rodrigo, ex presidenta del Colectivo de Lesbianas, Gays y Transexuales de Madrid (COGAM). Otros invitados de relieve fueron la concejal de IU, Inés Sabanés, el concejal del PSOE, Pedro Zerolo, el concejal del PP Luis Asúa, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, y la diputada del PSOE Carmen Montón Jiménez.

Los partidos abortistas estuvieron en la marcha por la Vida de Hazte Oír

marzo 30, 2009
Ser de un partido abortista al parecer facilita la presencia en la presidencia de las manifestaciones de Hazte Oír

Joaquín Manuel Montero, concejal del PSOE: Ser de un partido abortista al parecer facilita la presencia en la presidencia de las manifestaciones de Hazte Oír

Los organizadores de la Marcha por la Vida de Madrid del pasado 29 de Marzo, que vetaron con amenazas de retirar banderas y pancartas, y hasta de avisar a la policía en caso de que militantes de partidos provida acudiesen a su acto luciendo algún símbolo que les identificase como tales, han estado encantados de contar en su manifestación con representantes de los dos principales partidos abortistas de España:
Por el lado socialista acudió el concejal del PSOE de Paradas (Sevilla) que ha firmado el Manifiesto de Madrid sobre el aborto, Joaquín Manuel Montero, al que se le concedió el honor de llevar la pancarta de cabecera del desfile cívico, con el lema «No existe el derecho a matar, existe el derecho a Vivir», y ha sido invitado por Derecho a Vivir (DAV) y el resto de las entidades convocantes a hablar desde el escenario, al final del recorrido, en la plaza de Neptuno.
Por el bando popular los asistentes fueron el vicepresidente tercero del Congreso de los Diputados, Jorge Fernández Díaz, y los diputados Ángel Pintado, Eugenio Nasarre, Vicente Martínez-Pujalte, José Eugenio Azpiroz, Juan Manuel Albendea, Antonio Gutiérrez Molina, José Ignacio Echániz, Arsenio Fernández de Mesa, Lourdes Méndez, Blanca Fernández-Capel, Jaime García-Legaz, Juan Antonio Gómez Trinidad, Sebastián González, Guillermo Mariscal, Ignacio Cosidó y el senador Luis Peral.

El Congreso rechaza regular la eutanasia, de momento.

marzo 11, 2009

El Pleno del Congreso ha rechazado la proposición de ley sobre disponibilidad de la propia vida, presentada por los grupos comunistas y de extrema izquierda Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds.
Durante la defensa de la propuesta, el diputado y médico comunista Gaspar Llamazares dijo que esta iniciativa resolvería «el absurdo debate que aún hoy tenemos entre dejar morir y ayudar a morir, entre la eutanasia activa y la eutanasia pasiva». En su particular forma de ver las cosas agregó que «beneficiaría al paciente terminal, al aportarle seguridad, sensación de control y mayor serenidad para soportar ese último tramo» y «haría que los cuidados paliativos no fueran solo un eufemismo sino una realidad como condición previa para tramitar cualquier solicitud en relación a la muerte previa».
La proposición de ley de ERC-IU-ICV pretendía modificar el Código Penal para que quedara exento de pena, mediante actos necesarios o de cooperación activa, quien facilitara la muerte digna y sin dolor de otra personas, a petición previa de esta.
Llamazares se ha preguntado por qué la decisión de morir dignamente, «respetada por la mayoría», «sigue llevándose a cabo de manera arbitraria, dependiendo de los medios de los médicos y de la Administración, sin ninguna regulación y en la clandestinidad».
«Lo que justifica la oposición a la eutanasia es una creencia, la de la santidad e inviolabilidad de la vida, respetable como posición personal, pero que no puede convertirse en un objetivo profesional ni en criterio de verdad y aun menos aplicarse a todos por igual», ha dicho Llamazares, demostrando el absoluto desconocimiento del código deontológico médico que rige las actividades de los profesionales, así como un absoluto desprecio por la inviolabilidad de la vida humana, algo que, como comunista, está innegablemente ligado a su esquema de pensamiento.
La portavoz socialista, Pilar Grande, ha afirmado que el camino iniciado en la pasada legislatura va en «la buena dirección, ya que responde a la demanda mayoritaria de la población» de recibir el adecuado tratamiento en el proceso de la muerte si así lo desean.
Además, los médicos pueden aplicar estos tratamientos «con seguridad jurídica y científica, y tienen derecho a rechazar los que solo prolongan la vida biológica y no mejora sus expectativas de recuperación produciendo un sufrimiento innecesario».
A juicio de la diputada socialista, es necesario un debate sostenido en el tiempo con todos los operadores jurídicos, científicos, asistenciales e institucionales, un debate que ayude a una «clara comprensión del problema que se intenta resolver».
Tras este debate «tranquilo» y «huyendo de casos puntuales», quizá la sociedad española «nos solicite dar un paso más, subir otro peldaño y acometer la regulación legal del derecho de los pacientes afectados por determinadas enfermedades terminales a pedir a los profesionales ayuda para poner fin a sus vidas».
«Pero creemos que este momento no ha llegado», ha enfatizado Pilar Grande.
Por su parte, el diputado del PP, Santiago Cervera, ha acusado a Llamazares de haber presentado un propuesta contraria al interés general: «Es una medida que desprotegería la vida en determinados supuestos y es claramente inconstitucional».
«No es lo mismo ayudar en el morir que ayudar a morir, por tanto la producción intencionada de la muerte o la cooperación activa a ella», ha subrayado Cervera.
El portavoz de CiU, Jordi Xuclá, ha razonado que en esta cuestión no se parte de cero, ya que la ley de autonomía del paciente permite a la persona decidir sobre el tratamiento que desea recibir al final de su vida.
Olaia Fernández Dávila, del BNG, que ha votado a favor de la propuesta de ley, ha explicado que la iniciativa es necesaria para despejar las dudas en relación con la legislación vigente.

