Kutz afirma que la ley del aborto es un «bodrio» que no respeta las competencias

María Kutz, consejera navarra de sanidad

La consejera de Salud, María Kutz, insistió ayer en el Parlamento en que la nueva Ley del Aborto, que calificó de «bodrio», supone una invasión a las competencias de Navarra y que hay un «claro contrafuero». «Las competencias de funcionamiento y organización las tiene el departamento de Salud y nadie nos puede imponer nada. No nos pueden venir a decir desde Madrid cómo organizar los servicios sanitarios», aseguró.
Kutz compareció ayer ante la comisión de salud del Parlamento foral, a petición de NaBai, para informar sobre el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Gobierno foral a la nueva ley del aborto.
Según Kutz, la invasión de competencias se produce en la disposición final V de la ley donde se indica que «se garantizará la prestación en la red sanitaria pública o vinculada a la misma en la comunidad autónoma de residencia de la mujer embarazada siempre que así lo solicite la misma». Esta disposición no respeta las competencias de Navarra, insistió. Además, a juicio de la consejera, el legislador muestra «gran torpeza» ya que contradice el propio articulado de la ley (artículos 18 y 19). En ellos se indica que «la prestación del aborto se podrá realizar en centros de la red sanitaria públicos o vinculados a la misma y que si el servicio público no pudiera facilitar la prestación la mujer embarazada tiene derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional».
La consejera reiteró que desde el primer momento la nueva ley le pareció «un bodrio». Apuntó que «el tiempo me ha dado la razón», al insistir en que invade competencias y no resuelve un problema tan complejo como la objeción de conciencia de los profesionales. Ahora, señaló, el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar. «No tengo miedo al Constitucional. Estamos en un estado de derecho y para eso están los tribunales», dijo. Y añadió que «acataremos lo que diga el Tribunal Constitucional». Con todo, Kutz apuntó que la ley del aborto «se cumple en Navarra».
Javier Marcotegui (UPN) afirmó que la primera obligación del Gobierno es la defensa del Fuero si ve un riesgo y en este caso «hay sospechas». José Andrés Burguete (CDN) se mostró contrario a la ley pero criticó la «defensa postiza del autogobierno» por parte del Ejecutivo en un momento de «sometimiento» tras aceptar el tijeretazo de Zapatero.

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Navarra formaliza su recurso de inconstitucionalidad contra la ley

Carlos Salvador, diputado de UPN

El Gobierno de Navarra, que preside Miguel Sanz, ha formalizado la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley del aborto. El diputado de UPN, Carlos Salvador, confirmó que los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra han entregado esta misma semana el recurso en el Tribunal Constitucional «de forma discreta», a diferencia del coordinador de Libertades Públicas del PP, Federico Trillo.
El Gobierno de Navarra sostiene que existen «vicios de inconstitucionalidad» en tres preceptos de la ley: la disposición final quinta, el artículo 14 y el artículo 19.
A su juicio, la ley vulnera las competencias exclusivas de la comunidad en materia de organización y prestación de servicios sanitarios cuando establece que “corresponderá a las autoridades sanitarias garantizar la prestación contenida en la red sanitaria pública, o vinculada a la misma, en la comunidad autónoma de residencia de la mujer embarazada, siempre que así lo solicite la embarazada.
El Gobierno autonómico de Miguel Sanz entiende que la planificación y la organización de los servicios sanitarios en Navarra «corresponde en exclusiva a la Comunidad Foral».
Además, cree que la ley es inconstitucional porque las garantías previstas para regular el sistema de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo es “una simple información escrita, que se entrega en sobre cerrado y que no está adaptada de forma individualizada a la situación personal de la mujer, por lo que se ha configurado como un acto protocolario, genérico y de mero trámite”.
Según el Gobierno de Navarra, el artículo 19 de la ley tampoco es constitucional por la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios implicados en la interrupción voluntaria del embarazo.
Salvador explicó que UPN piensa estar «vigilante» a la aplicación de la ley, que calificó de «muy mala», y al desarrollo que se haga de ella a través de posibles reglamentos.

El Gobierno de Navarra estudia recurrir la reforma del PSN sobre el aborto

El Gobierno foral mostró ayer su rechazo a que el Parlamento tome en consideración dos proposiciones de ley que ha presentado su socio presupuestario, el PSN, una para modificar la ley foral de Salud y garantizar que en Navarra puedan practicarse abortos, y la otra para regular por ley el servicio de Salud Mental.

