Los obispos y el rey, artículo de Francisco Torres.

Francsco Torres en un acto por la vida ante un negocio abortista.

Algunos pueden creer que por motivo de la caída del Antiguo Régimen, el desarrollo de las revoluciones liberales, con su componente laicista, y la transmutación del liberalismo en democracia dejó de existir la medieval alianza entre el “trono y el altar”. No es cierto. Aún pervive con otras formas en diversos países. Es más, en la mayor parte del mundo occidental, el trono, que hoy encarna el poder político, busca mantener una cierta alianza visual con el altar y éste actúa siendo consciente de esta realidad. Así pues la alianza entre el “trono y el altar” imponía servicios contractuales indeclinables que en su versión actual también se prestan.
Un episodio claro de esta pervivencia es lo que está aconteciendo con la modificación de la Ley del aborto. Desde hoy ya no existen, en la práctica, dos leyes del aborto: la que parecía que obtenía una cierta legitimidad por ausencia de oposición y escasa movilización de quienes están en contra de cualquier forma de aborto (aceptada en la práctica por muchísimos católicos) y la propuesta socialista. El debate, a partir de ahora, una vez que la ley ha superado el trámite parlamentario, vuelve a ser sobre la existencia de la ley del aborto y no sobre una ley concreta. El objetivo para quienes se denominan pro-vida ya no puede ser parar una ley. El objetivo tiene que ser abolir cualquier legislación abortista, frente a quienes van a argumentar que ahora lo que se debe hacer es modificar la ley. Modificación que siempre implica el mantenimiento de la ley.
Con buen criterio se planteó la posibilidad de bloquear la Ley y crear una situación inédita, presionando para que el rey, que tiene por título Majestad Católica, no la firmara. Presión que sólo tenía alguna viabilidad si se le excluía, como a los políticos católicos que dieran su voto afirmativo, de la Comunión. En la lógica común si un político católico no puede comulgar por firmar esta Ley en igual situación se encontraría quien, en última instancia, es responsable de su sanción. Sin darse cuenta los obispos colocaron al rey en una situación comprometida con sus declaraciones.
Dejando a un lado la incoherencia que supone afirmar que no pueden comulgar aquellos que den el Sí a esta ley sin aplicarlo a los que dieron su Sí a la ley anterior o no han hecho nada, cuando pudieron, por derogarla, que ni tan siquiera estimaron posible aplicarla en sentido restrictivo prefiriendo que se aplicara con laxitud, los obispos, con su declaración llevaron al debate la posición del rey ante la ley. Lo que quizás no entraba en el guión es que se pusiera en marcha una campaña para pedir al Jefe del Estado que no sancionara la ley.
En esta coyuntura, debido a la incoherencia, han tenido que ser los obispos, por boca de su portavoz, quienes tengan que sacar al Jefe del Estado del atolladero y desactivar una de las bases del “Majestad, no firme”. La versión moderna de la alianza entre el “trono y el altar” ha funcionado con un razonamiento típico y tópico de las distinciones de los hechos en las declaraciones políticas de los hombres de la Iglesia: no es el mismo hecho el voto afirmativo que la sanción. El rey, su Majestad Católica, podrá comulgar a pesar de firmar la ley.
Es lo lógico, y no podía ser de otra manera, porque el rey firmó también la anterior Ley sin que la Conferencia Episcopal se pronunciara. Si el Jefe del Estado firmó la anterior Ley del aborto y pudo comulgar no cabe ahora sostener lo contrario. Mantenerlo supondría considerar la anterior Ley como aceptable y la actual como inaceptable, cuando la Vida es para los católicos un absoluto. Éste es el precio que se paga por la incoherencia.
Salvando las distancias es el mismo razonamiento que aplicará el Tribunal Constitucional en el caso de que se presente el recurso que el Partido Popular anuncia (recordemos que hizo lo mismo con la propuesta de 1983 que acabó siendo la Ley del 85): la actual Ley tampoco es una despenalización absoluta por lo que se continúa protegiendo al nasciturus y, por tanto, tiene cabida dentro de la Constitución de 1978. Y a partir de ahí todos a aceptarla y, llegado el caso, a defenderla como hoy hace el Partido Popular con la de 1985.
Por todo ello el votante católico socialista y el político católico socialista, que son una realidad, no entiende por qué en un caso Sí y en otro No. Y por eso encontrarán todas las justificaciones necesarias.