El PSOE quiere que el PP se defina ante el aborto

marzo 10, 2009

El PSOE quiere que el PP se defina por fin como partido abortista

El PSOE quiere que el PP se defina por fin como partido abortista


Una diputada del PP ha calificado de «aberrante» la posibilidad de que, en caso de salir adelante la ley abortiva del Gobierno, una niña de 16 años pueda abortar sin que lo sepan sus padres, ni puedan impedirlo si esa es su decisión. Sin embargo no les parece que lo sea que un ser humano sea asesinado por ser padecer una enfermedad, una malformación, resultado de una violación, o ser causa de «graves trastornos para la madre».
Otra dirigente de mayor rango en el partido, Dolores Cospedal, ha vuelto a mostrar la ambigüedad en el PP emlea en el aborto para parecer que hace algo: «Nosotros no descartamos acudir al Tribunal Constitucional».
No lo descartan, ni lo afirman. Si, pero no.
La postura del PP en relación con el aborto ha sido siempre la de ir al remolque del PSOE, oponiendose formalmente a todo, para luego aceptar, permitir, tolerar y hasta financiar con dinero público las políticas que el PSOE ha iniciado. Sólo con el tema de la píldora abortiva el PP se adelantó a los socialistas.
Algunos dirigentes muestran de cara a la galería una actitud rotunda de rechazo, pero son los menos, y al final acatan la linea del partido.
Mariano Rajoy ha rechazado la nueva ley, sólo para alabr reiteradamente la anterior.
El presidente del PP no está de acuerdo con la intención del Gobierno de ampliar el aborto, ni con la despenalización a partir de los 16 años, pero acepta los tres supuestos despenalizadores actuales, a la que califica de «equilibrada», y bendice por ser «fruto del consenso»(olvida que su partido la recurrió ante el tribunal constitucional).
El Partido Popular rechaza rotundamente la reforma que quiere aprobar el gobierno socialista, pero no ha dicho en ningún momento que si llega al gobierno de la nación y está en vigor, derogará la ley y terminará con el aborto en España.
Las críticas de Mariano Rajoy y de muchos dirigentes populares tienen que ver con las modificaciones que el Gobierno quiere hacer a la ley actual, pero no con el aborto en sí. Y en ese sentido quieren colar los socialistas obligar al PP a definirse, por fin como partido abortista.
La secretaria de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, ha criticado que el PP amenace con recurrir ante el Tribunal Constitucional y reprocha a los populares su «continua facilidad para olvidarse de sus propios actos políticos».
Soledad Cabezón ha recordado que el gobierno de José María Aznar fue el que, en noviembre de 2002, aprobó la Ley de Autonomía y Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica.
Dicha medida, explicó Cabezón, señala que «no cabe prestar el consentimiento por representación» cuando «se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos» salvo en caso de «actuación de grave riesgo».
«Estas declaraciones demuestran claramente que el Partido Popular sigue buscando coartadas para no pronunciarse abiertamente sobre qué es lo que piensa realmente de la nueva regulación sobre la interrupción voluntaria del embarazo».

