Amnistía Internacional arremete contra Polonia por ser provida.

La organización internacional de extrema izquierda Amnistía Internacional ha publicado recientemente su estudio 2009 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.
Desde hace algunos años, la siniestra organización incluye entre éstos, el asesinato de bebés en el útero de las madres, y se ha lanzado frenéticamente a una campaña para lograr extender el aborto a nivel global, disfrazándolo de “derecho humano”.
Por ello, en su último informe, arremeten contra Polonia for “favorecer la violencia contra las mujeres al no permitir el acceso libre al aborto a mujeres” que podrían ser subsidiarias de que se cometiese un aborto contra sus hijos.

YouTube prohibe nuevo video de Planned Parenthood diciendo a un cliente que las fotos sobre abortos “son de mentira”

Live Action Films, un grupo investigador dedicado a denunciar las mentiras acciones ilegales de los empleados de Planned Parenthood, ha sacado un nuevo video mostrando a una abortista de Planned Parenthood negando que las imágenes de abortos que se pueden encontrar en internet sean reales. Sin embargo, el viedo ha sido rápidamente censurado en Yuotube sin ninguna explicación, y el grupo dice que la cuenta de Live Action a sido amenazada con el cierre.
El video censurado puede verse en este enlace, y muestra, a demás las horribles imágenes de lo que los abortistas hacen a diario a centenares de seres humanos en todo el mundo.
Ya en septiembre del año pasado Yuoutube censuró otro video de Live Actión en que se denunciaba el apoyo de Planned Parenthood al aborto selectivo en función de la raza del niño que iba a ser asesinado, los videos pueden verse aquí.

Nigerianos rechazan proyecto para legalizar aborto impulsado por EEUU

Pese a los esfuerzos de Obama, los niños no serán asesinados en Nigeria

Pese a los esfuerzos y la inversión de Obama y su gobierno por imponer el aborto a nivel universal, algunas naciones, pobres en lo económico, pero ricas en lo moral y espiritual, plantan cara al hombre más poderoso y despiadado de la tierra.
Por 13 votos contra uno, la legislatura del pequeño estado de Imo en Nigeria rechazó un proyecto de ley sobre los derechos reproductivos que introduciría el aborto en el país. La votación fue comentada por el periódico nacional de Nigeria como una “victoria de los valores culturales” sobre “la nueva revolución cultural occidental”.
Aunque el proyecto de ley fue presentado para favorecer los llamados “derechos reproductivos” de la mujer, la normativa introducía la legalización del aborto en los nueve meses de embarazo.
Imo, considerado un estado pro-vida, había rechazado varios intentos de legalizar el aborto, el más reciente en 2006.
Con ocasión de la votación, una gran multitud de ciudadanos desde niños, religiosas y hasta funcionarios públicos marcharon hasta la Casa de Estado de Imo y protestaron contra el proyecto de ley ante la Asamblea.
Aunque la audiencia pública se programó para el mediodía, todos los asientos en la sala de audiencia fueron ocupados desde las 7:00 de la mañana miles de manifestantes que desbordaron el edificio con pancartas que decían: “Los niños son nuestros valores”, “Derecho reproductivo es aborto”, y “Las madres de Imo aman a los niños”.
Los defensores de los derechos reproductivos defendieron la ley alegando que ésta no menciona el aborto y estaba dirigida solo a promover la salud de las mujeres de Imo. Sin embargo, los eufemismos en el proyecto de ley incluye frases como “control de la fertilidad”, “el calendario, el número y el espaciamiento de sus hijos,” y “elección de los métodos de control de la fecundidad y planificación familias”, interpretados en otros países donde el aborto es legal como el derecho de la mujer a los anticonceptivos y el aborto.
La preocupación de los nigerianos era mayor por el hecho de que uno de los patrocinadores del proyecto de ley era IPAS, un importante grupo de presión que trabaja en diversos países impulsando cambios legales a favor del aborto.

