Argentina ampara el asesinato de bebés si la madre denuncia una violación.

La Corte Suprema Argentia autorizó el asesinato de niños de madres violadas

La Corte Suprema de Justicia argentina autorizó el aborto para las víctimas de violación sin necesidad de acudir a un trámite judicial, informó este martes el máximo tribunal.
La Corte Suprema argentina, con el voto unánime de sus siete miembros, confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Chubut (sur) «que, en marzo de 2010, autorizara la realización de la práctica de aborto respecto de la joven A.G, de 15 años de edad, quien quedara embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro», señaló el fallo.
La resolución sienta jurisprudencia y cambia una modalidad habitual en Argentina por la cual sólo se practicaban abortos a mujeres violadas con trastornos mentales, mientras que en los otros casos de violaciones debían contar con autorización judicial.
Mientras tanto, la Red Federal de Familias (RFF), con presencia en 21 provincias argentinas, repudió enérgicamente el reciente pronunciamiento de la CSJN que, por unanimidad avaló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en marzo de 2010, autorizó la práctica de un aborto a una menor que había sido violada.
En su declaración, la entidad considera que dicho pronunciamiento “pisotea el derecho a la vida del que es titular el niño por nacer”. “El Tribunal –afirma- en un acto de discriminación desfachatada y arbitraria, crea la categoría humana de personas sin derecho a la vida”.
La Red Federal de Familias reitera que la vida del niño por nacer es igualmente valiosa que la de su madre “pero sujeta a especial protección en virtud del principio de ‘superior interés’ que le es aplicable a los niños, a causa de su especial desprotección”.
Tras repudiar enérgicamente “la declaración judicial que, con pretensiones de fallo ha dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aclara que “dicho pronunciamiento carece de todo efecto vinculatorio” e “invita a la sociedad argentina, a sus representantes, a los órganos de los poderes de gobierno y las asociaciones políticas, religiosas y de bien común, a rechazarlo y a expresar su repudio”.

Un juzgado de Málaga insiste en negar el derecho a la objección de conciencia a los médicos e familia, pese a haber sido reconocido por el TSJ de Andalucía.

Médicos de Familia objetores de Málaga y Granada ante el Tribunal Superior de Justicia andaluz

El Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga ha desestimado el recurso contencioso-administrativo de un médico de familia que solicitaba poder declararse «objetor en relación con el aborto», en el que ha participado el Ministerio Fiscal, según consta en el fallo notificado a la Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de Málaga.
En un comunicado, la Consejería de Salud ha informado de que el magistrado de la sala argumenta que prevalece el derecho de la mujer embarazada a recibir información sobre el procedimiento, avalado por otro lado por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, frente al del demandante.
Sin embargo en un caso idéntico con otro médico de familia de Málaga, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resolvió recientemente estimar el recurso de apelación interpuesto por otro médico de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS), contra el auto dictado por el mismo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga, por el que le negaba su condición de objetor de conciencia contra el proceso del aborto.
Este fallo vino así a reconocer el derecho de Manuel Resa, médico de familia en el centro de Antequera, adscrito al Distrito Sanitario Norte de Málaga, a objetar contra el proceso de la tramitación y derivación de abortos. En concreto, la sentencia entiende que, «en la ponderación de los intereses en juego» entre el afectado y la Administración sanitaria andaluza, «es evidente que la no suspensión del acto (de objeción) haría perder la finalidad legítima al recurso» interpuesto por este médico.
De esta forma, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA le concede así a este facultativo las medidas cautelares previas, revocando por ello el auto desfavorable dictado hace un año, en marzo de 2011 por el mismo tibunal, el Tribunal Contencioso-Administrativo numero 3 de Málaga.

El Constitucional de Colombia confirma el derecho a abortar en tres supuestos y niega la objeción de conciencia

La Corte Constitucional de Colombia ha rechazado la petición del procurador Alejandro Ordóñez en el que pedía que se anulara el fallo del mismo tribunal que señalaba como derecho fundamental el aborto en tres supuestos, entre los que se encuentra la existencia de un riesgo psicológico para la madre. La sentencia atenta contra el juramento hipocrático al dictaminar que los profesionales de la salud no pueden negarse a practicar un aborto.
)La Sala Plena del alto tribunal dejó en firme el pronunciamiento en el que señala que el derecho fundamental al aborto surge de la obligación de garantizarlo en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.
La sentencia atenta contra el juramento hipocrático al que se adhieren prácticamente todos los médicos del mundo, en el cual aparece claramente el deber de los galenos de no facilitar abortos.