Pro-vidas y abolicionistas: es igual pero no es lo mismo

Reproducimos a continuación por su interés el siguiente artículo de Francisco Torres García:

Francisco Torres es Portavoz de Alternativa Española

No creo escandalizar a nadie si afirmo que la cuestión del aborto, y por ende la Defensa de la Vida, por más que esté presente en el debate público desde hace algunos años, por más que haya adquirido un cierto peso específico en el mismo, en realidad, a la hora de la verdad no entraña coste político alguno para los dos grandes partidos, para el PP y para el PSOE.
La oposición, desde un plano estrictamente teórico, al aborto en España es común a una parte importante de la sociedad española. Ahora bien, no es menos cierto que esa oposición y la lucha por la Vida, que en abstracto comparten tantos, en la que un número importante de españoles milita, no influye para nada a la hora de participar o militar en política. Sólo en una minoría ínfima, inapreciable, de electores el posicionamiento de los partidos ante el aborto es decisorio a la hora de escoger, pese a que estamos hablando del primero de los derechos fundamentales, el derecho a nacer.
Son numerosísimos los españoles que, desde posicionamientos teóricos, se oponen al aborto, que llegado el momento se movilizan y salen a la calle, pero esos mismos españoles prescinden, llegado el momento de votar, de esa cuestión. Y entre ellos es necesario incluir, porque no hacerlo sería un ejercicio de hipocresía, a las centenas de miles de religiosos o miembros de comunidades cristianas, de católicos practicantes, para los que teóricamente la Defensa de la Vida constituye, tal y como señala Benedicto XVI, un principio innegociable. La justificación de tal comportamiento reside en la tesis de que no estamos ante una lucha política, ante una cuestión política; que, en todo caso, estamos ante un problema social contra el que debe lucharse desde la sociedad civil. Ese ha sido el marco de actuación de las diversas asociaciones provida desde la legalización del aborto en España en 1985.
Esta despolitización del tema del aborto, entendida como no contemplado o incluso en el debate político, es la que ha contribuido, durante décadas, a su marginación por parte de los partidos. Que esto es así lo revelan las manifestaciones de María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular, coincidiendo en ello con la ministra socialista Trinidad Jiménez, afirmando hace unas semanas que lo que estaba en debate era la reforma de la ley propuesta por el PSOE pero que el debate ya no era “aborto sí o aborto no”. En este sentido el discurso de populares y socialistas es coincidente: el aborto cabe dentro de la Constitución, con lo que es perfectamente admisible, porque no se ha producido una despenalización absoluta del mismo, por lo que se protege también al nasciturus. De ahí que, sin el menor rubor, ambos partidos puedan afirmar que defienden la Vida, y ambos partidos puedan ser apoyados y votados por los católicos. De ahí que, por ejemplo, cuando la Iglesia Católica recomienda que no se vote a quienes no defiendan la Vida nadie, ni candidatos ni electores, se da realmente por aludido. Los votantes populares comparten con los dirigentes del PP la idea de que con la actual ley del aborto se defiende la Vida y los votantes socialistas piensan absolutamente lo mismo.
Hoy tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son partidos partidarios del aborto. Ni más ni menos. El PP defiende la actual ley, la que ha conseguido que cada año sean abortados más de cien mil niños, y nunca se planteó su derogación. Nunca la derogación de la ley del aborto se incluyó en el programa del Partido Popular. Ni con Fraga, ni con Hernández Mancha, ni con Aznar, ni con Rajoy. Y nunca se sintió incomodado por movimientos pro-vida entre cuyos miembros destacados figuraban hombres y mujeres del PP.
El PSOE hoy propone sustituir la ley vigente por una de las denominadas de plazos. Constitucionalmente, salvo que la nueva ley reconociera explícitamente el aborto como un derecho, también la nueva propuesta socialista entraría dentro de la doctrina del constitucional, al no producirse una despenalización completa del aborto y por tanto, de algún modo, continuaría existiendo una protección del nasciturus; lo que además entraría dentro del concepto moderno de “viabilidad de la vida”, porque científicamente no es ya posible obviar que existe vida desde el momento de la concepción, que se propone desde la ONU para conciliar la Declaración de Derechos del hombre con la existencia de las leyes abortistas.
La reciente manifestación madrileña ha mostrado en todos su dramatismo las complejidades del denominado “movimiento provida” en España. En el mismo es posible distinguir entre los “abolicionistas” y los “posibilistas”. Durante treinta años, desde la aprobación de la anterior ley, controlado y reconducido por la doctrina del “consenso social sobre la actual ley del aborto” grata al Partido Popular y a muchos sectores católicos, el movimiento contra el aborto ha sido posibilista e invisible socialmente. Es el incremento escandaloso de las cifras, especialmente a partir de los gobiernos del señor Aznar, quien no hizo absolutamente nada a favor de la vida, y de los datos que año tras año han demostrado que en las Comunidades gobernadas con mayoría absoluta por el Partido Popular (Madrid, Valencia…) se aborta con igual o mayor celo que en las socialistas, el que provoca la aparición de un poderoso movimiento abolicionista. Para estos sectores del movimiento pro-vida, como de verdad “cada vida importa”, el problema no es si la ley es socialista o popular, el problema es la existencia misma de leyes abortistas y de políticas a favor de la cultura de la muerte (distribución de Píldoras abortivas). Este movimiento abolicionista, reducido y silenciado, ha impulsado y empujado al movimiento provida a una actuación mucho más visible obligándole, a pesar de los intentos de algunos sectores del mismo próximos al Partido Popular, a ir pronunciándose, en lógica coherencia, a favor de las tesis abolicionistas.