Aborto libre hasta los tres meses y medio

marzo 6, 2009
Aído y su "comité de expertos"

Aído y su "comité de expertos"

El aborto será libre en España hasta los tres meses y medio de gestación (14 semanas). Además, se podrá interrumpir un embarazo hasta la semana 22 en dos supuestos: peligro para la salud de la embarazada o malformaciones en el feto. Pasado este plazo, todavía hay una excepción, si la malformación es de las llamadas «incompatibles con la vida» (una anencefalia, por ejemplo), el aborto se podrá llevar a cabo hasta el final del embarazo. En caso de que el peligro para la madre sea grave, también se pondrá fin al embarazo, pero, en este caso, a través de un «parto inducido» en el que, si es posible, se intentará salvar la vida del feto.
Éste será el panorama legislativo en nuestro país en pocos meses. Así lo anunció ayer la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, quien presentó las principales conclusiones del documento que ha elaborado a lo largo de seis meses el comité de expertos nombrado por su Ministerio. Un grupo de médicos y juristas –todos ellos favorables a ampliar la ley del aborto y afines al PSOE– cuya propuesta será, en palabras de Aído, el «elemento esencial» de la nueva ley. Hoy mismo, la titular de Igualdad presentará las 60 páginas del informe completo al Consejo de Ministros y «antes del verano» estará listo un anteproyecto de ley que garantizará «que se aborte con total libertad dentro de unos plazos». Lo que no se puede hacer en España, sin embargo, es ser madre con total libertad, ya que los problemas laborales, sociales, familiares, etc empujan a muchas mujeres a acudir a abortorios para que unos personajes despiadados asesinen a sus hijos por dinero…
El informe, que será la piedra angular de la norma, presentado por dos portavoces del comité –el ginecólogo del Hospital Severo Ochoa de Leganés Javier Martínez Salmeán y la jurista María Durán i Febrer– introduce otras novedades, como la posibilidad de que las menores de edad con 16 años cumplidos puedan optar a la interrupción del embarazo sin necesidad de consentimiento de sus padres. Aunque Aído no confirmó que esta propuesta se vaya a incorporar al articulado de la ley, y sólo aseguró que «se valorará», se mostró partidaria de que «si a una joven se le permite casarse a esa edad, se le considere también madura para interrumpir su embarazo».
No habrá consentimiento paterno, pero los expertos quisieron transmitir que las mujeres que aborten tendrán otras «garantías». En primer lugar, y para que la decisión sea «libre e informada», a la mujer que decida abortar se le informará «por escrito y unos días antes de todas las ayudas a las que puede acceder si decide continuar con su embarazo». Además, si el aborto se lleva a cabo por encima de la semana 14, acogiéndose a las indicaciones que recogerá la ley, éstas tendrán que ser certificadas «por un médico que no sea el que va a llevar a cabo el aborto».
Sin embargo, según precisó más tarde una fuente cercana al comité a este periódico, este médico supuestamente independiente «podrá pertenecer a la misma clínica privada». Esta medida, por tanto, no es más que una nueva trampa para continuar garantizando el negocio de los abortorios.
Otra de las garantías dentro de la propuesta de los expertos es la recomendación al Gobierno de elaborar una estrategia de salud sexual «con enfoque de género». Entre otras medidas, pese a demostrar que son un rotundo fracaso, proponen mejorar al acceso a todos los métodos anticonceptivos. En este sentido, Martínez Salmeán se mostró partidario de la libre dispensación de la «píldora del día después», que en la actualidad sólo se da con receta médica, y que no está recomendada por el propio fabricante a menores de 16 años, por no existir garantías de que sea segura. A demás dicho fármaco es, en la mayoría de los casos, abortivo. Por lo tanto éste «experto», parece ser sólamente en cuanto a imposición de ideología del género y abortista se refiere, mostrándose como un completo ignorante en lo que se refiere a la salud de la mujer.
En cuanto a la justificación jurídica, Durán aseguró que su propuesta no es incompatible con la Constitución española. Respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, en la que asegura que el «nasciturus» es un bien jurídico protegido, Durán aseguró que el Altro Tribunal «en ningún momento entra en la ley de plazos, porque ésa no era la cuestión por la que se le había preguntado». Asimismo, distinguió entre el embrión, que efectivamente es un bien, y la mujer, que «tiene derechos».
Para apoyar sus conclusiones, además, Durán recordó la resolución del Parlamento Europeo del pasado 14 de enero, en la que reconocía el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto, y que fue apoyada por eurodiputados del Partido Popular.
En todo caso, y aunque los abortos se practiquen fuera del marco jurídico de la nueva ley, los juristas que han participado en el comité abogan porque «el aborto consentido quede fuera del derecho penal». Si, finalmente, el Gobierno no acepta esta propuesta «proponemos que se atenúen las penas: que no se penalice a la mujer y que para las terceras personas que participen no sea causa de prisión». Ésta, en reaqlidad parece ser la verdadera y única causa de la nueva ley del aborto, que los señores Morín y compañía no puedan ser enviados a la cárcel por cometer todo tipo de tropelías, atentar contra la salud de sus pacientes, contra la legislación vigente, conla la hacienda pública…Es decir, gatrantizar la total impunidad de los abortistas.