12 enfermeras llevan a juicio a su hospital por intentar obnligarles a practicar abortos.

El hospital abortista de la University of Medicine and Dentistryde Nueva Jersey

Doce enfermeras en Nueva Jersey (Estados Unidos) han entablado un juicio contra un hospital local tras haber sido amenazadas con el despido si es que persisten en su negativa a asistir en abortos.
El caso, señaló el abogado Matt Bowman de la Alliance Defense Fund (entidad del Comité ejecutivo del Congreso Mundial de las Familias), muestra «el ataque sistemático contra el derecho a trabajar que tiene los profesionales provida sin ser forzados a violar sus valores fundamentales y morales».
El 31 de octubre la Alliance Defense Fund presentó la demanda ante la Corte de Distrito de Nueva Jersey en representación de las doce enfermeras, quienes actualmente trabajan en la University of Medicine and Dentistry en Nueva Jersey.
Según Bowman, el hospital ha violado la ley federal y estatal al exigir a las enfermeras que asistan en abortos en contra de sus consciencias y amenazándolas con despedirlas si se resisten a ello.
Dos de las enfermeras, Lorna Mendoza y Julita Chang, están en la lista de sanitarios para intervenir en un aborto hoy viernes 4 de noviembre.
Bowman dijo además que si bien en el hospital se hace abortos desde hace muchos años ya que en Estados Unidos esta práctica es legal, no se había obligado hasta ahora a las enfermeras. El cambio se dio cuando una de las enfermeras que sí hace abortos fue colocada como supervisora.
Originalmente las autoridades del hospital acordaron reunirse con las 12 enfermeras para discutir el tema, pero la cita fue cancelada a en el último momento al ver que las profesionales llegaron acompañadas a la cita con un abogado.
«Le estamos pidiendo al hospital que detenga esta presión inmediatamente. Pese a que tenemos leyes que las protegen (a las enfermeras), el centro de salud está violando la ley de manera muy arrogante», dijo Bowman.
El abogado dijo también que esta situación se está haciendo cada vez más común en Estados Unidos, lo que muestra «una aguda crisis en este tipo de entidades (…) que fuerzan a su personal a participar en abortos en contra de sus convicciones»

“Eutanasia y aborto son atentados contra la dignidad humana”

Monseñor Carlos Simón Vázquez, subsecretario del Consejo Pontificio de la Familia, invitado a participar del I congreso internacional sobre la vida humana y IV congreso regional de vida y familia del NOA, dialogó con médicos y público en general. Vázquez, además de ser sacerdote, es licenciado en medicina, doctor en teología y docente. En 2008 fue designado por el papa Benedicto XVI como subsecretario del Consejo Pontificio de la Familia. Durante una entrevista con diario digital argentino El Tribuno se refirió a temas como la eutanasia y el aborto, cuestiones que se están intentando imponer desde los poderes públicos a la sociedad argentina, como ya se hizo con la legalización de las uniones de aberrosexuales.

¿Considera que el concepto de familia se ha ido transformando con el correr de los años?
Creo que sí, pero no en un mal sentido de la palabra. Hay muchos aspectos positivos que han aparecido, como el vocacional, el de cooperación, la ayuda del hombre en las labores de la casa y la preocupación por los hijos, por ejemplo. Es decir que existen muchas sombras sobre la familia actual, pero también muchas luces positivas. Me gustaría subrayar esto, pues hay un mayor compromiso de amor entre los cónyuges, una mayor implicación de todos y el respeto a los mayores.

¿Cuál es su postura con respecto a la eutanasia y el aborto?
La eutanasia y el aborto son atentados contra la dignidad del ser humano. El aborto es un crimen nefasto por el cual la persona más indefensa, pobre y pequeña, se ve amenazada por la decisión de otra persona. Es algo que entristece a quien lo hace y a toda la sociedad, porque la vida es siempre un bien.
La eutanasia es algo que actualmente la medicina tiene en sus manos. Efectivamente, hay muchas enfermedades horrorosas, pero nadie tiene el derecho de acabar con la vida de otra persona porque no nos pertenece, simplemente se nos ha dado. Administramos nuestra vida, pero no somos los propietarios de ella. Creo que hay alternativas, recursos y opciones para superar estas dificultades al inicio y al final de la vida. Yo creo que la ciencia médica está apta para conseguir un equilibrio.

