Acto por la Vida en Lorca

La asociación Activa, con el apoyo de Alternativa Española, ha convocado para este domingo 25 de marzo, en la plaza de Calderón, a las 20:00 horas, un acto en defensa de la vida y de rechazo a la cultura de la muerte, com motivo del día internacional de la vida.

AES recordó el día de las personas con síndrome de Down denunciando el aborto eugenésico

El 21 de Marzo se celebra el día internacional del síndrome de Down, una alteración cromosómica que apenas padecen personas en España por culpa diagnóstico intrauterina, y posteriormente al aborto de la persona que la porta. El partido social cristiano Alternativa Española emitió con tal motivo un comunicado para manifestar que todas las vidas humanas son igualmente dignas, y expresar todo su apoyo a personas con Síndrome de Down o cualquier otra condición que pudiera ser discapacitante, considerándolas portadoras de los mismos de derchos que el resto de ciudadanos, siendo el primero el derecho a la vida.

Alternativa Española quiere denunciar la situación cercana al exterminio de las personas con Síndrome de Down en nuestra nación, merced a las prácticas eugenésicas que se cometen en España.

Alternativa Española destaca que tanto el Partido Popular como el PSOE, y demás partidos que han apoyan la existencia de una legislación permisiva con el aborto de uno u otro tipo, consideran invariablemente que la vida de algunas personas portadoras de enfermedades o malformaciones es indeseable y puede ser destruída antes de nacer.

A demás Alternativa Española recordó que España es firmante de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad de la ONU, en la que se insta a:

a) abolir las leyes y prácticas que supongan discriminación por causa de la discapacidad (artículo 4º); no existiendo mayor discriminación que la de no dejarles nacer.

b) garantizar por ley la protección de los discapacitados (artículo 5º)

c) proteger a los niños con discapacidad (artículo 7º).

AES denunció que todo ello significa la eliminación de cualquier planteamiento eugenésico en las leyes, por lo que exige que España compla sus compromisos adquiridos en este sentido.

AES contra la discriminación laboral a las madres y la injusticia del aborto en el día de la mujer

Alternativa Española ha emitido un comunicado con motivo de la celebración del día de la mujer en el que rechaza la discriminación que sufren las madres en el entorno laboral.
Recuerdan en su comunicado el origen de esta celebración»Desde principios del siglo XX la activista alemana Clara Zetkin y la internacional comunista se apropiaron de las justas reivindicaciones de algunas mujeres sobre derecho a la participación política, la formación profesional y el trabajo, y las emplearon como excusa en su sanguinaria lucha por imponer su tiránico régimen de terror, estableciendo el 8 de marzo como fecha simbólica de recuerdo a las militantes comunistas. Hoy esa fecha se ha convertido en un ariete que la ideología de género emplea contra los pilares básicos de la sociedad, con el apoyo general de partidos políticos e instituciones públicas. Mientras el feminismo ataca a la familia y la vida y la dignidad humanas, se olvida de la verdadera defensa de la mujer y sus derechos».
A continuación, el partido social cristiano lamenta «que en el ámbito laboral ser mujer sea una condición desfavorable, que empeora radicalmente para aquellas mujeres que quedan embarazadas».
AES denuncia «la hipocresía de la izquierda y la derecha liberal, quienes multiplican los actos oficiales y las fotos de políticos en actitud reivindicativa a favor de la mujer, y hacen “sentidas” declaraciones a favor de la “igualdad”, mientras que ninguno de ellos, ni sus partidos, ni las instituciones en que gobiernan, llevan a cabo las medidas mínimas imprescindibles para que a la mujer se la considere igual laboralmente si mutilar una parte imprescindible de sí misma como es la maternidad».
Así mismo en este día de la Mujer Trabajadora, AES denuncia el «desprecio social que sufren las amas de casa y quiere rendir un sentido homenaje a estas mujeres olvidadas por las administraciones, partidos y asociaciones feministas, cuyo silencioso trabajo como madres y amas de casa es impagable para la sociedad, y digno del mayor de los reconocimientos».
Por último, AES hace un llamamiento para recordar que «las mujeres son víctimas de otra tremenda injusticia en la sociedad actual, en relación con el aborto, al que muchas son forzadas para no perder sus empleos, o directamente forzadas por sus parejas o familiares, sin que parezca importarle lo más mínimo a los adalides de la ideología de género esta forma de discriminación sexual, ni las graves consecuencias físicas y psicológicas que acarrean a la mujer».