Además, según anunció el presidente del Gobierno, Miguel Sanz, el Ejecutivo estudiará si la reforma de la ley de Salud que proponen los socialistas vulnera el derecho de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, en cuyo caso intentarán recurrir dicha reforma ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno, recordó Sanz, ya ha anunciado su intención de recurrir la nueva ley estatal del aborto ante el citado tribunal, al considerar que se invaden las competencias que en materia de organización sanitaria tiene atribuidas Navarra. Si los servicios jurídicos del Gobierno entienden que también la reforma de la ley foral que propone el PSN puede vulnerar algún derecho recogido en la Constitución, el Gobierno emprenderá un nuevo recurso contra esta modificación legal, o bien lo añadirá al que ya prepara contra la ley estatal, explicó Sanz.

«La ley estatal es de obligado cumplimiento, pero lo que no pueden decirnos es cómo debemos cumplir la ley», señaló el presidente. «Nosotros hemos encontrado un mecanismo para cumplirla que, al mismo tiempo, respeta la objeción de conciencia de los profesionales», añadió. En cambio, criticó, la modificación legal que acaba de proponer el PSN «va en contra de la concertación de servicios» sanitarios que desarrolla el Gobierno. Sanz explicó que la proposición socialista «insta a la celebración de un concurso público» para la implantación de clínicas abortistas privadas en Navarra. Esto, censuró, «es una invasión» de las competencias del Gobierno foral.

Sanz quiso emplear un lenguaje claro y rechazó hablar de «interrupciones voluntarias del embarazo», término que consideró un «eufemismo»: «Lo que se interrumpe, se puede reanudar. Pero un aborto termina con una vida», señaló. Añadió que el Gobierno ha trabajado para que los navarros puedan contar con unos servicios sanitarios «que añaden vida a los enfermos y a las personas», pero que no permitirá la «implantación de servicios para ir en contra de la vida».

A pesar de las duras críticas del Partido Socialista en esta materia, Sanz rechazó considerarlas una «deslealtad» hacia el Gobierno. «El tema del aborto no ha sido nunca objeto de acuerdo» entre el Ejecutivo y los socialistas, «puesto que ambos sabemos que mantenemos en este asunto posturas opuestas», explicó el presidente. Por ello aprovechó para calificar de «frivolidad» la exigencia formulada recientemente por el PP para que el Gobierno reconsidere sus relaciones de consenso con el PSN por la postura que este último mantiene con respecto al aborto.

El abortista Partido Popular critica al provida UPN por gobernar con el abortista PSOE

Santiago Cervera, presidente en Navarra del segundo mayor partido abortista de España, el Partido Popular, ha afirmado en relación a UPN, único partido político con representación institucional que defiende la vida humana, que las discrepancias entre UPN y PSN sobre la ley del aborto son una «razón más que suficiente» para que los regionalistas replanteen su relación con los socialistas.
Se olvida el señor Cervera de que UPN ha estado durante años en coalición con su propio partido, ferviente partidario de la legislación abortista actual.
Desde el partido regionalista se ha responidido con contundencia y firmeza a estas declaraciones. El secretario general de UPN, Carlos García Adanero declaró que su partido «nunca» cederá en temas como los «principios y valores» que sustentan su rechazo al aborto, aunque al no contar los regionalistas con mayoría absoluta para gobernar en Navarra tienen que llegar a acuerdos con el PSN en materias como la presupuestaria y la económica «para que Navarra funcione». Algo que está muy lejos de poder decir el Partido Popular.
García Adanero defendió una vez más la postura de UPN, que presentará un recurso contra la reforma Aído ante el Tribunal Constitucional por “invasión de competencias y porque supone un contrafuero”, frente a la actitud de los socialistas, que ya se han movilizado junto a Na Bai e IU para llevar al Parlamento la reforma de la Ley Foral de Salud de 1990 y tratar de garantizar la práctica de abortos en la red sanitaria pública de Navarra. «Es evidente que nosotros no vamos a ceder en nuestros principios ni valores. UPN por ahí no va a pasar», afirmó.
Sin embargo, recordó que la falta de mayoría absoluta con la que gobierna UPN en Navarra le obliga a pactar «en aquellos temas en los que se puede poner de acuerdo para que esto funcione». En este caso, aludió a los asuntos presupuestarios y económicos acordados con el PSN, «que están llevando a Navarra a una situación mejor que la del conjunto de España».
Por todo ello, Carlos García Adanero subrayó que si lo que persigue el PPN «es que UPN no gobierne en Navarra, la otra opción que queda es PSN o Na Bai”. “Viendo lo visto, empiezo a pensar que la opción que a ellos más les gusta es que en Navarra gobierne Na Bai». También advirtió que los populares y los nacionalistas «están haciendo las famosas pinzas» a los regionalistas, ya que «no hay más que ver las declaraciones que al final son coincidentes» entre ambas formaciones.