¿Dónde deben pararse los médicos en relación con su obligación de brindarle al paciente una muerte digna?
El conocido “encarnizamiento terapéutico” es una desproporción en la utilización de los medios, y eso también es inhumano. La vida no puede ser artificialmente mantenida a cualquier costo. Eso no es respetar la salud. Cuando una vida ha llegado a un estadio muy delicado, quizá puede pensarse en eliminar los tratamientos naturales, como la hidratación y la alimentación del paciente, para que pueda tener una muerte natural y digna. Evidentemente, esto no tiene nada que ver con el concepto de eutanasia. Pero tampoco debería optarse por toda esa artificialidad empeñada en mantener al sujeto como un objeto que debe mantenerse a toda costa.

Durante su conferencia hizo referencia al concepto de muerte digna, sobre todo en personas que llevan mucho tiempo enfermas y que, entonces, deciden interrumpir los tratamientos médicos. ¿Cuál es la línea que divide esa decisión profesional del concepto de eutanasia?

La dignidad consiste en ser respetado como persona, en no ser tratado como un instrumento o un objeto; en ese sentido, considero que todos deben tener el derecho a morir en paz, sin ser condenados a un sufrimiento innecesario.

La ofensiva promuerte en Méjico choca con la voluntad provida de diputados mejicanos.

Un grupo de legisladores mejicanos pidió a los 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) que respete la libertad que tienen los 32 Congresos locales del país para legislar sobre el aborto, días antes de que el tribunal analice esa facultad de las regiones.
Una treintena de diputados, tanto federales como locales, de los principales partidos del país pidieron en un comunicado al alto tribunal respetar «la libertad de configuración legislativa».
El próximo lunes, la SJCN discutirá dos acciones de anticonstitucionalidad promovidas en contra de las leyes antiabortistas de los estados de San Luis Potosí y Baja California, con la intención de imponer el aborto por ley, en contra de la voluntad incluso de los propios representantes políticos de los estados.
En México, 18 de los 32 estados han aprobado reformas que protegen la vida de todas las personas desde la concepción o la fecundación, y algunos castigan con cárcel a las mujeres que asesinan a sus propios hijos, independientemente de la edad de éstos.
Sólo en Ciudad de México, donde gobierna el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), es legal desde 2007 la ejecución de bebés.
Ese tipo de leyes en defensa de la vida de los estados mexicanos han sido criticadas por diversos grupos promuerte radicales, como el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).
De acuerdo con los legisladores, «el 88 % de los diputados locales de la mayor parte de las entidades federativas» del país votaron «a favor de estas reformas constitucionales que reflejan la voluntad ciudadana de respetar la vida humana en todas sus etapas».
En 2007, cuando la SCJN rechazó dos recursos que buscaban anular las leyes pro-abortistas de la capital mexicana, en su sentencia la Corte reconoció «la facultad de la legislatura local» de promulgar leyes sobre el tema.
«Confiamos en que el pleno de ministros será consistente en sus criterios y ratificará la misma facultad para las 31 legislaturas locales restantes, evitando así un trato discriminatorio», dijeron.
Los jueces de la Suprema Corte discutirán el próximo lunes el proyecto del ministro José Fernando Franco González Salas, que declara inconstitucionales las normas de los estados de Baja California y San Luis Potosí, al considerar que van contra el Estado laico mexicano.
Si los ministros aprueban ese proyecto, se echarían para atrás las regulaciones en contra del aborto en todos los estados del país.

«ONU: El crimen de defender la vida», artículo de Juan C. Sanahuja

Juan C. Sanahuja

El 13 de septiembre se inauguró el 66 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. La imposición del aborto como derecho humano y entre los Objetivos del Milenio para el Desarrollo no se limita a algunas agencias de la ONU, sino que es política de toda la organización.

En el marco del logro de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo y del respeto y la profundización de los derechos humanos, la Asamblea General de Naciones Unidas tratará el informe anual del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la sra. Navi Pillay. El informe se titula Practices in adopting a human rights-based approach to eliminate preventable maternal mortality and human rights. En él se insta a los Estados a eliminar las leyes contra el aborto.