El problema, que se trasluce en alguna de las informaciones recogidas aparecidas a raíz de la manifestación del 17 de octubre, que ha sido distante de la convocada antes del verano con aparente idéntico fin, es que si los abolicionistas se imponen, si lo que se plantea de verdad, en lógica coherencia con los lemas de la última convocatoria, “cada vida importa”, es la erradicación de las leyes abortistas en España, podrían producirse variaciones sensibles en el mapa político español. Que los manifestantes salieron a la calle para oponerse no sólo a la reforma socialista sino a toda la legislación abortista es un hecho demostrable. Los hechos son tozudos: ¿No vimos todos a unos niños de la organización que portaban unos carteles con el año y el número de abortos producido en ese año? ¿Esa manifestación plástica era contra la ley socialista o contra toda ley del aborto? ¿No fueron inequívocas las palabras de Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, al decir que “no pararemos hasta que no haya ni un solo aborto más en España”? ¿No advirtió a los políticos que “nos gobiernan y a los que están en la oposición”?
Lo que los medios afines al PP, sólo basta con repasar el sentido de la cobertura informativa que dieron tanto la prensa escrita como la televisiva, querían era una manifestación “contra la nueva Ley del Aborto”, una manifestación contra el PSOE. Como, pese a lo ambiguo de los mensajes de la convocatoria, no parecía seguro que ese fuera el sentido final, ellos pondrían la lectura política. Ahí están como prueba los titulares del día siguiente o el largo desfilar de dirigentes del PP haciendo declaraciones en las que se manifestaban contra la ley socialista e interpretaban la manifestación y la lucha por la vida en ese sentido.
Paradigmática fue, por ejemplo, la entrevista sostenida en el estudio televisivo de IntereconomíaTV en la Puerta de Alcalá, con el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, señor Güemes. Naturalmente el presentador se abstuvo de recordarle cuál es la política de su Consejería en materia de defensa de la Vida; de preguntarle sobre los conciertos que la Comunidad de Madrid tiene con las clínicas abortistas; de permitirle que explicara cuál es la política que sigue la Comunidad de Madrid con respecto al reparto de Píldoras abortivas, con horario incluido, en los Centros de Salud o dispensarios madrileños. Eso sí le pidió que explicara cómo el Partido Popular se opone al aborto. Y Güemes se explicó: en 1985, AP, presentó el recurso de inconstitucionalidad a la actual ley y gracias a ello, gracias al PP, la doctrina del constitucional reconoce el derecho del nasciturus. Naturalmente el periodista-editorialista de la manifestación no le recordó que gracias a esa protección conseguida por el PP sólo han sido asesinados en España algo más de un millón de niños y una porción significativa de los asesinatos se ha realizado en la Comunidad de Madrid o que el señor Güemes es el Consejero de Sanidad con mayor número de abortos absolutos en su demarcación. Y estaba allí, luchando por la vida.
Los medios próximos al PP, en especial los televisivos en su retransmisión en directo, se encargaron de subrayar la presencia de destacados miembros del PP, desde Cospedal a Esperanza Aguirre pasando por Aznar o Mayor Oreja. E incluso anunciaron la apocalíptica revuelta interna que se desatará en el PSOE, donde también existen defensores de la Vida (al menos existen en el mismo sentido que en el PP, dejar la ley como está), si Zapatero y Bibiana se mantienen en sus trece. Se hicieron eco de los miembros del PP desplazados desde toda España que, junto con una treintena de diputados del partido, iban a protestar por la ley socialista y, en definitiva, a fundir su imagen con la de la manifestación en previsión de hipotéticas y futuras fugas de votos. Se han aprendido bien la lección y todos, cuando les preguntan, dicen que el aborto es un fracaso y que lo que se tiene que hacer es poner en marcha políticas de ayuda a las mujeres embarazadas. Y todos se manifiestan rotundamente contra la tesis de que el aborto es un derecho de la mujer. Lo que en realidad no pasa de ser una oposición terminológica, porque, sea reconocido o no tal derecho, el aborto seguirá existiendo en España. Cierto es que el PP no lo reconoce como tal, pero sí es partidario de que existan leyes abortistas como la actual. Con ello cubren el expediente pero, en ningún caso, son partidarios de la derogación de la legislación abortista.
Es evidente que políticamente preocupa el devenir del movimiento antiabortista que amenaza con desbordar el posibilismo de los pro-vida. El diario EL MUNDO, advertía que los concentrados no sólo protestaban por la nueva Ley del Aborto. Lo que según David Gistau “desnaturalizó en parte el espíritu de la protesta” (sería de la protesta que esperaban que fuese tanto los medios afines al PP como Génova 13). Y es que al diario EL MUNDO le parece “razonable” una protesta contra las medidas gubernamentales que “no figuraban en el programa votado y que se antojan ligeras e insensatas”, argumento repetido por otros medios próximos al PP, pero no “regresar a la revisión general de una ley del aborto, que ya nos habíamos dado y digerido -también el PP- y que formó parte de la epifanía española de la Transición”.
No me cabe duda de que, al menos mediáticamente, el PP ha conseguido su objetivo, ser el usufructuario político de la corriente de opinión contraria al aborto; que para millones de españoles el PP continua siendo un partido antiabortista que se opone al abortista partido socialista. De hecho, Mariano Rajoy no ha dudado a la hora de sumarse a la manipulación de la manifestación del 17 de octubre afirmando que los que salieron a la calle compartían sus puntos de vista y demuestran lo acertado de su planteamiento. Pero no es menos cierto que esa imagen monolítica de defensor de la vida del PP, a la que sirve con empeño algún sector provida -y está en su derecho-, empieza a tener fisuras entre aquellos que son capaces de pensar.