UPN quiere vetar la ley del aborto en el senado

UPN ha presentado en el Senado una propuesta de veto al conjunto del proyecto de ley de reforma del aborto al entender que es «coherente» con los principios de UPN y «va en la línea de las múltiples iniciativas que ha ido llevando Carlos Salvador en el Congreso de los diputados».
En opinión de la senadora regionalista, María Caballero, que ofreció una rueda de prensa junto al diputado regionalista, Carlos Salvador, para informar de las iniciativas que su formación llevará a cabo en las Cortes Generales en el nuevo periodo de sesiones, la reforma de la ley del aborto presentada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es «ilegítima, incongruente, injusta, inconstitucional e inoportuna». Tras pasar el trámite del Congreso, la reforma del aborto se debatirá en el senado, según indicó Caballero, el próximo 23 de febrero.
UPN ha presentado también una moción en el Senado en la que propone al Gobierno central que convoque a todas las fuerzas políticas a un «gran pacto social y político» contra la corrupción.

Un diputado pregunta a Zapatero qué derechos tiene un feto de 13 semanas Responder al tema

Carlos Salvador demuestra la necesidad de que existan políticos provida, que, sin complejos, defiendan la vida en las instituciones.

La ley del aborto libre, que despertó tanto alborozo y desató un festival de abrazos y besos entre los miembros del Gobierno y los diputados socialistas cuando se aprobó en el Pleno Congreso, sigue teniendo puntos oscuros que muchas de sus señorías quieren aclarar. Ayer, el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos Salvador, registró otras siete preguntas escritas, donde pide la respuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El diputado Salvador recuerda que el pasado 14 de enero, en relación con la decisión del Ayuntamiento de Vic de negar el empadronamiento a los inmigrantes ilegales que residen en la localidad, el presidente Zapatero afirmó que esos extranjeros «son seres humanos y tienen derechos, aunque sean distintos en función de su situación». Es decir, que tienen derechos porque son seres humanos. Una afirmación que mueve a la reflexión en el caso del aborto. El diputado de UPN primero pregunta a Zapatero si comparte las declaraciones de la ministra de Igualdad, cuando afirmó que antes de las 13 semanas el no nacido es un ser vivo, pero no un ser humano.

Categoría de ser humano

«¿Es consciente el presidente de que no considerar seres humanos a los no nacidos de menos de 13 semanas es el fundamento intelectual para negarles a los no nacidos cualquier derecho antes de esas 13 semanas?», pregunta. «¿Cuáles son, a juicio del presidente del Gobierno, los presupuestos necesarios para reconocer la categoría de ser humano?».
Pero el diputado de UPN da la vuelta al argumento y pregunta a Zapatero: «Si los no nacidos de menos de 13 semanas fueran seres humanos -que lo son-, ¿tendrían entonces, como dice el presidente, «derechos, aunque sean distintos en función de su situación»». Y añade: «Según las citadas declaraciones, el ser humano es condicionante bastante para ser titular de derechos, ¿puede explicar el presidente del Gobierno qué derechos tienen los seres humanos no nacidos?».
Sin separarse de las palabras de Zapatero sobre los derechos de los inmigrantes porque son seres humanos, Carlos Salvador vuelve a la carga con otra pregunta: «¿Se puede privar a los seres humanos «en función de su situación» -no haber nacido, por ejemplo- de todos sus derechos, tal y como ocurre cuando no se respeta el derecho a la vida, sustento de cualesquiera demás derechos?».
«¿Cuáles son esos derechos de los que habla el presidente que tendrían los inmigrantes ilegales en su condición de seres humanos y de su situación?», termina.