En el documento se afirma que las leyes que impiden o limitan el aborto son un obstáculo para la reducción de la mortalidad materna (Objetivo del Milenio n° 5) y son contrarias a los derechos humanos. En concreto, la prohibición o la limitación del “acceso al aborto”, se califica como “violatoria de las leyes internacionales», como «discriminatoria contra la mujer» y como «una violación del derecho a vivir libre de tortura».

Ni derechos de los padres, ni objeción de conciencia
Entre las llamadas “limitaciones para el acceso al aborto” se incluyen la “necesidad del consentimiento paterno”, en el caso de menores solteras, y la “necesidad del consentimiento del esposo”, en el caso de mujeres casadas. Se entiende también como una limitación que se debe eliminar, la objeción de conciencia de los médicos, y se instruye a los Estados para «organizar los servicios de salud a fin de que el ejercicio de la objeción de conciencia por los profesionales de la salud no impida que las mujeres obtengan acceso a los servicios de salud», entre los que se considera el aborto.

Conviene recordar que estas medidas se encuentran explícitamente enunciadas en la Recomendación General n° 24 del Comité de seguimiento de la Convención de toda forma de Discriminación contra la Mujer de 1999, y en la Observación General n° 14 del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 2000. Por lo que es lógico afirmar que el sistema de derechos humanos de la ONU está corrompido desde hace mucho tiempo.

Finalidad y fuentes del Informe de la comisionada para los derechos humanos
La finalidad del informe es dar cumplimiento a la Resolución 11/8 del Consejo de Derechos Humanos y a la Resolución 24/5 de la Comisión para el Estado de la Mujer, así como a las políticas enunciadas por el Secretario General, Ban Ki-moon, en dos informes: Keeping the promise: a forward-looking review to promote an agreed action agenda to achieve the Millennium Development Goals by 2015, (A/64/665, 16-03-10), y Global Strategy for Women and Children’s Health (2010).

Los redactores del texto declaran que sus fuentes son, entre otras: los trabajos del Banco Mundial, de UNICEF, del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP-UNFPA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO); del Comité sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación de la Mujer (Comité de la CEDAW); los informes del Relator especial de la violencia contra las mujeres; y de 14 organizaciones de la sociedad civil, todas ellas promotoras del aborto, entre las que figuran la International Planned Parenthood Federation (IPPF), la internacional del aborto y la corrupción de menores; el Center for Reproductive Rights, la entidad redactora del Protocolo Facultativo de la CEDAW; Pathfinder Internacional, algunas filiales del IPAS y de Marie Stopes, etc.

Sin ir más lejos, el boletín feminista Women News, que recoge noticias de organismos internacionales y ONG’s, en su número del 16-09-11, insistía en que el aborto inseguro, que en su lenguaje significa aborto no legalizado, es uno de los mayores inconvenientes para que Brasil alcance en el 2015, los Objetivos de Milenio para el Desarrollo.

Crisis económica y políticas de la ONU
La crisis económica mundial y las medidas de austeridad decretadas por los gobiernos han alarmado a los burócratas internacionales. The New York Times, vocero de la agenda abortista y pro gay, se mostraba alarmado, el 6 de septiembre pasado, por el recorte de fondos para mantener la estructura de la ONU.

Por otro lado, vale la pena tener en cuenta la afirmación de la presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, que al exigir una reducción de los fondos que ese país destina a la ONU, afirmó que las Naciones Unidas es un “caldo” en el que se mezclan “la corrupción, la mala gestión y la negligencia”, (30-08-11).

Amnistía Internacional vuelve a arremeter contra Nicaragua para imponer allí el aborto.