Prohíben distribución de píldora del día siguiente en Chile

Las mujeres chilenas están protegidas contra el fármaco abortivo

Mediante un dictamen dado a conocer esta semana, con fecha del 16 de junio de 2009, la Contraloría General de la República de Chile prohibió la distribución de la píldora del día siguiente por parte de las municipalidades; así como cualquier otro organismo público o privado.
El dictamen precisa que las municipalidades “están jurídicamente impedidas de implementar planes o programas o realizar actividades o acciones que implique la utilización o entrega a cualquier título de ese fármaco (píldora del día siguiente), ni aun a costo municipal o mediante cobro al usuario”.
“Se encuentran en la misma situación antes descrita, los demás entes públicos o privados que suscriban convenios con los organismos que integran el Sistema Nacional de Servicios de Salud, por cuanto, en su virtud, constituyen asimismo dicho sistema”, resalta el texto de la Contraloría..
Al respecto la abogada Carmen Domínguez, Directora del Centro UC de la Familia de la Pontificia Universidad Católica de Chile señaló que “en octubre del año pasado habíamos presentado (un total de 37 prestigiosos profesores de Derecho) una petición de dictamen a Contraloría para que aclarara si las municipalidades podían distribuir la píldora pese a la sentencia del Tribunal Constitucional que la había prohibido”.
Con este dictamen, explica Domínguez, que prohíbe la distribución de la píldora del día siguiente se hace también frente al hecho que “la entrega a través de las Municipalidades había sido el medio que el Ministerio y el Gobierno habían encontrado para burlar la sentencia del Tribunal constitucional, con lo cual este dictamen les cierra esa vía de fraude”.
Por su parte el Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Mons. Alejandro Goic, resaltó la postura de la Iglesia en favor de la vida, incluso en situaciones especialmente dolorosas: “debemos salvar las vidas, porque el niño que ha sido engendrado fruto de la violencia no es agresor, el agresor es aquel que abusó de esa mujer”.
En declaraciones a Radio Cooperativa, el también Obispo de Rancagua aseguró que “le diría a las mujeres y los candidatos que busquemos las causas que producen estas situaciones y no nos quedemos sólo en los efectos. Siento que se están atacando los efectos, pero no las causas de los problemas”.
Asimismo expresó su preocupación por el rumbo que está tomando la discusión respecto al aborto alrededor del mundo. “Hoy en España se quiere aumentar la legislación del aborto de tal manera que se pueda eliminar a un niño que viene sano prácticamente cuando tiene cuatro meses de vida… ¿qué sociedad estamos haciendo?, ése es el punto que a mí como hombre me duele. Si la vida es sagrada, tenemos que respetarla”, manifestó.

El Consejo Fiscal dice que “no se puede hablar de derecho al aborto”

El dictamen aprobado ayer martes 23 de junio por el Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y remitido hoy al Ministerio de Juticia señala que “no pude hablarse de derecho al aborto”, pues, en ese caso, “supondría el reconocimiento del derecho a eliminar a un ser humano distinto de la madre y titular del derecho a la vida humana”.
El texto, aprobado con seis votos a favor y cinco en contra, apunta que los artículos 12 y 14 del anteproyecto del Gobierno -que recogen la garantía de acceso al aborto y el aborto a petición de la mujer- “deben considerarse como normas inconstitucionales” y basa su dictamen en la sentencia de Tribunal Consitucional de 1985.
La discrepancia, según sostienen, radica en la “desprotección del nasciturus” y en que el Estado “debe abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma”.
Afirman también que la despenalización “no puede convertirse en derecho” y que el aborto “sigue siendo un mal, pues supone la privación de la vida del nasciturus”. “Dicho valor cede ante situaciones extremas. Pero, en puridad, no puede hablarse de un derecho al aborto”, apuntan.
Por su parte, los fiscales que no votaron a favor este texto, entre los que se encuentra el Fiscal General el Estado, Cádido Conde-Pumpido, emitieron un segundo dictamen también enviado a Justicia, en el que señalan que en el anteproyecto “no se habla de un derecho al aborto”, sino del “reconocimiento y garantía” en el acceso a aborto.
En cualquier caso, consideran que en el aborto aparecen “dos bienes jurídicos” y, por ello, al mencionar el texto del Gobierno los derechos fundamentales de la mujer como objeto de protección preferente en la aplicación de la ley, señalan que la regla “presenta cierto desenfoque en el terreno de la ponderación de intereses”.
“Una norma jurídica que pretenda solventar la colisión descrita por el Tribunal Constitucional de modo general, sistemático y automático a favor de los derechos fundamental de la mujer en perjuicio del otro objeto de protección encajaría con dificultad en la doctrina expuesta”, recoge el informe de los fiscales progresistas y pide que se modifique la redacción del artículo 12.
Sobre el plazo de semanas, el dictamen más radicalmente promuerte dice que “se echa de menos una mínima explicación acerca de las razones por las que se ha optado por las 14 semanas”. “Explicación que debería permitir vincular esa opción normativa de manera más clara con la idea de una protección escalonada de la vida intrauterina”, apunta.
Sobre las interrupciones por causas médicas, el Consejo Fiscal al completo considera que la introducción de un límite temporal de 22 semanas “aportará, como mínimo, una mayor seguridad jurídica”. Sin embargo, el dictamen mayoritario apunta que estos supuestos, aún habiendose considerado constitucionales, chocan con la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
A la luz de la convención, según recoge el documento, “no sería admisible una legislación en materia de IVE, como la actualmente vigente en España, que despenaliza el aborto en el supuesto de discapacidad del feto por constituir un trato desigual por motivos de discapacidad”.
Sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo sin límite temporal cuando el feto padezca “una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico”, todos los fiscales coinciden en el problema es que “la norma no concreta demasiado ni la entidad ni la extensión de la esperanza de vida humana independiente que pondría límite a la aplicación del supuesto”.
“Dicho más claramente, existen enfermedades graves y de naturaleza crónica que permiten una calidad de vida razonable. Incluso hay supuestos de engermedades graves e incurables en que el estado de la ciencia permite albergar fundadas esperanzas de un cambio de esa situación en un plazo razonable”, coinciden.