Candidaturas provida en las elecciones generales 2011

La imposición por los partidos mayoritarios de avales previos a la presentación de candidaturas y el empecinamiento de los partidos provida en no colaborar para lograr la configuración de una plataforma electoral conjunta han supuesto la p´ractica desaparición de las candidaturas provida en España, y ninguna en Murcia.
Así SAIn ha conseguido candidaturas en La Coruña, Pontevedra, Asturias, Santander, Palencia, Burgos, Valladolid, Navarra, Madrid y las provincias andaluzas de Granada, Sevilla, Jaén, Córdioba y Málaga.

Por su parte, la única coalición electoral provida que ha salido adelante, y sólo en Navarra ha sido la que han configurado en esta provincia española AES y Derecha Navarra y Española, que en su nota de prensa conjunta hacen una alusión directa a la lucha por la vida como base de su compromiso político, en su primer punto programático:
«Por el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural»

El caso del barco abortista, a la espera de la ginecóloga

El caso del barco abortista continúa todavía en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia. El juez está a la espera de recibir la declaración de una de las ginecólogas que participó en los cuatro abortos que se produjeron en un barco que zarpó desde Valencia en octubre de 2008, según informó recientemente el abogado del partido denunciante, Alternativa Española.
Los abortos, que no estaban permitidas por la legislación española, se practicaron supuestamente en aguas internacionales. Gunilla Kleiverda, que reside en Holanda, tendrá que responder a cuestiones sobre en cuántas intervenciones participó o practicó y las condiciones en las que se desarrollaron. También deberá acreditar que puede ejercer.
Las intervenciones se realizaron en una embarcación bajo bandera holandesa porque en ese país se permite la interrupción antes de las siete semanas sin la autorización de un profesional médico. Sin embargo, al ser el aborto cometido mediante fármacos, éste no se culminó hasta pasadas varias horas de la toma de los mismos, por lo que el desafío a la legislación española fracasó, ya que el delito es continuado, y se cometió en aguas internacionales, pero se concluyó en España.
La página del Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece unos datos demoledores del número de abortos que se producen cada año en la Comunitat. Los últimos hacen referencia a 2008, pero la tendencia no ha dejado de crecer desde 2005. Si hace seis años, el número de abortos ascendía a 9.257, en 2008 la cifra se situó en 11.580. Sólo Madrid, Cataluña y Andalucía superaron esa cifra. Según el Instituto de Política Familiar, es la sexta región con mayor número de abortos entre adolescentes.