Guión para Wes Craven

Reproducimos el siguiente artículo, relativo al escándalo del colegio de médicos de Barcelona, de Francisco Torres, aparecido en la opágina de Alternativa Española de Murcia
Yo recomendaría a Wes Craven, especialista en películas de terror con amplia profusión de sangre y restos humanos, con individuos despedazados al más mínimo despiste, que, si se queda sin temas para sus próximos trabajos, lea con detenimiento el sumario del doctor Carlos Morín e investigue sus peripecias por la Ciudad Condal y la capital de España.

Lo que han indicado los testigos, lo que se ha filtrado a la prensa, lo que se conoce de la investigación, da para más de una sangrienta escena. Escena que alcanzaría su climax en esa trituradora disfrazada de fregador en la que los restos de los niños asesinados en el vientre materno o quizás fuera del mismo eran convertidos en una pasta espesa, en una masa informe, viscosa y maloliente, para después recorrer las cañerías hasta los desagües.

Wes Craven disfrutaría convirtiendo a Morín en un auténtico “doctor Muerte” situándolo en un escenario de clínica sanitaria mugrienta, sin garantías, donde lo único importante era el negocio y la pasta. Lo que disfrutaría Wes Craven con esos anuncios por la red ofreciendo a una confiada cliente la posibilidad de abortar en Barcelona. Y las firmas de los documentos psiquiátricos en blanco y el archivo secreto… Podría crear su habitual galería de confiados personajes que perecen de forma pausada a lo largo del metraje de la cinta.

Casi estoy viendo el periplo del doctor por los juzgados y alguna noche en el calabozo, la policía cerrándole el siniestro negocio. Un flash back hacia el pasado recordando aquellos días en prisión y la vuelta a comenzar con el lucrativo negocio.

Lo más complicado para Wes Craven sería encontrar a la heroína, la que lucha por descubrir la verdad que, a veces, muere en el último momento o simplemente queda expectante para la segunda parte. Y es que el caso del doctor Morín podría darle para una serie de películas sangrientas.

La primera acabaría con su puesta en libertad y exoneración merced a la decisión del gobierno. Ahí si que el inagotable director podría contratar a la mismísima Bibiana Aído, para que repitiera eso de que “nadie irá a la cárcel por practicar o someterse a abortos”. Y, como estrambote final, el primer plano de la sonrisa del doctor. Una sonrisa provocada por la decisión del Colegio de Médicos de Barcelona de rehabilitarle tras subsanar, como ha hecho el doctor Morín real y el Colegio de Médicos, la irregularidad administrativa que suponía no haber pagado las pertinentes cuotas.

Sólo quedaría decir, por si alguien pensara que lo escrito es producto de mi fantasía, que los hechos relatados, que brindo como inspiración para Craven, se corresponden con la realidad. Y la realidad es que el Colegio de Médicos de Barcelona entiende que Morín ha actuado siempre con una ética profesional incuestionable o eso es lo que el común de los mortales entiende tras su “justificada” decisión.

Francisco Torres García.