En relación a la constitución del Comité Clínico que decidirá sobre una intervención urgente, y en la que se recoge que no podrán formar parte del mismo quienes se hayan manifestado en contra del aborto, el grupo mayoritario apunta que es “una prohibición de difícil encaje constitucional”. En cambio, los progresistas afirman que la Constitución no lo prohíbe.
En el plano de la información a la mujer, el dictamen mayoritario rechaza que se entregue a la mujer en un sobre cerrado y propone que exista un asesoramiento “obligatorio y reglado”, en el que deben incluirse “padres, guardadores y respresentantes legales”. Además, recogen que debe ser una entidad independiente la que informe a la mujer “de las posibles ayudas a problemas que empujen al aborto así como los posibles riesgos y secuelas del aborto, ayudas a la familia y otras opciones como la entrega en adopción”.
Tras esto, que estiman en un plazo de una semana, y con un documento en el que se certifique que ha recibido esta información, la mujer podrá decidir libre y responsablemente qué hacer en cualquier sentido.
El texto alternativo insiste, por su parte, en que la norma “debería ser más clara en los términos de esta delimitación, y contemplar los aspectos específicos de la IVE que afectan sigular e inevitablemente a la prestación del consentimiento al acto médico”.
También ha habido consenso, salvo en cuestiones formales, para defender que se informe a los padres cuya hija menor de 18 años vaya interrumpir voluntariamente su embarazo para que así puedan ejercer su derecho a la patria potestad. Todos los fiscales apuestan en este sentido por acudir “a la solución intermedia”.
Los mayoritarios apuestan por que los padres “deban ser informados de la situación de su hija, y su opinión sea tenida en cuenta para la toma de la decisión por quien corresponde: la menor misma”.

AES contra la eutanasia en Andalucía

Militantes de AES contra la eutanasia.

La semana pasada La Junta de Andalucía presentó, para su discusión en el Parlamento Andaluz, un proyecto de ley titulado “Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte” que supone la primera regulación de la Eutanasia en España, aunque se haya esquivado el término y se ampare en resquicios legales para dar cobertura jurídica a la propuesta.
En cuanto se conoció la noticia, el partido social cristiano Alternativa Española hizo público un comunicado en que denunciaba “la puesta en marcha de una ley para legalizar, encubriéndola semánticamente, la Eutanasia en Andalucía”. Así mismo en su escrito AES recuerda que “la puesta en marcha de esta normativa, que mediante resquicios legales puentea el problema de las competencias en esta materia, es posible porque el Estatuto de Andalucía, realizado de forma consensuada entre el Partido Popular y el Partido Socialista, apoyado por PP y PSOE, en su articulado abría la puerta a la Eutanasia.”. También expresan su temor por que este proyecto abre la puerta para que en toda España se legisle de igual modo contra la vida e su final.
Como acto de protesta, algunos militantes de AES se concentraron ante el ministerio de Sanidad para defender la Vida.