Sectarismo en las subvenciones del ministerio de sanidad: Feminsitas y abortistas se llevan nuestro dinero

marzo 4, 2009

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado las subvenciones concedidas en el ejercicio 2008 a entidades y asociaciones más o menos vinculadas a la salud. En total, algo más de 2,7 millones de euros, repartidos entre 74 asociaciones tan dispares como Cruz Roja Española (la entidad que recibe más dinero) y la Asociación Española de Miastenia (la que recibe menos). Numerosas asociaciones fieles al Gobierno no han dejado de recibir su «premio» este año. Muchas ni siquiera se dedican de manera específica al ámbito de la sanidad. Entre ellas, destacan 17 entidades, entre inmigrantes, minorías étnicas, feministas, abortistas, familias «alternativas» al modelo familiar y homosexuales, que se llevan cerca del 20 por ciento del total de las subvenciones.
La Federación Española de Lesbianas, Gays y Transexuales recibe este año 80.000 euros, una de las subvenciones más altas, de dificil justificación desde el punto de vista sanitario. También las feministas de Fundación Mujeres reciben 75.000 euros. Se trata de una entidad claramente vinculada al Partido Socialista, uno de cuyos «blogs» es el de Elena Valenciano, secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE. Pero no es la única asociación feminista radical que se lleva parte de nuestro dinero destinado a Sanidad. La Federación de Mujeres Rurales Fademur, que se autodefine como «una joven organización progresista» y que recibe 40.000 euros, hasta la Federación de Mujeres Progresistas, con 12.000, pasando por la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que se lleva 25.000. Algunas de estas agrupaciones reciben más ayudas, puesto que también están presentes en otra de las entidades no sanitarias «premiadas», la Unión de Asociaciones Familiares. Se trata de una entidad de familias «alternativas», que agrupa a homosexuales, feministas, mujeres separadas…
varias entidades que promueven el aborto han recibido ayudas en el año en el que comenzó el debate de la reforma de la ley. Es el caso de la Federación de Planificación Familiar de España, vinculada al IPPF europeo, defensor de la interrupción del embarazo, que recibe cerca de 13.000 euros. También del Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva recibe 20.000 euros. Quizá, para sufragar un informe elaborado conjuntamente con la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo sobre la dificultad en el acceso al aborto. En este sentido, llama la atención que ninguna asociación contraria al aborto esté entre las subvencionadas. Alfonso Delgado, presidente de la Asociación Española de Pediatría (una de las organizaciones que brillan por su ausencia en el listado), asegura que «también las entidades que ayudan a las embarazadas sin recursos podrían recibir ayudas públicas». Sobre la entidad que preside, atribuye la falta de subvenciones a que «somos independientes, y eso se paga».

La izquierda pacta el aborto en masa

febrero 18, 2009
Asesinar a bebés como el de la foto ya no será delito despenalizado en España

Asesinar a bebés como el de la foto ya no será delito despenalizado en España

El PSOE alcanzó ayer un principio de acuerdo con las minorías de izquierda (ERC, IU, ICV, BNG y Nafarroa Bai) para que el informe de la subcomisión parlamentaria encargada de revisar la Ley del Aborto, que mañana comienza a redactarse en el Congreso, no fije plazos determinados para la interrupción voluntaria del embarazo. Si pretende, sin embargo, ampliar facilidades para cometerlo, ya que pretende extiender el uso de anticonceptivos y de la píldora abortiva, evitar objeciones en bloque de un centro público sanitario y pretende igualar nuestra legislación a las más sanguinarias de Europa en la materia.
El documento no concreta el plazo de tiempo en el que las mujeres embarazadas podrán abortar libremente, ni tampoco los plazos en los que se podrán acoger a las indicaciones en caso de malformación del feto o de riesgo para la salud de la madre. El mayor plazo de tiempo para abortar sin justificación en Europa es de 24 semanas, en Holanda, edad a la que un bebé es compretamente viable y a la que podría incluso provocar el parto para sacarlo de la madre y evitar su asesinato.
Igualmente, los proponentes apuestan por «sacar el aborto del Código Penal», para defender los ingentes ingresos de los negocios abortistas, de modo que iniciativas para hacer cumplir la ley, y perseguir su impudidad fuesen no extremadamente difíciles como ahora, sino ya imposibles.
Los grupos también acordaron que el exterminio de bebés, además de los anticonceptivos y la píldora abortiva, deben ser una prestación garantizada en el sistema de salud pública y pagarse con el dinero de todos. Además, apuestan por regular la objeción de conciencia de modo que la dirección del hospital no pueda objetar por todo el centro sino que sea una decisión personal.
Este borrador de será votada mañana en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Pese a este principio de acuerdo, el grupo formado por ERC, IU e ICV mantendrán su voto particular, ya que semejante crimen les parece poco y solicitan que la propuesta de la subcomisión sea más despiadada y fije el plazo del aborto libre entre las 20 y las 24 semanas.