El criminal Morín se enfrenta a más de 300 años de cárcel

El criminal Morín, detenido

La Audiencia de Barcelona juzgará al cri,inal abortista Carlos Morín y a 11 de sus colaboradores, entre ellos su esposa, por practicar más de cien abortos ilegales en sus clínicas de la capital catalana. La Fiscalía solicita para él una pena de 309 años de prisión, y entre 50 y 200 años para los acusados de colaborar con el abortista peruano, entre ellos psiquiatras, anestesistas y ginecólogos que practicaron abortos a pacientes en avanzado estado de gestación, superadas las 14 semanas que marca la ley. La Fiscalía les acusa de los delitos de aborto ilegal, falsedad documental y asociación ilícita.
Según las conclusiones del Ministerio Fiscal, Morín y su esposa crearon una «estructura estable y permanente» a través de varias clínicas que gestionaban en Barcelona, dedicada de forma casi exclusiva a realizar abortos provocados «sin sujeción a ningún requisito legal ni ningún plazo temporal» y con un «único afán desmedido de lucro». El auto de la juez añade que este criminal obtuvo «ingentes ingresos en metálico con los que atendía las necesidades y gastos de material y personal de las expresadas clínicas y podía mantener así un elevado nivel de vida disponiendo como vivienda de una lujosa mansión en Sant Cugat del Vallès».
El caso se destapó en 2006 a raíz de un reportaje emitido por la televisión pública danesa, que acusaba al negociante del aborto peruano de practicar abortos ilegales a mujeres embarazadas de hasta más de siete meses a cambio de 4.000 euros. Según la Fiscalía, el negocio alcanzó una «gran difusión» no sólo en Barcelona, sino también en el resto de España y Europa, de donde acudían muchas pacientes que no habían podido matar a sus bebés en sus países de origen.
Los negocios de abortos de Morín y su esposa, María Luisa Durán, alteraban las ecografías de las pacientes y hacían constar una edad del feto menor a la real para ocultar los abortos ilegales. Según el escrito de la Fiscalía, entre los 101 abortos ilícitos que se imputan a Morín y su esposa constan algunos casos de gestaciones muy avanzadas, como una paciente embarazada de 33 semanas a la que se detectaron anomalías en el feto, así como otras en la semana 29, 28 o 27.
Los negocios Ginemedex y TBC efectuaban los abortos acogiéndose al primer supuesto legal de la anterior ley del aborto: que el embarazo implicara un riesgo grave para la salud física y psíquica de la gestante. Las pacientes, sin embargo, no recibían la visita de un psiquiatra, y era el personal del propio centro el que rellenaba los tests para evaluar el estado mental de las mujeres. En otros casos, los abortos se practicaban acogiéndose al supuesto legal de que el feto nacería con graves deficiencias, pero, según añade la fiscal, a los expedientes no se incorporaba ningún dictamen médico que lo acreditara.
En las entradas y registros practicados en las clínicas de Morín se intervinieron un total de 2.780 expedientes de abortos, así como unos dispositivos para la evacuación de restos biológicos, entre ellos un desagüe de grandes proporciones, en el que se encontró ADN nuclear humano. De entre los expedientes, finalmente se investigaron 167 abortos, pero el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que dirigía la investigación, acordó el pasado febrero archivar medio centenar de casos que serían legales de acuerdo con la nueva ley de interrupción del embarazo que entró en vigor en julio de 2010.
Tras la fase de instrucción, la juez ha acordado la apertura del juicio oral. En el proceso ejercen como acusación particular la asociación católica E-Cristians, el partido social-cristiano Alternativa Española, el Colegio de Médicos de Barcelona y el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro.

El criminal abortista Carlos Morín y su mujer, a la salida del juzgado, con militantes del partido Social Cristiano AES.

En un comunicado hecho público la semana pasada Alternativa Española dice no poder más que «felicitarse por la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona de abrir juicio oral contra el doctor Morín y varios de sus colaboradores, hasta sumar una docena de imputados, por los delitos de aborto ilegal, intrusismo, falsedad documental y asociación ilícita». Desde el partido social cristiano recuerdan que AES ha estado presente en el denominado “caso Morín” presentando denuncias contra el mismo en cuanto se conocieron los hechos y se ha personado en la causa como acusación y como tal figurará en el juicio.
AES quiere resaltar «que la elevada petición de pena presentada por la fiscalía, 309 años de prisión para el doctor Morín y entre 50 y 200 para sus colaboradores, viene a demostrar que teníamos razón al impulsar las acciones legales contra este individuo y su lucrativo negocio».
Sin embargo, desde la organización política católica se lamentan «de que sólo se le procese por algo más de un centenar de casos de abortos ilegales y que algunos de los casos se hayan desechado por que, pese a que no lo eran cuando se cometieron, se considera que con la nueva ley ya no cabe la ilegalidad».