SMS por la Vida

SIETE DE NOVIEMBRE DEL 2009 (07.11.2009) en ZARAGOZA, a las 22:00 horas ENCENDEREMOS en las calles de esta ciudad tantas velas como niños y jóvenes nos faltan desde la aprobación de la ley del aborto hace 25 años: un millón quinientos mil.
Este acto se celebrará aprovechando la celebración del IV Congreso Internacional Provida que tendrá lugar en el Auditorio de Zaragoza los días 6, 7 y 8 de Noviembre. (www.zaragoza2009.org)
Cada vela será una oración y un recuerdo por esos niños y por sus madres.
Una manera muy facil de ayudar a la Campaña es enviar un SMS con la palabra VELA al 7745. De este modo pondremos una vela en tu nombre y así colaborarás con las entidades que se dedican a ayudar a las mujeres embarazadas con problemas. ¡Que ninguna mujer se plantee abortar!.

Marcha por la Vida en Dublín el 4 de Julio

Contra todas las dificultades imaginables, y por la claridad con que se ha expresado a favor de la vida el pueblo irlandés, la República de Irlanda se mantiene como uno de los pocos estados dentro de la UE que aún defienden la vida del no nacido frewnte al aborto. Bajo una constante y asfixiante presión por parte de la propia Unión Europea, y de las multinacionales del aborto, los irlandeses se han mostrado firmes en si defensa de la Vida. Pero debe actuarse para que las cosas sigan así.

Imagen de la marcha del año precedente

El próximo 4 de julio miles de irlandeses volverán a tomar las calles para defender el derecho a la vida.

El programa de actos es el siguiente:
1pm Misa en la Iglesia de San Salvador (St Saviour’s Church), Dominic Street, Dublin 1.
2pm Marcha por la vida, Garden of Remembrance.

Aprovechando las vacaciones de verano, y la posibilidad de visitar la bella isla de Irlanda, invitamos a todos nuestros lectores a acudir a este acto, y tener la oportunidad de escuchar los discursos de importantes defensores de la vida, como el Dr Eoghan de Faoite, el padre Brian McKevitt (editor del Alive paper), Bernadette Smyth, y muchos más, incluyendo algunos invitados sorpresa.
Más información aquí

Un parlamentario presenta una moción para parar la nueva ley del aborto

Carlos Salvador Armendáriz

El diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador Armendáriz, ha presentado una moción en el Congreso de los Diputados para que se retire el proyecto de ley del aborto presentado por el Gobierno.
La primera votación sobre los planes abortistas del Gobierno, que podría posponer el anteproyecto de manera indefinida y que además servirá de test para calibrar los apoyos reales con los que Zapatero cuenta en este asunto, dependerá en buena medida de lo que hagan los partidos nacionalistas y UPyD, y de si los grupos parlamentarios permiten el voto en conciencia.
La moción es de una cobardía asombrosa, ya que tan sólo plantea la conveniencia de posponer la tramitación del anteproyecto “mientras no se produzca el cambio en las circunstancias que permitiría la reflexión sosegada y el enriquecedor debate social multidisciplinar que este tema merece”, y no haya “un amplio consenso social, político y parlamentario”. Es decir, no se critica al crimen del aborto, sólo se critica el que haya poco consenso.
Semejante acto dista mucho de ser un gran avance por la vida, como están intentado vender los providas oficiales, puesto que sólo serviría para posponer la tramitación de la nueva ley del aborto, y eso en el caso de que los diputados del PP, UPN, CyU, y PNV votasen a favor, siguiendo la disciplina de partido, y los del PSOE votasen en “conciencia”.
Pero ni deslegitima en aborto, ni lo hace, si quiera con la nueva propuesta del gobierno. Por tanto nosotros, desde Manifiesto por la Vida no compartimos el entusiasmo de las “plataformas” respecto a este asunto.

Eutanasia en Andalucía

El gobierno andaluz ha aprobado este martes nueve de junio el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma pionera en España que regula los derechos de pacientes y deberes de los profesionales sanitarios de los centros públicos y privados.
La futura ley regula el “abanico de posibilidades” clínicas para garantizar una muerte diga y minimizar los procesos agónicos, como la limitación del esfuerzo terapéutico, que permite a un paciente no recibir tratamientos artificiales para seguir con vida, o el rechazo al tratamiento, que le faculta a desconectarse de sistemas artificiales. La ley de la muerte digna persigue “salvaguardar la libertad y el respeto” a la voluntad de la persona, y “respaldar y garantizar” la labor de los profesionales sanitarios en este tipo de situaciones.
Un paso más en la implantación de la cultura de la muerte, que cuenta con el respaldo del estatuto de autonomía andalúz, pactado por los dos principales partidos promuerte de la región.