Una misión de la organización extremista de izquierda Amnistía Internacional exigió al gobierno de Nicaragua despenalizar el aborto terapéutico, para evitar casos de muerte materna o que niñas embarazadas tras una violación sean obligadas a tener a sus hijos, informó una representante de la entidad. Esta es la estrategia habitual empleada por los promuerte para depreciar el valor de la vida humana y bajar el primer escalón hacia el aboismo del aborto descontrolado.
«Estamos exigiendo que se permita el aborto terapéutico cuando la vida de la mujer está en peligro y también cuando ha habido violación sexual», afirmó la directora adjunta para América de Amnistía Internacional, Guadalupe Marengo, jefa de la delegación del organismo.
Nicaragua penaliza con uno a seis de prisión a las mujeres y médicos que cometan un aborto, en virtud de una ley promulgada en 2007 por el presidente Daniel Ortega, pese a la incesante presión de de grupos promuerte autodenomidans de derechos humanos y feministas y la ingerencia y presión económica y política de varios países.
En un avance memorable en el respeto a la dignidad humana, el Congreso había aprobado en 2006 la derogación del aborto terapéutico, vigente desde 1874 en el Código Penal.
Se calcula que antes de que entrara en vigencia la ley de 2007, más de 7.000 bebés eran anualmente asesinados en los hospitales de Nicaragua.
Pese a que los datos objetivos demuestran que es la atención sanitaria adecuada a las madres gestantes la que disminuye la mortalidad materna, la propaganda promuerte de Amnistía Internacional y otros grupos abortistas radicales iniste en propagar la mentira de que tras prohibir el asesinato de bebés en cualquier circunstancia la salud de las madres queda desprotegida:
«Actualmente es difícil hacerse una idea cabal de las tendencias de las tasas de mortalidad materna en Nicaragua, lo que además «hace imposible determinar cuántas muertes son consecuencia de abortos inseguros», señala una investigación realizada hace dos años por AI.
Mientras tanto, la Iglesia Católica local se mantiene firme en defensa de la vida humana y se opuso a restituir la legalidad del aborto terapéutico en el país, como pidió Amnistía Internacional (AI).
El obispo auxiliar de la diócesis de Managua, el sacerdote Silvio Báez, dijo al canal 4 de televisión local que «la Iglesia ha sido clara» en decir que se debe respetar la vida desde «el primer momento de la concepción».
El director del capítulo de España de AI, el extremista Esteban Beltrán, que participó como integrante de una delegación de esa organización que visitó el país para presionar a cuatro candidatos a la Presidencia de Nicaragua en las elecciones del 6 de noviembre para que despenalizaes el aborto terapéutico, en un acto de hipocresía incalificable declaró que, ya que el 98 por ciento de los países en el mundo permiten esa práctica: «¿Nicaragua en qué posición se queda? ¿En el 2 por ciento que no es capaz de fomentar la protección de las niñas que son violadas?», como si matar a un bebé fuese una medida de protección a una mujer violada. A las provocaciones del izquierdista promuerte el vicario de la catedral de Managua, Bismarck Conde, sostuvo hoy que en distintas ocasiones los nicaragüenses han marchado pacíficamente «a favor de la vida», que «es un valor de Dios».
«¿Qué solamente en tres países del mundo está penalizado el aborto? Pues bendito sea Dios que hacemos la diferencia», agregó.
También el obispo de la diócesis de León, Bosco Vivas, dijo hoy que a los prelados católicos les «agrada» coincidir con el Gobierno de Ortega en oponerse a la práctica del aborto.
«Estamos en contra de todo lo que es cultura de la muerte, llámese aborto, llámese eutanasia o llámese agresión de una persona a otra», afirmó Vivas.

Lós médicos se rebelan frente al nuevo códico «ético» abortista

La aprobación el pasado 9 de julio del nuevo Código de Ética y Deontología Médica, que sustituye al de 1999, ha abierto una brecha en la profesión. El Colegio de Médicos de Toledo ha impugnado el texto mediante la presentación de un recurso administrativo y lidera un movimiento «para despertar conciencias» entre las 52 corporaciones colegiales de España. El punto de fricción está en los apartados 1 y 2 de artículo 55, que hacen referencia a la actuación del profesional ante la voluntad de una paciente de abortar.
El nuevo código que se ha impuesto sin consultar a nadie y ya está vigente para los 230.000 médicos que hay en España, en el apartado 2 se recoge que el médico que se acoja a la objeción de conciencia «no queda eximido de informar a la mujer sobre los derechos que el Estado le otorga en esta materia ni de resolver, por sí mismo o con la ayuda de otro médico, los problemas médicos que el aborto o sus consecuencias pudiesen plantear».
El Colegio de Médicos de Toledo defiende que el profesional que se acoja a la objeción de conciencia no tiene tampoco por qué informar a la mujer sobre los aspectos que se regulan en el nuevo código. Este colegio interpuso en septiembre de 2010 un recurso contencioso-administrativo contra resoluciones de la Junta de Castilla-La Mancha sobre procedimientos de aplicación de Ley del Aborto. Según la información que ha remitido el colegio toledano, dicho recurso se admitió a trámite y se dictó un auto de suspensión cautelar, «que dejaba sin efecto la mayor parte de las normas recurridas». Con ello, se permitía a todos los médicos de Castilla-La Mancha «la objeción de conciencia respecto a los deberes de información».
«De esta forma, y de forma cautelar, se nos da la razón en cuanto a la defensa del derecho individual de todo médico a la objeción de conciencia en el aborto, al considerar el tribunal que dicho trámite informativo podría ser considerado una intervención directa en el mismo, dado el carácter de conditio sine qua non de dicho trámite», según se recoge en la carta que el colegio de Toledo ha enviado al resto.
El presidente de la comisión de control de deontología de la Organización Médica Colegial, Marcos Gómez, sostiene que «es imposible que los 230.000 médicos estén de acuerdo en nada» y que los artículos en que más debate había, entre ellos los puntos 1 y 2 del 55, fueron aprobados por el 90% de la asamblea.
Gómez afirma que la elaboración del código ha llevado dos años y medio y 16 borradores, un proceso en el que se ha dado tiempo a todos los colegios a realizar aportaciones. Sólamente 28 lo han hecho. Pese a que Gómez lo niega, la redacción de los artículos se hayan hecho en un escenario de secretismo, y el nuevo código se ha impuesto por la política de hechos consumados.

