Mientras que en Madrid se impide que el partido social cristiano Alternativa Española se persone como acusación popular en el juicio por abortos ilegales contra el negocio abortista Isadora, con la excusa de «preservar la identidad de las mujeres que abortaron», con lo cual, de no formular acusación la fiscalía no existirá juicio, y no se sentará a los abortistas en el banquillo de los acusados; en Barcelona la Audiencia Provincial ha ordenado revelar las identidades de las mujeres que fueron imputadas por haberse sometido a abortos ilegales en las clínicas del doctor Carlos Morín. Sin embargo, esto puede motivar que las mujeres que tengan que revelar su identidad se nieguen a declarar alegando que quieren salvaguardar su intimidad. Las identidades se remitirán a todas las partes personadas por la causa para garantizar el derecho a la defensa. Los magistrados de la Sección Novena entienden la problemática que genera el delito del aborto, pero dicen que mantener secreta la identidad de las pacientes vulnera el derecho a defensa. La Audiencia estima así el recurso presentado por una de las defensas de los imputados, que solicitaba conocer, como parte del proceso, las identidades de las mujeres. Carlos Morín llegó a estar en la cárcel gracias a la persistencia de Alternativa Española, que fue quien denunció al ginecólogo y destapó toda su red delictiva de abortos.
Sin embargo, esto tiene truco y no es positivo, según manifiestan miembros de asociaciones pro- vida ya que, al revelarse las identidades de las mujeres que han abortado, éstas van a alegar que se niegan a declarar para que su nombre no sea conocido por la opinión pública. Las clínicas abortivas, y la prensa progre, incluido el diario liberal El Mundo, ponen el grito en el cielo cuando salen estas informaciones y hablan de cercenar la libertad de sus clientes al sacar sus identidades pero, por otro lado, son los imputados por abortos ilegales los que exigen conocer la identidad de las mujeres. Si eso se produce, y sus identidades se hacen públicas, no van a declarar contra ellas. Alternativa Española sabe de esta jugada y ve como las clínicas abortivas mientras critican estas noticias por un lado, por el otro se muestran encantadas de que se produzcan para evitar que declaren contra ellas.
El mensaje que se manda desde el PSOE, sin embargo, es que desde el gobierno se va a intentar interferir con esa decisión, y alterar en la medida de lo posible el proceso judicial. No es desde luego la primera ocasión en la que nuestro gobierno presiona para alterar una decisión judicial. Para De la Vega, la decisión la Audiencia de Barcelona es “inaudita, inaceptable y vulneradora de los derechos fundamentales de las mujeres” porque “desprecia su identidad y la confidencialidad de los datos”. “No nos vamos a resignar ante decisiones de esta naturaleza, sencillamente no lo vamos a tolerar”, ha apostillado la vicepresidenta, apasionada defensora de la tolerancia, quien ha subrayado que el Gobierno no se va a quedar quieto en esta situación.
Desde la oposición, que suponemos que será del Partido Popular, no se conoce otra reacción que el más absoluto y vergonzante silencio.
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