AES solicita a la Asamblea que los gastos de la oficina de Ibarra se destinen a asociaciones ‘Pro-Vida’

Según publica el digital Extremadura Actualidad Margarita Cabrer, delegada de AES en Badajoz, entregó en la Asamblea de Extremadura un escrito pidiendo que la oficina del expresidente extremeño Rodríguez Ibarra sea destinada a las asociaciones pro-vida que trabajan en Extremadura para que puedan desarrollar un trabajo que realizan “abnegadamente y en penosas circunstancias”.
La delegada de AES, en su escrito, estima que “que no se podría dar mejor utilidad a la inversión ya realizada en las instalaciones que dedicando el inmueble a fomentar la cooperación, la ayuda y el apoyo a los más necesitados: mujeres en grave riesgo de exclusión social, las madres embarazadas y con dificultades que quieren seguir adelante con su embarazo”.
AES avala esta petición en el hecho del amplio apoyo popular que gozan las actividades pro-vida en la Comunidad, de ahí que se hayan recogido más de 68.000 firmas en apoyo de la Iniciativa Legislativa Popular Red Madre.
AES espera que el presidente de la Asamblea de trámite a esta propuesta y la someta a consideración de la misma y de la Presidencia de la Junta.
AES se dirigirá, en el mismo sentido, al próximo presidente de la Junta de Extremadura en cuanto sea investido.

Los provida entran en las instituciones.

Acostumbrados como estamos los defensores de la vida a que cada cita electoral sea un desastre, las elecciones municipales del día 22 de mayo han supuesto un cambio y esperemos que un punto de inflexión en la tendencia a la baja de los partidos políticos provida. Por primera vez desde hace muchísimos años hay en las instituciones públicas políticos que, sin miedo, sin complejos, proclaman la defensa de la vida en todos los casos, sin supuestos, ni excusas, desde la concepción hasta la muerte natural.
Desde luego, han sido pocos los votos que han conseguido en general los partidos provida, pero al menos se ha conseguido entrar en dos ayuntamientos.
Bárcena de Pie de Concha, en Cantabria, y Las Labores, en Ciudad Real, contarán con sendos concejales que proclamarán la defensa de la vida como un bien irrencunciable y un principio básico de la convivencia social. Otros 4 pueblos se han quedado a las puertas de contar con concejales provida: San Agustín de Guadalix y Nuevo Baztán en Madrid, Alcaudete en Jaén, y Ampuero en Cantabria. El resto de candidaturas provida ha mantenido el escaso respaldo cercano a la marginalidad que vienen sufriendo una vez tras otra en cada cita electoral. Desde Manifiesto por la Vida felicitamos a David Gil-Ortega y a Alfonso Hidalgo, confiando en que sus voces sean las primeras de muchas en oírse en las instituciones públicas en defensa de los más débiles, los que no tienen voz, los no nacidos.

Los obispos de Madrid recuerdan a los católicos que no puede votar a quién permite la eliminación de vidas humanas por aborto, incluída la píldora del día después.

Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid han sugerido a los católicos que voten por aquellos programas políticos «compatibles con la fe» y han recordado que el derecho a la vida debe ser tutelado y que no se puede justificar el aborto o la eutanasia, ante los próximos comicios autonómicos y municipales del próximo día 22 de mayo.
Concretamente, han recordado a los católicos que han de actuar «según los imperativos de una conciencia bien formada en los principios de la recta razón y del magisterio de la Iglesia».
En este sentido, los obispos han pedido que, antes de votar, conozcan suficientemente los programas electorales y las medidas que proponen, y han expresado algunos «principios básicos» que, a su juicio, se deben tener en cuenta a la hora de ejercer «libre y responsablemente» el derecho a voto, como la protección del derecho a la vida «desde su concepción hasta la muerte».
«Ningún supuesto o bien social o personal puede justificar la eliminación de un ser humano inocente por el aborto, incluida la llamada píldora del día siguiente, o la eutanasia», han puntualizado. En Madrid, el actual ayuntamiento gobernado por el Partido Popular es el promotor en la dispensación de píldoras abortivas a niñas menores de hasta 12 años a espaldas de sus padres, mientras que la Comunidad, gobernada por el mismo Partido Popular, es la mayor financiadora del aborto en España.
Asimismo,los obispos han pedido a los fieles que tengan en cuenta que la familia «ha de ser objeto de un reconocimiento específico y de una promoción esmerada» y que, para ello, las leyes y las disposiciones administrativas «deben reconocer, proteger y promover la institución del matrimonio».
«Según la recta razón, iluminada por la fe, la institución del matrimonio se basa en el consorcio de vida de un hombre y una mujer libre y definitivamente establecido en orden a la realización personal de los esposos y a la procreación», han recordado, al tiempo que han añadido que la protección de la familia exige también «que se facilite el acceso a una vivienda digna y a un trabajo acorde con las exigencias familiares, en particular, a los jóvenes».
Por otro lado, los obispos piden que quienes voten, lo hagan pensando en que se ha de «reconocer y proteger el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, morales y pedagógicas» y en que las escuelas estatales deben «abstenerse de imponer una determinada educación religiosa o moral».
Igualmente, han subrayado que el derecho a la libertad religiosa ha de ser también protegido, lo que supone, a su juicio, «la exigencia del respeto a los lugares de culto y a los signos religiosos, así como la tutela de la expresión y valoración públicas de las convicciones religiosas, especialmente las de la fe católica, configuradora del patrimonio cultural y moral».
En el quinto punto, los obispos de Madrid piden un orden económico «justo, que facilite el ejercicio de un trabajo justamente remunerado y que prevea mecanismos de atención especial para las personas a quienes más afecta la crisis económica y laboral, así como para aquellos que se encuentren en situación de marginación o de especial necesidad, como inmigrantes, enfermos, ancianos y dependientes».
Finalmente, los obispos firmantes de la carta –el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela; el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, el obispo de Getafe, Joaquín María López de Andujar y Cánovas del Castillo; los obispos auxiliares de Madrid, Fidel Herráez Vegas, César A. Franco Martínez y Juan Antonio Martínez Camino; y el obispo auxiliar de Getafe, Rafael Zornoza Boy– elevan una oración al Señor y a Santa María para que las próximas elecciones «contribuyan a la promoción del bien común en los municipios de las diócesis y en la Comunidad Autónoma de Madrid».
En la Comunidad de Madrid se presentan los partidos Alternativa Española y SAIn, a la Comunidad, y SAIn, Familia y Vida y Alternativa Española al ayuntamiento de la capital, que cumplen todos estos criterios.

Piden 345 años de prisión para el criminal abortista Morín

La acusación particular de e-cristians en el caso contra el doctor Carlos Morín, acusado de realizar abortos ilegales en sus clínicas, ha pedido 345 años de cárcel por los 115 abortos que le imputa la juez. E-Cristians ha informado mediante una nota de prensa del contenido de las calificaciones de la acusación particular que ejerce en el caso del doctor Morín y los otros doce imputados por realizar presuntamente abortos ilegales. Esta entidad católica ejerce la acusación particular, junto con el partido social cristiano Alternativa Española, el Colegio de Médicos de Barcelona y el Centro Jurídico Tomás Moro.
El juicio dirimirá la culpabilidad del doctor Carlos Morin, su esposa María Luisa Duran Salmerón y otros 11 colaboradores, entre psiquiatras, anestesistas y profesionales que practicaron o permitieron los abortos.
Las penas que pide E-Cristians para Morin como principal imputado por esos abortos ilegales son de 345 años de prisión y 690 años de inhabilitación para ejercer la medicina como autor, coautor o cooperador necesario.
También le reclaman, por cooperación necesaria en dos delitos de intrusismo, 24 meses de multa; por delito continuado de falsedad documental, cuatro años y seis meses de prisión y multa de dieciocho meses.
Además, por su calidad de fundador y director de una asociación ilícita, se enfrenta a cuatro años de prisión y una multa de veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por doce años.
El pasado mes de febrero la titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona dio por finalizada la investigación de abortos en las tres clínicas barcelonesas del doctor Morín y le imputó a él, a su esposa y a 11 colaboradores un total de 115 abortos ilegales.
En esta causa judicial, destapada a raíz de un reportaje de la televisión danesa, se intervinieron 2.780 historias clínicas de pacientes sometidas a interrupciones voluntarias del embarazo en la clínica Morín, de las que finalmente acabaron investigándose 167.
Tras la entrada en vigor de la nueva ley del aborto, que ampara la eliminación de bebés hasta las 14 semanas de gestación y hasta las 22 en el caso de riesgos para la gestante o el feto, la juez acordó el sobreseimiento libre de una cincuentena de casos que ahora son legales, aplicando el principio de retroactividad de las leyes.