A mundo revuelto, los pescadores del mal buscan promover el aborto

«Los momentos estratégicos pueden surgir en el caos», afirmó Melissa Upreti, asesora jurídica del Centro de Derechos Reproductivos (CDR). Aconsejó a la audiencia presente en la reunión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer aprovechar esos momentos como oportunidades para promover el aborto y los «derechos reproductivos».

Activistas del CDR influyeron en políticas presentando casos testigo para expandir las leyes de aborto. Como resultado de estas acciones legales, muchos gobiernos adoptaron políticas para asegurar que el acceso a los «derechos reproductivos» incluyera el aborto financiado por el estado y los servicios de anticoncepción.

Oradoras de la Kenyan Federation of Women Lawyers (Federación Keniata de Abogadas) relataron cómo, tan sólo el pasado mes de febrero, temían que las disposiciones progresistas sobre salud reproductiva no fueran incluidas en la nueva constitución de Kenia, dada la explícita oposición de grupos religiosos. En un debate informal, una asistente keniata afirmó: «no habríamos ganado si las denominaciones cristianas no se hubiesen fragmentado».

Las abogadas atribuyeron su éxito a haber desunido a la oposición en otras denominaciones cristianas y a haber aislado a la Iglesia Católica como el único grupo importante en contra de un artículo constitucional que estipula derechos a la atención de la salud reproductiva y el acceso legal al aborto.

En otro panel, en el que estaban presentes la delegación completa de Kenia y la ministra de género, expertos aclararon que la nueva constitución keniata atiende al derecho internacional directamente en la estructura jurídica, lo cual puede, a veces, llegar a invalidar la legislación local. La flamante Carta Magna también establece que los nuevos derechos, que incluyen la atención de la salud reproductiva, son progresistas y que el estado debe adaptarse continuamente para ajustarse a su demanda.

Una representante del Centro de Derechos Reproductivos habló sobre su éxito al ejercer influencia sobre la constitución provisional del gobierno nepalés, que fue adoptada en 2007. Expertos jurídicos progresistas celebran la constitución de Nepal como una victoria significativa para los derechos de aborto, ya que excluye intencionalmente el derecho a la vida. La representante destacó características similares a las constituciones de Sudáfrica y Kenia, que incluyen los derechos a la atención de la salud, a la educación y derechos contra la explotación en nombre de costumbres y tradiciones.

La diferencia más importante de la Carta Magna Nepalesa consiste en que, en vez del derecho a la vida, garantiza el «derecho a la libertad y a vivir con dignidad». Un asesor jurídico explicó que el derecho a la vida, contemplado en otras constituciones, ha sido interpretado a favor del feto cuando se trata de casos de aborto. Esto algunas veces disuadió a los pro-abortistas; no obstante, la constitución de Nepal es un enorme paso hacia delante para los derechos de aborto y sienta precedente en el derecho internacional.

El movimiento para ampliar los derechos humanos de modo que incluyan derechos económicos, sociales y culturales recibió muchas críticas. Los expertos dicen que en vez de garantizar el progreso socioeconómico, los derechos amplios eventualmente desalientan el crecimiento económico saludable y promueven una ideología social que no es compartida comúnmente.